El honesto cartero acusado de ladrón por el Gobierno que fue víctima de uno de los mayores errores judiciales de la historia

Tres meses después del estreno de Mr Bates vs The Post Office, ITV estimaba que la serie había provocado unas pérdidas de un millón de libras, pese a que entre enero y abril de este año había sido vista por casi catorce millones de espectadores. Los responsables de la cadena achacaban el batacazo a que el argumento no era atractivo para el público internacional.

Sin embargo, ¿cómo no podría resultar magnética la lucha de un honesto trabajador contra la gigantesca empresa de correos británica tras ser acusado de robar dinero, despedido y arruinado, con la complicidad del Gobierno y la impericia del sistema judicial? Empeñado en defender su inocencia, Alan Bates no solo investigó por qué no le cuadraban las cuentas de su oficina, sino que también descubrió que había cientos de afectados como él.

Consciente de que era un David que se enfrentaba a Goliat, el heroico trabajador logró reunir a 555 víctimas para plantarle cara de forma colectiva a Post Office, que en vez de reconocer el perjuicio causado a tantas familias decidió enrocarse, llevarlas a los tribunales y negar la mayor: ningún franquiciado había cometido delitos de robo, fraude o falsedad contable, pese a que uno fue encarcelado y otros se declararon culpables solo para evitar ir a prisión.

En realidad, los errores en las cuentas de las oficinas de correos habían sido provocados por Horizon, un sistema de contabilidad informático desarrollado por Fujitsu que fallaba más que una escopeta de feria. Basada en hechos reales, aunque se permite algunas licencias, la serie refleja cómo la subcontrata falseaba los datos contables de sus usuarios para ajustar los errores del software, aunque la marranada provocase que los franquiciados tuviesen que poner dinero de su bolsillo para cubrir el descubierto.

Un déficit que era irreal, producto de un programa informático chapucero, pero que causó un daño muy grave a miles de ciudadanos inocentes, forzados a cerrar sus negocios y abocados a la quiebra para devolver un dinero que nunca habían hurtado, ya que muchos perdieron sus ahorros, algunos sus casas, otros su salud y en cuatro casos la vida: el suicidio como solución drástica para no dejar empeñados a los suyos y evitar las miradas acusadoras de los vecinos, quienes pensaban que el cartero de confianza había sisado pasta y, aún peor, rapiñado parte de la pensión de los jubilados del pueblo.

Emitida en España por Movistar Plus+, la miniserie, de cuatro episodios de una hora de duración, está protagonizada por un magnífico Toby Jones, aunque el plantel de secundarios está a su altura: estupendas Monica Dolan y Julie Hesmondhalgh, como también Alex Jennings, Ian Hart, Shaun Dooley, Lesley Nicol o Lia Williams, en la piel de parlamentarios, afectados, auditores, sindicalistas o la propia consejera delegada de Post Office, Paula Vennells, quien prefirió destruir la reputación de las víctimas y hundirlas en la miseria antes que reconocer la culpa y la responsabilidad de su empresa.

Mr. Bates contra Correos, contrariamente a lo que argumentaba el responsable de ITV para justificar el agujero económico de la producción, resulta muy atractiva más allá del Reino Unido por la batalla asimétrica que emprende un ciudadano testarudo contra una gran corporación, pero también por el poder despótico y desalmado que ejerce el Gobierno sobre quien debería proteger, así como por la injusticia manifiesta no solo del Estado, sino de la propia Justicia, que se pone una venda en los ojos y le da la razón a un Goliat vengativo.

Un abuso tan clamoroso que el premier Rishi Sunak llegó a calificarlo como "uno de los mayores errores judiciales de la historia de nuestra nación", aunque el caso también alienta la reflexión respecto a la influencia de las multinacionales sobre las administraciones públicas y permite trasladar esa tropelía a nuestros lares, donde también hemos padecido las decisiones arbitrarias de gobiernos nacionales, autonómicos y locales, subyugados por las grandes empresas y dirigidos por líderes políticos con intereses espurios o, al menos, turbios.

Alan Bates, a quien le cerraron la oficina de correos en 2003, logró que un tribunal le diese la razón dieciséis años después. Junto a él, se beneficiaron los 555 afectados —de un total de 3.500— que integraban la Alianza por la Justicia para los Subjefes de oficinas de correos (JFSA), aunque solo se llevaron las migajas de los casi 58 millones de libras que tuvo que pagar Post Office en concepto de indemnización. Después de tantos años de lucha, el bufete de abogados que se había ofrecido a representarlos gratuitamente se llevaba casi todo el pastel, una minuta millonaria que dejó un regusto amargo en los afectados, quienes pese a haber ganado volvían a ser víctimas por partida doble, en este caso de un gran despacho.

Paradójicamente, los espectadores que en su día ignoraron el caso, destapado gracias a Alan Bates y a la prensa, se muestran ahora espantados ante las perrerías de Post Office y, por extensión, del Gobierno, pues se trata de una empresa pública cuya consejera delegada llegó a ser nombrada por la reina Comendadora de la Orden del Imperio Británico pese —o gracias— a su opaca gestión.

Más de veinte años después, este David cartero todavía sigue peleando con su honda, pues considera que el daño todavía no ha sido reparado. Y a Paula Vennells, quien dejó el cargo en 2019, le acaban de quitar el pomposo título. Aunque es historia, no conviene destripar las entrañas de una entretenida serie que ha soliviantado hasta a los espectadores más sosegados y flemáticos... con dos décadas de retraso.