Lo que se juega la SGAE con sus nuevos estatutos

El próximo 24 de junio la asamblea de socios de la SGAE tendrá que decidir si ratifica los remiendos que ha ido introduciendo su junta directiva con el fin de poder contar con el beneplácito del Ministerio de Cultura y Deporte. La cartera de Guirao se erige como una pesada espada de Damocles sobre la entidad después de su petición el pasado 18 de febrero a la Audiencia Nacional de autorización para intervenir temporalmente durante seis meses la sociedad General de Autores y Editores (SGAE), entre la que incluye el nombramiento de un gestor interino para la entidad.

Aquella maniobra gubernamental aceleró la caída de Hevia. Tras poco más de tres meses al frente de la sociedad, el gobierno de la entidad ponía fin a su periplo alegando desconfianza en su capacidad para revertir la situación. Pesaban sobre el gaitero –más allá de la amenaza de intervención– las dudas sobre sus ingresos: buena parte de su recaudación procedía en los últimos años precisamente de la música emitida de madrugada en televisión, que se encuentra bajo sospecha ética y, en algunos casos, legal. La mayoría de sus directivos, reunidos en sesión extraordinaria, aprobaban el pasado 27 de febrero –con 22 votos a favor, 12 en contra y uno en blanco– la moción de censura contra el gaitero. Una reunión en la que fue elegida su sucesora al frente de la SGAE, la soprano Pilar Jurado.

¿Qué frentes tiene abiertos la actual directiva de la SGAE?

Su asamblea deberá ratificar o no el próximo día 24 las reformas aprobadas por su junta directiva. De lo contrario la intervención por parte del Ministerio de Cultura parece asegurada.

¿Por qué el Ministerio pide la intervención?

Si bien la SGAE es privada, lo cierto es que dispone de una licencia del Ministerio, que ejerce sobre la sociedad una función de control y tutela. Las exigencias por parte de Cultura son claras: la modificación de sus estatutos para adecuarlos a la ley vigente, un cambio de criterios a la hora de repartir los derechos y que los socios puedan utilizar el voto electrónico en las elecciones internas.

¿Qué requisitos han de contemplar los nuevos estatutos?

Un real decreto, aprobado en abril de 2018 por el Gobierno de Rajoy, instaba a las entidades de gestión de derechos como la SGAE a incorporar un órgano de control interno, integrado por personas ajenas a la entidad, responsables de vigilar la ejecución de su presupuesto y el reparto de la recaudación a los socios. Mediante este reglamento el Gobierno transponía al ordenamiento jurídico español dos directivas europeas con las que se refuerza el control a entidades de gestión como la SGAE, obligándole a la aprobación, en un plazo de tres meses, de unos nuevos estatutos. Pero esto no se ha producido todavía.

¿En qué consiste la modificación del reparto de derechos?

El Ministerio exige que los criterios de reparto se adapten a los últimos cambios de la Ley de Propiedad Intelectual que establecen un tope del 20% de lo recaudado por cada autor para la franja nocturna televisiva. Es precisamente con medidas como esta con las que se pretende que no se repitan conductas como la ocurrida con La Rueda, una supuesta trama por la que varios exdirectivos de la entidad han acabado en los tribunales.

¿Por qué no hay voto electrónico?

Otro de los requerimientos de Cultura insta a la entidad a que habilite el voto electrónico a los socios, ya que de lo contrario "incumpliría gravemente" la ley. La Junta no lo hizo argumentando que se trataba de una precaución contra el fraude, lo que motivó que varias de las candidaturas a los comicios se retiraran, por ejemplo, las de Noni (Lori Meyers), Jota (Los Planetas) o Kiko Veneno.

¿Ha tomado medidas la SGAE?

La junta directiva de la nueva presidenta Pilar Jurado informaba el pasado 9 de mayo de que no sólo había aprobado el texto de unos nuevos estatutos tal y como le requería el Ministerio de Cultura bajo la amenaza de una intervención, sino que también había ratificado el acuerdo para implementar el voto electrónico en todos y cada uno de sus procesos electorales. En cuanto al reparto, el equipo de Jurado establecía que los correspondientes a los dos últimos semestres –diciembre de 2018 y junio de 2019– ya debían incluir el límite estipulado por el que la música emitida en televisión en horario nocturno no puede superar el 20% del total de recaudación. Todas estas decisiones, sin embargo, no pasan de ser meras promesas ya que han de ser ratificadas por la asamblea de socios prevista para el 24 de junio.

¿Han sido suficientes estas medidas de la nueva dirección?

No. La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac) decidía el pasado 30 de mayo que la entidad de gestión debía ser expulsada de la estructura de la organización mundial por un año. En un comunicado difundido por la organización internacional –formado por 239 sociedades de autor de 122 países– explicaba que la sanción trata de dar respuesta a una serie de malas prácticas tales como “el trato discriminatorio de los titulares de derechos y las prácticas desleales relacionadas con el reparto de derechos”. El Ministerio de Cultura, por su parte, se ha limitado a instar de manera insistente a la sociedad a que subsane o corrija “los incumplimientos graves detectados”. A finales de mayo, la cartera de José Guirao mandó un requerimiento a la SGAE, en forma de ultimátum, para que informe con detalle del conjunto de medidas que ha acometido si no quiere ser intervenida por un juez.

¿Qué expectativas hay?

Todo pasa por lo que se apruebe en la asamblea general de la SGAE, que se celebrará el próximo 24 de junio. La actual presidenta se ha limitado a pasar la patata caliente a los socios, a los que pide que voten a favor de los cambios que ha introducido y así reconducir la situación dramática que atraviesa la SGAE. Según ha comunicado la sociedad, un total de seis preasambleas que se han celebrado hasta la fecha han votado mayoritariamente a favor de la reforma de los estatutos de la entidad. Además, la sociedad señala que esta reforma, sometida al refrendo de los socios, cuenta con el respaldo unánime de los cuatro colegios que integran la Junta Directiva de la entidad: Pequeño Derecho, Gran Derecho, Audiovisual y Editores.