Todo vuelve a empezar en la SGAE. Como si viviese instalada en un eterno retorno, la Sociedad General de Autores y Editores regresa a febrero de 2019, fecha en la que el gaitero José Ángel Hevia era destituido en una moción de censura firmada por 18 miembros, la mayoría simple de un total de 35. Poco más de un año después, se repite la misma historia. Ahora con la soprano Pilar Jurado como protagonista, que fue elegida nueva presidenta de la entidad tras la marcha de Hevia por 17 votos a favor y 12 en contra.

Nuevo episodio por tanto de esa jaula de grillos que es la SGAE, esta vez protagonizado, como decíamos, por la soprano Pilar Jurado y los continuos desmanes de una gestión errática que llegaba a su fin este miércoles, tras la celebración de una junta directiva extraordinaria telemática convocada por el secretario general de la entidad, Eduardo Ezpondaburu. La orden del día no era otra que abordar la moción de censura que dos días antes, el pasado lunes 13, habían presentado 22 de los 35 miembros que conforma la directiva de la entidad.

¿Por qué se presenta la moción de censura?

La gota que ha colmado el vaso de la Junta ha sido el reciente nombramiento de Clifton Williams López como subdirector general de la SGAE y de Enrique Soria García-Ramos como director económico financiero de la entidad. Un cambio significativo en el organigrama de la casa aprobado por el Consejo de Dirección de la SGAE el pasado 2 de abril. Una decisión polémica tomada en pleno parón cultural como consecuencia de la crisis sanitaria y a espaldas del Ministerio de Cultura.

¿Qué tiene que decir el Ministerio de Cultura?

Desde el pasado 15 de julio de 2018 los estatutos de la SGAE no se ajustan a la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), por lo que el 27 de septiembre de ese año el Ministerio de Cultura, comandado por el anterior ministro José Guirao, apercibió a la entidad por sus "incumplimientos legales" y, al no corregirlos, pidió la intervención judicial temporal a través de la Abogacía del Estado el pasado febrero, posición que mantiene el nuevo responsable del sector José Manuel Rodríguez Uribes.

Por tanto, la SGAE debía reportar sus decisiones de carácter jerárquico al ministerio, algo que no hizo y así se lo hizo saber la directora de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, Adriana Moscoso. A través de una misiva dirigida a la entidad, recordaba que esta no podía "ni modificar el organigrama de la entidad, ni contratar nuevo personal directivo en tanto no reciba indicación distinta de este Ministerio". A dicha modificación unilateral del organigrama, habría que añadir el dudoso reparto de derechos que se ha llevado a cabo.

¿De qué irregularidades en el reparto hablamos?

El Consejo de Dirección de la entidad dio el visto bueno a principios de abril –una vez más ignorando los requerimientos del Ministerio de Cultura– al reparto de unos anticipos en materia de derechos de autor cuyos beneficiarios, según ha podido saber ABC, serían los propios consejeros de la entidad. Todas estas irregularidades han hecho saltar las alarmas en el seno de la CISAC, organismo que ya expulsó a la SGAE el pasado 30 de mayo de sus filas y que en cuestión de semanas debe decidir si la readmite o prorroga su expulsión. 

La CISAC, a través de una carta enviada a la SGAE el pasado 9 de abril, criticaba duramente la azarosa elección de nuevos miembros del Consejo de Administración y del Consejo de Supervisión, así como la opacidad en los repartos de beneficios. La misiva concluía de forma tajante: «La única solución viable a esta situación actual es llevar a cabo elecciones de la Junta lo antes posible, a fin de establecer una representación justa y equilibrada de las diversas categorías de titulares de derechos, de conformidad con la legislación española, y restablecer la confianza de la comunidad internacional».

¿Y ahora qué?

Se abre un mes para elegir al nuevo mandatario de la entidad. Una vez terminado este plazo, la Junta Directiva deberá reunirse de nuevo y votara su máximo representante. Durante esta transición, el presidente en funciones será Fermín Cabal, dado que es el miembro más veterano de la Junta Directiva.

¿Qué legado deja Pilar Jurado?

Difícil hablar de legado. Quizá entre sus logros podríamos referir la reforma estatutaria (que luego ha incumplido) y la aprobación de unas cuentas. Sin embargo, el coste de estas medidas ha salido a deber, no sólo por el infausto desenlace que le ha costado el cargo, sino porque durante su mandato cientos de autores han ido abandonando la entidad. Algunos de cierto renombre como Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bayona, Mateo Gil, Julio Iglesias o José Luis Perales.