Público
Público
Únete a nosotros

Bruselas hace un favor a Rajoy y aplaza hasta después del 26-J la multa a España por la desviación del déficit 

A la espera de la sanción, la Comisión Europea exige un ajuste de unos 7.500 millones de euros en dos años

Publicidad
Media: 2.67
Votos: 6

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, y el vicepresidente para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, durante una rueda de prensa celebrada en Bruselas. EFE/OLIVIER HOSLET

BRUSELAS/MADRID.- La Comisión Europea ha aplazado hasta principios de julio la decisión que debe tomar para certificar la "falta de acción efectiva" de España para cumplir con el objetivo de déficit de 2015. De ese modo, Bruselas le hace un favor político a Mariano Rajoy, que evita presentarse a las elecciones del 26-J con una muy probable multa de 2.000 millones (el 0,2% del PIB) por incumplir una vez más los objetivos de déficit pactados con el Ejecutivo comunitario. 

El ejecutivo de la Unión Europa se había reunido este miércoles para estudiar la imposición de eventuales sanciones a Madrid y a Lisboa por su incumplimiento reiterado de los límites de déficit del 3% del PIB. De haberse producido, habría sido la primera vez que se impusiera una multa a un estado miembro en este asunto, aunque la sanción probablemente solo hubiera sido simbólica.

"En línea con su deber de supervisar la implementación del procedimiento por déficit excesivo bajo el artículo 126 del Tratado, la Comisión volverá a la situación de estos dos Estados miembros a principios de julio", reza el comunicado, esto es, el proceso que desencadenaría en una sanción se iniciaría después de las elecciones generales, que tendrán lugar el próximo 26 de junio.

El comisario Moscovici asegura que "no es el momento económico ni político para decidir multar a España"

Al explicar la decisión del Ejecutivo comunitario, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha afirmado que "no es el momento correcto ni económico ni político para tomar esta medida".  "Es cierto que va a haber elecciones en España el 26 de junio y que no tenemos un gobierno ante nosotros que pueda tomar las medidas que sean necesarias", ha señalado.

Preguntado por las previsibles críticas que puede recibir ahora la Comisión Europea por no haber hecho una interpretación más estricta de las reglas europeas de disciplina fiscal establecidas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Moscovici ha asegurado que estas "no son decisiones fáciles de tomar". "La orientación (de la Comisión) puede ser criticable (...) pero lo cierto es que hemos tenido en cuenta el momento del ciclo económico en el que estamos, que es un momento en el que se trata de dar señales y a la vez (asegurar) el respecto por las reglas, así como apoyar el crecimiento con una política presupuestaria que ha pasado a ser ligeramente expansionista", ha dicho.

No obstante, el comisario dijo querer "reafirmar la voluntad rigurosa de la Comisión Europea de hacer respetar las reglas" y recordó que en julio se analizará la situación de España y Portugal, teniendo en cuenta "la situación pasada y los compromisos tomados a futuro".

La Comisión da sólo un año más, hasta 2017, para bajar del déficit del 3%, "lo que significa que deben hacerse fuertes esfuerzos"

España cerró 2015 con un déficit de las administraciones públicas del 5% del PIB, ocho décimas por encima del compromiso con Bruselas, que era del 4,2%. La nueva senda de reducción del déficit presentada por el Gobierno en funciones en la actualización del Programa de Estabilidad contempla cerrar este año con un desfase en las cuentas públicas del 3,6%, y acabar 2017 con unos números rojos 2,9%. 

El Ejecutivo comunitario ha propuesto otorgar a España un año más, hasta 2017 (frente a los dos que planteaba el Gobierno), para cumplir con la meta de reducir el desfase presupuestario por debajo del 3%. Así, deberá reducir el déficit en las cuentas públicas hasta el 2,5% al cierre del año que viene. "Proponemos un año extra, y sólo uno. Lo que significa que deben hacerse fuertes esfuerzos", ha indicado Moscovici.

Así, Bruselas exige a España un ajuste de unos 7.500 millones de euros, al exigirle una mejora en el balance estructural del 0,25% del PIB en 2016 y del 0,5% en 2017, según su recomendación aprobada este miércoles. La Comisión recomienda que España tome metidas en 2016 y 2017 para asegurar una corrección duradera del déficit excesivo en 2017, reduciendo el déficit general al 3,7% del PIB en 2016 y al 2,5% en 2017, más allá de la senda de reducción propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Guindos se muestra convencido de que no habrá multa

Por su parte, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha considerado "equilibrada" la decisión de la Comisión Europea de aplazar a principios de julio una eventual sanción por el incumplimiento del déficit y se ha mostrado convencido de que no habrá ninguna multa para España.

En declaraciones a la prensa en Barcelona, donde ha participado en un almuerzo organizado por el PP Catalán, De Guindos ha asegurado que el tema de la multa "no es relevante en estos momentos" y que lo importante es que España está reduciendo su déficit público, tal y como prevé el programa de estabilidad presentado a Bruselas.

"Cerca del 30 % del crecimiento de la zona euro lo aporta España", ha subrayado De Guindos, que cree que la Comisión ha tenido en cuenta esta circunstancia a la hora de tomar una decisión sobre la posible multa por incumplir el déficit, como también ha valorado el hecho de que el Gobierno español está actualmente en funciones y no puede tomar medidas de calado. 

También Italia, Bélgica y Finlandia

La Comisión también dijo que Italia, Bélgica y Finlandia cumplían las normas presupuestarias de la UE sobre los niveles de deuda pública, pero que revisaría su evaluación de Italia en noviembre, apuntando a una vigilancia más estrecha en el caso de Roma.

Italia dijo el martes que la Comisión Europea le había con concedido la máxima flexibilidad conforme a las normas presupuestarias europeas, lo que le permite descontar el equivalente al 0,85 por ciento del PIB para el gasto relacionado con la crisis de los refugiados, la reforma del mercado laboral y la inversión.