La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado que el Gobierno está trabajando para reforzar los juzgados especializados en cláusulas suelo y ha anunciado una reforma normativa para imponer intereses sancionadores a los bancos que acudan al procedimiento judicial para dilatar los pagos a clientes.

Las "medidas de carácter preventivo" pretenden introducir mecanismos que fomenten la resolución a través de la vía extrajudicial e imponer intereses sancionadores para "impedir que los bancos acudan al procedimiento judicial para dilatar los pagos".

Así se ha manifestado la ministra durante la sesión al control al Gobierno ante la pregunta formulada por la diputada de Esquerra Republicana (ERC) Carolina Telechea sobre las acciones que el Ejecutivo tiene previstas ante tal situación de los juzgados uniprovinciales creados para hacer frente a la avalancha de procedimientos relacionados con las demandas de cláusulas suelo.

Delgado ha culpado este miércoles en el Congreso de los Diputados al anterior Gobierno, el de Mariano Rajoy, del colapso que sufren los juzgados especializados en cláusulas suelo. "Hablamos de un problema que afecta a miles de familias", ha explicado la ministra. Sobre el refuerzo, ha indicado que como "medida paliativa" se han nombrado 150 jueces más para que se encarguen de estudiar estos asuntos y a 120 Letrados de la Administración de Justicia.

Más de 250.000 procedimientos civiles

"Es evidente que una avalancha de más de 250.000 procedimientos civiles ordinarios tiene un impacto en el tiempo de respuesta de los tribunales y se ha creado un cuello botella", ha dicho la ministra. Según ha indicado, la decisión de especialización de juzgado "no fue debidamente evaluada porque se dio café para todo el mundo sin tener en cuenta la diferencia que había entre distintos territorios".

Por su parte, la diputada de ERC ha puesto de ejemplo el juzgado de Barcelona encargado de tramitar los procedimientos por cláusulas suelo que está "saturado", mientras que los "bancos se van de rositas". Telechea ha sacado a colación la reciente polémica abierta tras la decisión del Tribunal Supremo de dejar en el aire quién debe asumir el impuesto de las hipotecas, si los clientes o las entidades financieras, después de que seis magistrados acordasen el jueves pasado que era una obligación de los bancos.

Según ha dicho, este hecho ocurrió tras "una llamadita porque los bancos son amiguitos y se vuelve a favorecer a la banca frente al ciudadano". "¿Dónde está la independencia judicial?", ha añadido.