Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y de Función Pública, presumió este miércoles de que los Presupuestos de 2017 son los de mayor gasto social de la historia. Ese fue su principal argumento a la hora de defender el proyecto de Presupuestos Generales del estado (PGE) para 2017 en el Congreso de los Diputados. "Cada vez que presenta unos Presupuestos son los más sociales de la historia", le respondió ya por la tarde el diputado Alberto Montero, portavoz económico de Unidos Podemos en el debate de Presupuestos. El diputado de Podemos le recordaba así al ministro que lleva cinco años utilizando como un mantra esa frase sobre el aumento del gasto social, como si así se pudieran olvidar los duros recortes que ha impulsado el PP desde 2012. 

Montoro aportó datos para sostener su argumento en el debate: según el ministro, el 64% del gasto en las cuentas de 2017 es gasto social "frente al 60% que era el del presupuesto de 2011". Aquel año el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero firmó su último presupuesto.

¿Es cierta la afirmación de Montoro? ¿Son los Presupuestos de 2017 los de mayor gasto social de la historia igual que lo fueron anteriormente los de 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012? 

La clave para poder responder a esta pregunta está en determinar qué es gasto social. Las pensiones lo son, como también lo son las prestaciones por desempleo y algunas partidas más. Pero pensiones y desempleo son las dos mayores partidas de lo que Montoro llama gasto social y lo condicionan todo.

El discurso de Montoro es tramposo: el gasto en pensiones —más de 120.000 millones de euros al año— ha crecido casi un 40% desde el inicio de la crisis pese a la reforma que el Gobierno aprobó en 2013. Este aumento llega pues a pesar del Gobierno y del propio ministro de Hacienda, obsesionado por controlar el gasto, cosa que todavía no ha logrado con las pensiones (aunque se afane en ello), pero sí con las prestaciones por desempleo, que el Ejecutivo ya recortó nada más llegar al poder. El gasto social aumenta porque aumenta el número de pensionistas y por tanto el gasto en pensiones; no por la voluntad del Gobierno como deja caer el ministro de Hacienda.

Montoro, en realidad, está obsesionado por recortar el gasto público y controlar el déficit. Tal es su querencia que en el debate de Presupuestos de este miércoles por la mañana dejó una frase para la posterioridad: "¿Qué es lo que algunos pretenden?, una borrachera de gasto público […], irse de copas presupuestarias". El mismo ministro que presume de gasto social defiende al mismo tiempo limitarlo. 

La oposición ha cargado en pleno contra esa frase de Montoro, que deja al descubierto una contradicción. Además de Alberto Montero, el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, arremetió contra el ministro de Hacienda recordando que las pensiones solo crecerán el 0,25% en 2015 frente al 2,6% que subirá el IPC.

Las pensiones, por tanto son la brocha gorda que tapa la cruda realidad del gasto social en España: sube el gasto en pensiones, sí, pero el gasto en dependencia, en políticas de protección social, en Educación y en Sanidad, por ejemplo, se reduce en relación al Producto Interior Bruto (PIB) .

Los datos son incuestionables y salen del propio Gobierno: en 2016, España se invirtió el 16,9% de su PIB en protección social. En 2020, según la previsión incluida en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, se gastará sólo el 15,9% del PIB. Lo mismo ocurre con las políticas de salud, a las que el Estado destinó en 2016 el 6,1% del PIB y en 2020 sólo el 5,6%; con la Educación, cuyo que pasará del 4% del PIB en 2016 al 3,7% en 2020. 

Montoro ignora deliberadamente estas cifras, pero al menos reconoce que "falta recorrido" en la política social. Mucho más crítico, Pedro Saura, diputado del PSOE, lo clavó ante los periodistas al denunciar que el ajuste en 2017 y hasta 2020 se sostendrá en un "tridente demoledor" impulsado por el Gobierno del PP: una política fiscal que ha subido los impuestos a las clases medias y trabajadoras y se lo ha bajado a las rentas altas y a las grandes empresas al tiempo que ha reducido también el gasto social.