Los ERTE, la herramienta habilitada en marzo del año pasado para paliar la destrucción de empleo y el achique del tejido empresarial como consecuencia de la crisis económica asociada a la pandemia, también tiene cara b: la Inspección de Trabajo ha aflorado en quince meses una enorme bolsa de fraude al detectar 5.703 infracciones cometidas por empresas.

Tras una primera fase de trabajo documental en la que los inspectores detectaron varios cientos de empresas sospechosas de haber colado en los expedientes de regulación de empleo a miles de intrusos o trabajadores ficticios contratados para recibir las prestaciones, la Inspección puso en marcha a finales de junio una campaña de investigación a la que se fueron sumando la revisión de otros ERTE en cuya documentación aparecían indicios de irregularidades y algunos que fueron denunciados por trabajadores y sindicatos.

En los quince meses siguientes, hasta mediados de septiembre, la Inspección ha activado las revisiones de 42.615 ERTE, de las que ha finalizado algo más del 80% (34.591). En ellas ha detectado un total de 5.703 infracciones que van a acarrear a las empresas que las han cometido sanciones por valor de 27.018.595 euros.

El volumen final de actuaciones supera notablemente (+42%) las previsiones iniciales, que apuntaban a la supervisión de 30.000 expedientes. Finalmente, la campaña ha alcanzado a 12.600 empresas más de la previstas en principio, con el inicio de algo más de 6.000 de esas intervenciones en el último medio año.

Una tendencia al fraude más crónica que circunstancial

La frecuencia de detección de infracciones, que alcanza a una de cada seis empresas investigadas (16,43%), es similar a la que se venía detectando en el conjunto del sistema productivo español antes de la pandemia, lo que vendría a revelar la presencia de una tendencia al engaño y el abuso de carácter más crónico que excepcional o circunstancial en el sistema productivo español.

Así, en 2019 la Inspección desarrolló un total de 534.393 órdenes de servicio en las que detectó 89.230 irregularidades que afectaban a 583.429 trabajadores, lo que arroja un porcentaje similar (16,69%) al de la campaña de los ERTE. De ahí se derivaron sanciones por valor de 309,1 millones de euros.

El nivel de detección en los expedientes extraordinarios de regulación temporal de empleo es ligeramente superior al que se detectaba antes de la pandemia en las áreas en las que se centran las infracciones sancionadas ahora, que alcanzaban un 13,9% en materia de relaciones laborales y un 16% en asuntos de Seguridad Social.

La campaña de inspección de los ERTE se centra en cinco líneas de actuación, explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo: "el control de la posible existencia de fraude en el disfrute de exenciones empresariales en la cotización", la existencia de "compatibilizaciones indebidas de prestaciones por desempleo y trabajo" y la verificación de las prohibiciones que establece la normativa a las empresas cuyas plantillas están afectadas por expedientes, lo que incluye la realización de horas extraordinarias por parte de los trabajadores la formalización de nuevos contratos y la externalización de alguna fase del proceso productivo o comercial.

Los ERTE han ahorrado 35.000 millones en costes salariales a las empresas

Los ERTE han supuesto una histórica movilización de fondos públicos que se acerca a los 27.000 millones de euros: 20.040 pagados a los 6,6 millones de trabajadores que pasaron por ellos entre abril de 2020 y septiembre de 2021, que recibieron el equivalente al 70% del salario por el tiempo que sus contratos permanecieron suspendidos o recortados, a los que se suman más de 6.500 en exenciones de las cotizaciones a la Seguridad Social en ese mismo periodo.

El ahorro en costes salariales ronda los 35.000 millones de euros para las empresas acogidas a los ERTE, ya que a esas bonificaciones en el Seguro hay que sumarles los 28.600 que salen de añadir a las prestaciones el 30% de los salarios que no han llegado a recibir los empleados en el año y medio que se lleva aplicando esa medida.

Esos 35.000 millones equivalen a entre el 5% y el 5,5% del total de la factura salarial del país en ese año y medio, según se tome como referencia los 469.148 millones de euros para un ejercicio que contabilizó la Agencia Tributaria como ingresos totales computables en la declaración del IRPF de 2019 o los 409.721 que estima la última actualización disponible de la Contabilidad Nacional.

El porcentaje sería en realidad mayor, ya que ese epígrafe incluye los ingresos de los algo más de tres millones de empleados del sector público, tanto funcionarios como laborales, que quedaron al margen de los ERTE, por los que habían pasado hasta mayo 6.615.357 trabajadores del sector privado, la mitad de los 12,81 millones que contabiliza la Encuesta de Población Activa.

Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana y Canarias concentran el 60% de las ayudas

"Este Gobierno ha protegido a los trabajadores por encima de lo que lo ha hecho la UE durante la pandemia. Un 30% de la población activa de nuestro país ha sido protegida, mientras que la media europea ha sido de un 25%", explica Miguel Ángel Heredia, senador malagueño del PSOE, que destaca cómo "gracias a los ERTE impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez se han protegido 6,6 millones de trabajadores, que han recibido 16,2 millones de euros, 15 millones de prestación y otros 1,2 millones de exenciones en las cotizaciones" que deben aportar a la Seguridad Social.

Las respuestas del Gobierno a una pregunta del senador por Málaga sobre los fondos destinados a los ERTE sitúan a Catalunya, con 4.566,7 millones de euros, 3.155,9 en prestaciones y 1.410,8 en exenciones de cuotas de la Seguridad Social, como la comunidad cuyas empresas han recibido un mayor volumen de aportaciones.

Esa comunidad acapara, junto con Madrid (2.412 y 1.072), Andalucía (2.148 y 817,6) y Canarias (1.487,3 y 587,4), algo más del 60% de las prestaciones y las exoneraciones de cuotas de todo el país. Se trata, que son junto con Baleares, siguiente en la lista aunque a mucha distancia con 798,2 y 365,4, de los territorios cuyas estructuras económicas presentan mayores cotas de dependencia del turismo.

"¿Alguien piensa que Casado habría hecho igual si hubiese gobernado este país?", plantea el senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, que considera que "con toda certeza no lo hubiese hecho, porque en otra crisis mucho menor y gobernando el PP nunca adoptó un medida así" sino que optó por "aprobar la más dañina reforma laboral en España, que dejó tirados a los trabajadores y recortó la protección por desempleo".