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No, el coronavirus no libra a nadie de declarar sus impuestos 

Hacienda abre la semana que viene los plazos para las autoliquidaciones de IVA y de Sociedades y para las retenciones de IRPF y de alquiler, este año con fórmulas extraordinarias para aplazar el pago en el caso de pymes y autónomos, y mantiene para el 1 de abril el comienzo de la campaña de la renta, con la que lleva años devolviendo a los contribuyentes en torno a 10.000 millones que antes les cobró de más.

Oficina de la Agencia Tributaria durante la campaña de declaración de la renta. Foto: EFE
Oficina de la Agencia Tributaria durante la campaña de declaración de la renta. EFE

No, los plazos para declarar los distintos impuestos de ámbito estatal no han cambiado con las medidas de emergencia por el coronavirus y la declaración del estado de alarma, por mucho que algunas informaciones apunten (o se hayan interpretado) en ese sentido: Hacienda mantiene el periodo del 1 al 20 de abril para que empresas y autónomos presenten, en su caso, las autoliquidaciones del IVA y de Sociedades del primer trimestre, junto con las retenciones a cuenta del IRPF de sus trabajadores y de los alquileres “profesionales”de enero a marzo, a los que se suma el IVA de este mes para las grandes empresas por la implantación del SII (Sistema de Información Inmediata) que monitoriza prácticamente en tiempo real sus facturaciones.

¿De cuánto dinero estamos hablando? El año pasado, según indica el Informe de Recaudación de abril, esos cuatro conceptos aportaron a las arcas públicas más de 18.000 millones de euros, el grueso de ellos en el IVA (8.957) y el IRPF (8.476) mientras Sociedades generaba 963. Sin embargo, y pese a la obligación de presentar las declaraciones, la Agencia Tributaria no va a ingresar todo ese dinero, ni mucho menos.

Las primeras medidas ante las consecuencias del parón de la actividad económica, vigentes por decreto desde el día 12, ya preveían que los autónomos y las pymes, que a efectos fiscales son las empresas que facturan menos de seis millones de euros, puedan aplazar el pago de esos impuestos tres meses sin intereses y, con un máximo del 1,875% si agotan el periodo, otros tres, lo que sitúa el límite a primeros de octubre.

La gran empresa podrá aplazar impuestos si los avala

También las grandes empresas podrán retrasar el pago de esos impuestos, aunque en este caso con el procedimiento habitual, que obliga a afianzar la deuda postergada con avales bancarios, un producto financiero por el que las entidades cobran intereses del 1,5% al 2% anual. “Los aplazamientos extraordinarios son solo para pymes y autónomos. Para el resto rige el mismo sistema de siempre”, señalaron fuentes de la Agencia Tributaria, que anotaron que, por otro lado, “estamos trabajando en algo más operativo para los pagos de abril”, aunque no ofrecieron más detalles.

Las mismas fuentes explicaron que la Agencia Tributaria también está “buscando soluciones operativas para que quien se acoja a una línea de crédito no tenga problemas con la liquidación de impuestos”.

Se referían a la inyección de dinero para empresas que pretende movilizar el Gobierno dentro del “escudo social” de 200.000 millones. “Se trata de cubrir operativamente, evitando tensiones de tesorería, el periodo que va desde que vence el plazo para pagar el impuesto hasta que llega la línea de crédito”, señalaron, lo que puede incluir aplazamientos de hecho a cuenta del futuro ingreso.

En este sentido, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó ayer que los créditos obtenidos y/o renovados con la línea de avales del “escudo social” podrán ser utilizados para cubrir “el vencimiento de obligaciones financieras o tributarias”

La campaña de la renta se mantiene el 1 de abril

La Agencia Tributaria ha habilitado en su web un apartado específico para las novedades fiscales relacionadas con el Covid-19 en el que ofrece información sobre las nuevas normas, las condiciones y los trámites para los aplazamientos y, también, sobre las ampliaciones de plazos administrativos, con las que los desembolsos por pagos fraccionados, cartas de apremio, requerimientos y diligencias de embargo programados para los días 5 y 2 de abril quedan pospuestos hasta el 20 de mayo.

La batería de medidas extraordinarias también contempla que “los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren”, lo que equivale a hacer que el periodo de emergencia no compute para la prescripción de los delitos fiscales y el resto de infracciones tributarias, que a partir de ahora pasa a ser de cuatro años más lo que dure esta situación.

No obstante, la decisión de mayor alcance en cuanto a número de afectados es la de mantener la campaña de la declaración de la renta en las mismas fechas de siempre, es decir, del 1 de abril al 30 de junio.

En la agencia recaudadora sostienen que se trata de una medida positiva para los contribuyentes, ya que supondrá una importante inyección de dinero, especialmente en las rentas familiares, para la que no deberían suponer un obstáculo en la mayoría de los casos las limitaciones a la movilidad, ya que alrededor del 90% de las declaraciones se presentan por internet. “El 70% de las declaraciones sale a devolver, y a partir de las 48 horas del inicio de la campaña comienzan a hacerse efectivos esos ingresos”, indican las mismas fuentes, que añaden que “a quien le sale a pagar, no paga hasta final de campaña y puede hacerlo de manera fraccionada”.

En las últimas cinco campañas, la Agencia Tributaria ha devuelto a los contribuyentes en torno a 10.000 millones de euros por ejercicio, en una operación que, históricamente, ha tenido una vertiente perversa: no se trata de un ingreso del fisco al contribuyente al modo de los “impuestos inversos”, sino un dinero cobrado de más durante el ejercicio anterior que el ciudadano recupera sin intereses.

“Aplazar pagos ayudaría a garantizar la supervivencia”

La decisión de mantener el calendario de las declaraciones de impuestos provocó opiniones diversas. Así, Patricia Suárez, presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, considera que “el Gobierno está tomando medidas positivas, pero es tal la urgencia y lo extraordinario de la situación que quedan lagunas”, mientras Luis del Amo, director técnico del Consejo General de Economistas, alertaba de que “en muchos casos hay una imposibilidad material de confeccionar las autoliquidaciones” por el cierre de empresas.

Del Amo, que considera acertada la moratoria del pago de los tributos para pymes y autónomos, reclama “habilitar un sistema para que los aplazamientos puedan estudiarse caso a caso” en el resto del tejido productivo, plantea que, en caso de ser aprobados, puedan llevarse a cabo sin la obligación de presentar avales bancarios y sugiere reabrir el plazo en el que las empresas pueden decidir si cubren el primer pago del Impuesto de Sociedades sobre los ingresos reales del primer trimestre o sobre los resultados del ejercicio anterior, decisión que hasta ahora tenían que tomar antes de que aquel finalizara.

El presidente del Consejo, Valentín Pich, calificó este martes de “jarro de agua fría” el anuncio de Hacienda de mantener las fechas para las declaraciones de los distintos impuestos. “Parece indicar falta de sensibilidad del ministerio con empresas y profesionales, a quienes parece querer negar herramientas de fácil implementación y bajo coste que podrían ser de gran ayuda para garantizar su supervivencia facilitándoles algo de liquidez con una sencilla ampliación de plazos”, dijo.

“Los autónomos vamos a tener problemas de liquidez”

El presidente de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), Eduardo Abad, también reclamó un aplazamiento de esas autoliquidaciones para los trabajadores por cuenta propia. “No tiene ningún sentido que hoy vayamos a tener que hacer frente a la presentación de los impuestos como si no hubiera pasado nada”, dijo, al tiempo que pronosticaba “problemas de tesorería” para el sector, ya que “muchas facturas emitidas este mes no se van a cobrar, porque los clientes están cerrados, y eso va a obligar a adelantar el dinero”.

“Vamos a tener problemas de solvencia -anotó-, y sería una estupidez endeudarse para pagar impuestos. No hablamos de no pagar sino de aplazar el pago. Pedimos facilidades para cumplir y pagar”.

Por su parte, Juan Torres López, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla, considera que “todo lo que no sea compensar la pérdida de ingresos que están sufriendo empresas y familias durante esta especie de hibernación forzada nos acerca al desastre”. “Estamos ante una posibilidad de colapso de la actividad económica, y no entiendo cómo se va retardando todo”, añade.

La solución pasa, según su criterio, por esa inyección de dinero. Sin embargo, anota, “lo que están haciendo es una completa estupidez: el Banco Central Europeo va a dar dinero a interés cero a los bancos, que son negocios, para que estos lo presten con interés y con avales del Gobierno. Es absurdo. Ese dinero debería y al Gobierno y este inyectarlo en empresas y familias”.