"La principal vía de agua se encuentra en la pérdida de poder adquisitivo de la mayor parte de los hogares por la contención de los salarios. Si no crecen y se recuperan va a afectar al consumo, que es uno de los principales componentes de la economía española", diagnostica Alberto del Pozo, de Economistas Frente a la Crisis (EFC), que añade a ese factor otro fundamental como es la incertidumbre, que afecta a familias y empresas, sobre el futuro de la actividad económica.

Se refiere a los datos de la Contabilidad Nacional que este viernes ha hecho públicos el INE (Instituto Nacional de Estadística), y que reflejan un frenazo del crecimiento y de la recuperación de la actividad al reducirse el avance a un 0,2%, dos puntos menos que en el último trimestre de 2021.

Esos registros dejan la variación interanual del PIB (Producto Interior Bruto) en el 6,3%, casi un punto por encima de la de diciembre, aunque eso no se debe tanto a la magnitud de la mejora de la actividad en el presente, sino a que sale de la serie el último trimestre con decrecimiento, que fue el primero de 2021.

Esos datos apuntan a un enfriamiento del crecimiento, achacable al inicio de la guerra de Ucrania, a la intensificación de las ya crecientes tendencias inflacionistas de los precios a partir de esas fechas y al mantenimiento de algunos efectos de la crisis provocada por la pandemia, que se solapan con los nuevos factores y se suman a otros que se están cronificando, como los problemas de abastecimiento de algunas materias primas.

Señales de alerta en el consumo de las familias

En ese cuadro, el consumo de las familias está lanzando señales de alerta sobre un pinchazo en la recuperación de la actividad económica tras la pandemia al caer dos puntos en un solo trimestre y neutralizar más de lo avanzado en la segunda mitad de 2021 en el conjunto del consumo, que retrocede un 1,4% tras haber avanzado un 0,6% en el verano y el otoño del año pasado.

Ese gripado del consumo de las familias puede tener, de nuevo, consecuencias catastróficas para la economía española, ya que en los últimos quince años ha supuesto más del 56% del total de la demanda, muy por encima de la generada por entidades y administraciones (20,7%), por la inversión (21,3%) y por la demanda externa (1,1%).

Pandemia al margen, el antecedente más reciente sobre las consecuencias que puede acarrear un gripado del consumo de las familias como el que comienza a asomar en los indicadores se encuentra en la crisis de la década pasada, en la que la devaluación salarial, entonces por la vía de la rebaja, ahora por la inflación, derivó en una ralentización de la actividad que alargó la crisis e intensificó su impacto en los hogares.

"España presenta algunas fortalezas como, junto con la llegada de más fondos europeos, una creación de empleo estable y un potencial energético frente a Europa con las renovables, y eso es positivo", anota Del Pozo, que considera el panorama "no alarmante pero sí preocupante, porque el contexto lo es y porque la inflación, disparada y con perspectivas de mantenerse en niveles altos, y la contracción de los salarios pueden afectar a la economía".

La asincronía entre precios y salarios

"Los datos señalan problemas focalizados que hay que tratar", señala; entre ellos, el de la insuficiencia de las rentas de los hogares, de las que las salariales, que se están viendo desbordadas por la inflación, son, a la vez, el principal tractor del consumo nacional.

La última actualización del PIB refleja un aumento de la productividad, que vuelve a tasas positivas cuatro años después, simultáneo la reducción del coste laboral unitario, que se deja más de dos puntos en seis meses para caer al nivel más bajo de la serie con la excepción del comienzo de la pandemia, una combinación que resulta clave para comprender la asincronía entre precios y salarios que está comenzando a zarandear la economía española.

Es decir, que los precios están subiendo más que los costes y cada unidad producida sale más barata, pero no porque se produzca más barato sino que se vende más caro.

"Muchas empresas, especialmente pymes, están sufriendo, pero en el conjunto de la economía esa combinación está resultando beneficiosa para las empresas", matiza Del Pozo. El salario más frecuente en España se sitúa en 1.100 euros, con lo que "cualquier variación en el los precios de los bienes de primera necesidad abre agujeros en los bolsillos de las familias. Y si esa realidad no se resuelve se genera una sensación de desconfianza que puede lastrar el crecimiento económico", añade el economista.

El 65% va bien, el 68% lo ve mal

Esa sensación de futuro incierto parece estar ya instalada en la sociedad española, según apuntan los datos del último barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que trata un paradójico retrato de un país en el que el 65,7% de los ciudadanos, casi uno de cada tres, dice atravesar una situación económica buena (61,4%) o muy buena (4,3) al mismo tiempo que un 68,1% considera la del país mala o muy mala cuando el porcentaje de quienes se ven en estas últimas se queda en el 25,8%.

Es decir, que sobre el horizonte de las expectativas se proyectan nubarrones mucho más intensos de los que se dan en el día a día, algo a lo que no resulta ajeno el relato sobre la magnitud de la crisis y las impresiones que este genera en las personas.

La construcción de ese relato se hace a partir de los datos oficiales, cuya fiabilidad comienza a ser cuestionada desde algunos ámbitos, algo similar a lo ocurrido hace unos meses cuando comenzaron a surgir alertas sobre la distorsión al alza (de hasta dos puntos) que el desmesurado peso de las tarifas reguladas estaba provocando en el cálculo de la inflación.

"El crecimiento del PIB sería mayor si atendemos a los datos de empleo y de recaudación", señala el economista Carlos Sánchez Mato, que recuerda que "esos indicadores deberían manifestarse en función de la actividad económica, pero no con anterioridad".

Se refiere a los récords de afiliación a la Seguridad Social, con más de veinte millones de ocupados, y de ingresos de la Agencia Tributaria, que el año pasado alcanzaron los 223.385 millones de euros con un crecimiento del 5% en relación con los de 2019, el ejercicio previo a la pandemia, y con claras mejorías, que se mantienen en el arranque de 2022, en los impuestos que dependen del empleo (IRPF), el consumo (IVA) y la actividad empresarial (Sociedades).

"Hay un consumo que las estimaciones del PIB no están detectando", indica Sánchez Mato, para quien "algo no cuadra. Se ha abierto una brecha entre los datos de la Contabilidad Nacional y los del empleo y la recaudación, que son objetivos y están creciendo ¿Cómo casa eso con una reducción del consumo?"

Los datos de volumen encadenado del PIB sitúan el de los cuatro últimos trimestres en 1,234 billones de euros, un volumen ligeramente superior (1.651 millones) para esas magnitudes pero alejado (9.417) del 1,244 con el que se cerró 2019, dos meses y medio antes del gran encierro por la pandemia.