PSOE y Unidas Podemos quieren equiparar la pensión de viudedad de las parejas de hecho a la de los matrimonios

La exigencia de haber cobrado menos que el cónyuge fallecido para percibir la pensión de viudedad en el caso de las parejas de hecho parece que tiene los días contados. El grupo socialista ha presentado ya una proposición no de ley en el Congreso y va a hacer lo propio con una moción en el Senado para acabar de forma prioritaria con lo que considera una discriminación respecto a los matrimonios, a los que no se exige ese requisito. Unidas Podemos apoya la iniciativa y el Gobierno de coalición de las dos formaciones, al que van dirigidas las propuestas, asegura que tiene en consideración el tema y ya ha hecho los cálculos de lo que costaría su aprobación.

En su respuesta a una pregunta por escrito del portavoz de Seguridad Social del grupo socialista en el Senado, Alfonso Muñoz Cuenca, el Ejecutivo señala que el gasto anual generado por la supresión de dicho requisito contemplado en el artículo 221 de la Ley de Seguridad Social de 2007 supondría un gasto anual inicial de 21,7 millones de euros, que iría aumentando paulatinamente hasta los 42,45 millones en el medio plazo. En el caso de que se contemplara un efecto retroactivo, el presupuesto aumentaría en 295,29 millones el primer año de implantación, ya que habría que abonar las pensiones de viudedad que no han percibido un total de 1.783 parejas de hecho a quienes se les ha denegado desde 2008 la prestación por “causas exclusivas de ingresos”, según precisa el Gobierno.

El grupo socialista presentó el pasado 6 de marzo una propuesta en el Congreso para instar al Gobierno a que, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo, “revise la regulación de la pensión de viudedad en los casos de pareja sin vínculo matrimonial” y adopte las medidas necesarias para garantizar “de forma más equitativa y con mayor eficiencia” el fin de protección que se persigue con esa prestación. El grupo mayoritario de la Cámara advierte, además, de que hay evidencias de situaciones dignas de protección que no han sido atendidas, especialmente en el caso de mujeres con hijos a cargo.

La diputada Laura Berja, portavoz del grupo socialista en la Comisión de Igualdad, subraya que el compromiso de su partido en este tema forma parte de su programa electoral y “es absolutamente firme”, tanto que ha sido una de las primeras iniciativas que han presentado sobre Seguridad Social “para corregir una situación de desigualdad” con consecuencias que pueden llegar a ser “dramáticas”. Por esa razón, según la parlamentaria, la propuesta debe ser abordada de manera prioritaria en el marco de las deliberaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, por delante de otros asuntos que puedan requerir una tramitación más prolongada.

Unidas Podemos, la otra formación que integra el Gobierno, también lo tiene muy claro. “Defendemos el reconocimiento de todos los derechos a las parejas de hecho, asimilándolas al matrimonio civil, y por tanto, se incluye el reconocimiento de la pensión de viudedad. Así lo hemos defendido dentro del marco del Pacto de Toledo y así lo haremos en la Comisión", señalaron a Público fuentes de su grupo parlamentario.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que depende la tramitación de este asunto, parece estar también por la labor. Fuentes del departamento aseguraron a este periódico que tienen “muy presente” la reivindicación de una nueva regulación de este requisito de las pensiones de viudedad en parejas de hecho, aunque van a esperar a que haya una propuesta al respecto de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso para tomar una decisión.

El senador Alfonso Muñoz confía en que se corrija finalmente la “desprotección” que sufren las parejas de hecho a las que se les niega la pensión de viudedad por haber cobrado sólo un céntimo más que el cónyuge el año anterior al fallecimiento. Una revisión de la norma que, según Muñoz, no supone además un gasto elevado, tal como le ha informado el Gobierno en la respuesta a su pregunta por escrito, y puede reparar el daño que se está causando a muchas familias y de por vida.

La pandemia agrava la situación de las familias

Silvia Oñate, la mujer de Sevilla que ha movido cielo y tierra para que se reforme la ley que la dejó a ella sin pensión de viudedad hace tres años cuando falleció su pareja, que ha conseguido que este tema haya sido abordado hasta en la Unión Europea, que se hayan aprobado por unanimidad mociones a su favor en decenas de ayuntamientos, considera que es absolutamente prioritario abordar este asunto en un momento que la pandemia de la covid-19 está agravando la precariedad de muchas familias en España, a causa de despidos, expedientes de regulación de empleo y suspensión de la actividad de autónomos.

“Antes la situación era insoportable, familias castigadas de por vida a ser de segunda por haber cobrado un año un céntimo más que la pareja, pero ahora va a ser mucho peor con la crisis económica. Por eso instamos a una pronta solución, a que se apruebe un real decreto si es necesario, para que se agilicen los plazos al máximo para solventar este déficit legislativo que ahora nos golpea aún más”, explica Oñate, que se quedó en el paro poco después del fallecimiento de su cónyuge y con dos hijos menores a su cargo.

El coste de la reforma reconocido por el Gobierno no supone además un menoscabo para las arcas de la Seguridad Social, según esta mujer, que sostiene que se trata de una cuantía perfectamente asumible y que corresponde a las aportaciones hechas por los perceptores en sus cotizaciones para una prestación contributiva.

El consenso para la reforma de este precepto de la Ley de Seguridad Social no parece muy complicado, al menos si se tiene en cuenta la posición que mantuvieron el pasado noviembre los parlamentarios españoles de PSOE, PP y Ciudadanos en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, donde abogaron por reformar la legislación de nuestro país a fin de acabar con la discriminación de las parejas de hecho en la percepción de la pensión de viudedad.

En esa sesión, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió mantener abierta en la Comisión de Empleo la reclamación de Silvia Oñate y comunicarlo por escrito al Gobierno español y al Congreso de los Diputados para que tuviesen conocimiento de la investigación del caso que se sigue en Bruselas. La europarlamentaria del PP Rosa Estarás se lamentó entonces de que este problema no se haya solucionado aún, doce años después de haber sido creado a causa de una mala regulación en la Ley General de Seguridad Social de 2007, y el de Ciudadanos, Jordi Cañas, tras calificar esa norma de “trampa” para reducir los derechos de unas determinadas familias, se mostró a favor de una ley nacional que regule todos los derechos de las parejas de hecho en España.

El origen de este conflicto se encuentra en la modificación de la Ley de Seguridad Social en 2007, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente que permitió por primera vez a las parejas de hecho cobrar la pensión de viudedad. Pero para beneficiarse de ese derecho se establecieron varios requisitos, entre ellos: acreditar una convivencia estable de al menos cinco años (a los matrimonios se les exige sólo uno) y que los ingresos del superviviente de la pareja en el año natural anterior al fallecimiento no fueran superiores ni en un céntimo a los del cónyuge muerto.

La ley incluía otro requisito que en 2013 fue tumbado por el Tribunal Constitucional: tener hijos comunes para poder cobrar la pensión de viudedad. El TC lo declaró inconstitucional porque discriminaba a las parejas homosexuales que no podían tener hijos. Lo hizo a raíz de una cuestión de constitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona, donde se vio el caso de un hombre al que se denegó la pensión a la muerte de su pareja con la que había convivido durante 20 años.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en España había inscritas en 2018 un total de 1.625.800 parejas de hecho, 23.000 menos que las que había en 2017, lo que el senador Alfonso Muñoz atribuye posiblemente a la diferencia de protección con respecto al vínculo matrimonial, una modalidad que registraba 9.655.100 parejas ese año.