La patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan mantiene en unos 4.000 millones de euros el coste para las arcas públicas del rescate de las nueve autopistas quebradas, importe que dobla la estimación de 2.000 millones realizada por el Gobierno.

Este cálculo incluye la inversión que los actuales concesionarios de las vías realizaron para su construcción y el coste de expropiaciones que asumieron, según detalló el presidente de Seopan, Julián Núñez.

El Ministerio de Fomento no ha calculado aún este importe, la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las vías.

El Departamento debe calcular y pagar su cuantía en los seis meses siguientes a la resolución de los actuales contratos de concesión en la que ya trabaja, toda vez que ha empezado a asumir las vías que van cayendo en liquidación.

No obstante, el Ministerio que dirige Íñigo de la Serna confía en reducir el importe final con los entre 700 y 1.000 millones de euros que espera obtener con la relicitación de las nueve autopistas.

En cuanto a la RPA, su coste correrá a cargo del Fondo de Contingencia y repercutirá en el déficit público de este año, tal como indicó este martes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con ocasión de la presentación de los Presupuestos de 2018.

Plan de carreteras

En este sentido, el presidente de Seopan considera que las constructoras que se adjudiquen los contratos de construcción y posterior explotación de los tramos de autovía que incluye el Plan Extraordinario de Carreteras no deberían asumir el riesgo de las expropiaciones de los terrenos, o al menos no en su totalidad.

Otras dudas del sector respecto a este plan, del que en unos días Fomento espera lanzar los primeros contratos, pasan por la forma en que se actualizará anualmente el canon o pago que las constructoras recibirán durante los años en los que exploten y mantengan la vía para recuperar su inversión.

No obstante, el presidente de Seopan manifestó la satisfacción del sector por la puesta en marcha de este programa de construcción de carreteras en colaboración con la inversión privada, dado que supone la vuelta de los contratos de concesión inéditos en España desde 2012.

El Plan de Carreteras contempla la construcción de 2.000 kilómetros de nuevos tramos de autovías por un importe total de 5.000 millones en un plazo de tres años.