Sacyr espera que en la primera mitad del próximo año se resuelva una de las mayores las reclamaciones que disputa en arbitrajes internacionales por los sobrecostes que afrontó en la construcción del nuevo Canal de Panamá, que ascienden a un total de 5.200 millones de dólares (unos 4.600 millones de euros).

Se trata del importe de 463,1 millones de dólares (unos 400 millones de euros) que pide al país centroamericano por los problemas técnicos que surgieron respecto al basalto y las fórmulas de hormigón empleadas en la obra.

Así lo indicó el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, quien aseguró que la importancia de esta resolución es "más cualitativa que cualitativa". "La línea en la que el tribunal de arbitrajes de Miami se pronuncie en este primer gran contencioso será piedra angular y marcará tendencia para el resto", explicó ante la junta de accionistas de Sacyr.

En el plano cuantitativo, indicó que en caso de resolución favorable, el importe pasará a engrosar la caja del grupo, toda vez que a primeros de este año terminó de pagar lo que debía a Panamá por los anticipos que en su día recibió para ejecutar la obra.

El total de reclamaciones y los 400 millones que se dirimen el próximo año son referidos al conjunto del consorcio de empresas que construyeron el Canal, que Sacyr lidera con una participación del 41,6%, con lo que obtendría la parte correspondiente.

El grupo concluye este mes el contrato al finalizar los tres años de mantenimiento de la emblemática obra

En cuanto al resto de reclamaciones del grupo y sus socios en el consorcio (la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la local Cusa), Manrique indicó que su proceso de arbitraje va más lento, por lo que su resolución puede demorarse hasta el horizonte de 2022 ó 2023.

Sacyr empieza a atisbar la resolución de estas reclamaciones mientras que este mes de junio pone fin a la relación contractual que tiene con Panamá desde que en 2009 se hizo con la emblemática obra, que está en servicio ya desde 2016, toda vez que concluye el posterior periodo de tres años de mantenimiento.

En este sentido, Manrique aseguró que el contrato concluye sin incidencia alguna, después de que en estos tres años cruzaron por el nuevo canal unos 6.500 barcos. "Sacyr ha realizado con éxito total la obra más complicada y emblemática del mundo", destacó.

Instalaciones de renovables

Manuel Manrique señaló también que Sacyr sopesa entrar en el sector de la construcción de instalaciones de generación de energías renovables para terceros ante el auge que este mercado presenta en todo el mundo por las nuevos planes gubernamentales de fomento de la energía limpia.

Manrique detalló que este negocio se contempla como constructor y no como promotor y comercializador de energía, si bien no descarta participar puntualmente en la promoción de algún proyecto.

El posicionamiento en este negocio con su división de construcción constituye una de las líneas de la nueva estrategia de Sacyr emprende toda vez que ha dado por cumplidos en 2018, con dos años de antelación respecto a la fecha prevista de 2020, los objetivos que se marcó en el plan que lanzó en 2015 para "estabilizar la compañía".

El resto de grandes objetivos del grupo, además del ya anunciado de orientar su política de crecimiento e internacionalización hacia el negocio de concesiones, son la de continuar reduciendo su deuda con recurso, actualmente de 1.139 millones de euros, y aumentar la retribución al accionista, toda vez que el pasado año recuperó el pago de dividendo recurrente a los socios.

Enfoca su negocio a EEUU y Australia, y da por cumplido el plan de negocio a 2020

En cuanto a la internacionalización, Sacyr busca extender su actividad, actualmente centrada en Europa y Latinoamérica, hacia Estados Unidos, Canadá y Australia, y tener estos tres países también como mercados "recurrentes".

El grupo, que ya logró colarse el pasado año en Estados Unidos con obras de construcción que ya suman 400 millones, pretende desembarcar en nuevos mercados con el negocio de concesiones. En paralelo, seguirá creciendo en sus home markets como es Italia, donde incluso prevé lanzar junto otros inversores un fondo de inversión a través del que pujar por nuevos proyectos concesionales en el país.

Moreno Carretero

Sacyr está aún analizando si emprende una acción de responsabilidad social contra el empresario José Moreno Carretero, su tercer accionista con el 8,1% de su capital, un año después de que la junta del grupo aprobara cesarlo como consejero por plantear demandas contra la compañía.

Así lo indicó que el presidente del grupo, Manuel Manrique, si bien aseguró que las guerras internas se han "superado". "El grupo tiene un consejo unido y trabajando en la misma dirección", aseguró. No obstante, reveló que este máximo órgano de gestión tiene encima de la mesa el resultado de un "informe pericial financiero" que se ha realizó sobre la actuación de Moreno Carretero.

El pasado año, Moreno Carretero planteó puntos adicionales al orden del día de la junta pidiendo más medidas de buen gobierno y la separación de la figura del presidente y el consejero delegado. Además, llevó al grupo a los tribunales por los cambios realizados en el reglamento del consejo. El consejo de Sacyr acordó entonces proponer a la junta que se cesara a este también empresario de la construcción del puesto de consejero que ocupaba y emprender dicha acción de responsabilidad.

Multa de la CNMC

Tras la junta de accionistas, el presidente de Sacyr también aseguró que la compañía "hará todo lo que esté en su mano" para "resarcir la reputación del grupo" que considera se ha visto dañada después de que una de sus filiales fuera incluida en la 'macromulta' que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso recientemente a un grupo de empresas por considerar que se habían repartido contratos de electrificación del AVE.

Manrique indicó que su filial Neopul no logró ninguno de los contratos del periodo al que se refiere la denuncia (entre 2000 y 2014) y que la única obra lograda es posterior a esa fecha y se consiguió ofertando a la baja.

Sacyr aprovechó además la junta para anunciar que el próximo mes de septiembre se mudará a la nueva sede, un inmueble situado en la calle Condesa de Venadito, en la confluencia entre la M-30 y la A-2, tras quince años en el edificio del Paseo de la Castellana de Madrid.