Los sindicatos UGT, CCOO y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se han mostrado críticos con el anteproyecto de ley de Función Pública aprobado por el Consejo de Ministros, que incluye, entre otras medidas, una evaluación que permitiría apartar de sus puestos a los funcionarios. Algo que UGT y CCOO consideran "gravísimo". Desde el CSIF, por su parte, presentará alegaciones al considerar que "carece de concreción y de las debidas garantías".

El CSIF considera que el texto debería ser más preciso en algunas aspectos como la movilidad, el teletrabajo o la evaluación del desempeño y cree que "es muy mejorable desde el punto de vista técnico", según ha informado en un comunicado. El sindicato presentará las alegaciones al anteproyecto durante su negociación, en el trámite de audiencia pública y, si fuera necesario, también en el trámite parlamentario.

La secretaria del sector de Administración General del Estado de FSC-CCOO, Elisa Fernández, ha señalado que esa evaluación por desempeño obligatoria, con la posibilidad de "remover de su puesto de trabajo" a aquellos que lo han obtenido por concurso, es "bastante grave", ya que "puede ser bastante subjetiva" y, además, no se ha negociado con los sindicatos.

Para Fernández, esta medida "clama al cielo" y reclama que esa evaluación sea "garantista y transparente", sujeta a "unos criterios objetivos". El secretario de Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez, ha añadido que se trata de una decisión "gravísima e inaceptable".

Los dos sindicatos insisten en que la evaluación del desempeño no debe seguir un esquema vertical, sino que debe realizarse de forma global, recíproca, por unidades y oficinas, y que, además, se tenga en cuenta la situación del empleo público en el ámbito.

El título V del anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, especifica que la evaluación del desempeño será "obligatoria para todo el personal" y tendrá "efectos directos en la progresión en la carrera profesional, en los criterios para la provisión de puestos de trabajo, en la continuidad en el puesto de trabajo, en la percepción del complemento de desempeño y en la valoración de las necesidades formativas".

El texto no desarrolla ningún modelo de evaluación, aunque establece "unos principios y criterios orientadores", entre los que cita "la mejora continua y la revisión y seguimiento periódico de los objetivos de este modelo a través de un órgano colegiado creado al efecto que es la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño".

El CSIF cuestiona la evaluación de desempeño que recoge el texto y rechaza que el Gobierno quiera "de manera unilateral" que los funcionarios puedan ser apartados de sus puestos de trabajo si no superan esas evaluaciones. Además, la Central exige la participación de los sindicatos para establecer los criterios para valorar el trabajo de los funcionarios desde el punto de vista de la promoción, las retribuciones y las consecuencias derivadas.

Entre otras deficiencias, el sindicato critica los límites a la movilidad y las generalidades del teletrabajo. El anteproyecto tampoco recoge la reivindicación de CSIF para promover el acceso al grupo B a personal del C1 que ya realiza estas funciones y cumple los requisitos, agrega el comunicado.

CSIF señala en que "el Gobierno ha fallado en tiempo y forma", ya que esta ley está pendiente desde 2007, cuando entró en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). El sindicato cree que el Gobierno ha aprobado el anteproyecto "en el último minuto" por exigencia de la Unión Europea, para poder acceder a los fondos del Plan de Recuperación.

"Un manual de recursos humanos"

Álvarez ha señalado en la rueda de prensa que el anteproyecto de ley es más un "manual de recursos humanos" que una futura ley de Función Pública.

"El documento en una primera vista vemos que es manifiestamente mejorable. Omite muchas de las expectativas tangibles y concretas que han venido exigiendo los empleados públicos", ha añadido. Fernández ha apuntado que el anteproyecto ha llegado al Consejo de Ministros "con prisas y sin la necesaria negociación colectiva".

"Este anteproyecto es más un manual de recursos humanos que considera al personal de la Administración General del Estado (AGE) como una herramienta más del entramado de la Administración y no se pone en valor el perfil humano de las personas", ha comentado.

UGT cree que el texto es "demasiado básico", carece "una de conexión e incidencia directa sobre empleados públicos" y prioriza "los mecanismos organizativos del personal sobre sus condiciones de trabajo". Desde el sindicato, reconocen que esperaban un anteproyecto que recopilara "todo el derecho disperso que hay en toda la Administración".

CCOO ha advertido, además, de que la nueva ley "no puede contener ninguna restricción de los derechos ya adquiridos y consolidados de la AGE". CCOO y UGT denuncian que el texto omite materias esenciales como el Código Ético de conducta, las vacaciones y los días de libre disposición, la incidencia de la digitalización en las condiciones de trabajo, las incompatibilidades, la discrecionalidad sobre los nombramientos o la remisión al desarrollo de cuestiones en posteriores reglamentos.

Los sindicatos confían en que el texto del anteproyecto se someta a una "revisión bastante amplia" en el diálogo social y la negociación colectiva.

Algunos aspectos positivos

CCOO y UGT reconocen que el anteproyecto de ley también recoge algunos aspectos positivos, como la regulación de la carrera horizontal o la creación de un título específico en materia de Igualdad.

"Por fin se va a reconocer o, por lo menos, se va a poner la semilla para el desarrollo de la carrera horizontal del personal de la AGE. Esta ansiada carrera precisará de un desarrollo reglamentario posterior. (...) Nuestros empleados públicos van a poder visualizar con claridad los beneficios que les puede reportar este nuevo sistema de progresión", ha manifestado Fernández, de CCOO.

Esta carrera horizontal llevará aparejado un nuevo complemento retributivo "de carrera", en función de la evaluación del desempeño y que precisará de un desarrollo reglamentario posterior. El anteproyecto también recoge un complemento por "desempeño", que para Álvarez no es nuevo, sino una evolución del anterior complemento de productividad.

El responsable de UGT ha recordado que ha habido "muchos problemas" con ese complemento y espera que "este cambio de nombre y de reglamento" acabe con esos inconvenientes. Además, Álvarez exige también que se recuperen las pagas completas, afectadas por los recortes de 2010.