El Gobierno ha cerrado el año con dos clamorosos atascos referentes a la Seguridad Social: por una parte, sigue sin activar la auditoría que debe dejar claro de una vez por todas si se trata de un organismo deficitario como mantiene el mantra oficial o si en realidad es, con permiso de los tenedores de deuda pública y tal y como avanzó el Tribunal de Cuentas, el principal acreedor una Administración central que lleva décadas gastando sus recursos y, por otra, continúa bloqueando la transformación del Seguro en una agencia.

Los dos asuntos pendientes, cuya materialización supondría sendos impactos de carácter estructural en la gestión del Seguro, responden a sendos mandatos legales incluidos en la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones, vigente desde el 1 de enero de 2021, y que han despertado las reticencias de los departamentos económicos del Gobierno, principalmente en un Ministerio de Hacienda reacio a asumir la reestructuración de la deuda pública que se derivaría de una confirmación del análisis que hace unos meses perfiló el Tribunal de Cuentas.

El informe del órgano de fiscalización, fechado en julio de 2020, cifraba en 103.690 millones de euros la financiación aportada por la Seguridad Social a otros organismos para cubrir conceptos no contributivos entre 1967 y 2018.

Ese resultado, calculado a la baja por no haber dispuesto de toda la documentación necesaria y al que no se le han aplicado los intereses (de más de medio siglo en algunos casos), modificaría de manera notable el balance de la Seguridad Social, cuyo último Informe Financiero reseña la contratación de pasivos financieros por valor de 98.998 millones de euros entre 2017 y 2023, con una anotación de 10.003 para este último año.

El Banco de España le atribuye un endeudamiento de 99.192 millones de euros, todos ellos con 'otras administraciones públicas' como acreedor en referencia al Gobierno, que con 82.000 millones en seis años disparó sus aportaciones vía transferencia a partir de 2017, coincidiendo con el tramo final del vaciado de la hucha de las pensiones que ahora obliga a subir las cotizaciones con el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional).

La confirmación de la tesis del Tribunal de Cuentas llevaría a rehacer los números de la Seguridad Social, que pasaría a tener un superávit contable y cuya deuda, en todo caso, debería ser traspasada a la casilla de la Administración central, cuyos registros aumentarían en la misma medida que menguarían los del Seguro.

"Hemos hecho gran parte de nuestro trabajo", señalan fuentes del Ministerio de Inclusión, que consideran que "ya podría estar avanzada. Hay mucho interés tanto en realizar la auditoría como en crear la agencia".

Sin embargo, y vista la velocidad con la se desarrollan los acontecimientos, o más bien la ausencia de la misma, parece obvio que no se trata de una posición unánime en el Consejo de Ministros.

Auditoría: incumplir desde julio

La Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones, aprobada con el apoyo de los dos partidos que conforman la coalición de Gobierno, mandata al Ejecutivo para encargar "en el plazo máximo de un mes" y tener listo en otros seis, es decir, en julio de 2022, "un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social (...) entre los años 1967 y 2019".

El documento debe especificar el coste y la financiación, año por año, de los "beneficios y exenciones en cotización", de "la prestación anticipada de jubilación por aplicación de coeficientes reductores cuando no se haya previsto cotización adicional", del "coste de la integración de los periodos no cotizados" y de "la pensión de jubilación anticipada involuntaria en edades inferiores a la edad ordinaria de jubilación".

A ese listado se le añade otro que hace referencia a, entre otros aspectos, "la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor, el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género, las pensiones y subsidios en favor de familiares, así como la prestación de orfandad cuando la causante hubiera fallecido como consecuencia de violencia contra la mujer".

Sin embargo, nunca más se supo; más allá de las gestiones del foro de debate y acción CATP, el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos, despachadas por La Moncloa con poco más que un 'visto', del acuerdo de Izquierda Socialista para reclamar su realización y del debate que la congelación del trabajo genera internamente en los agentes sociales y en las organizaciones de pensionistas.

Agencia: incumplir desde junio

En el caso de la nonata agencia, las diferencias entre Inclusión y Hacienda se centran en el control de la gestión de su presupuesto, que supera los 200.000 millones de euros, y de su plantilla y, también, en la supervisión de su funcionamiento por su repercusión en la vida diaria de veinte millones de trabajadores y diez de jubilados que suman casi tres cuartas partes de la población del país.

En la práctica, el grado de incumplimiento del mandato legal es similar al que se produce con la auditoría, ya que en este caso el Gobierno tenía un plazo de seis meses para aprobar un proyecto de ley "relativa a la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social", cuyos planteamientos deberían garantizar "la simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia del sistema" y preservar "los principios de solidaridad, igualdad en el trato y equidad entre generaciones" para "asegurar el actual nivel de prestaciones públicas".

Esa disposición adicional no dejaba de ser una actualización de otra incluida ya en 2011 en la Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social, que autorizaba al Gobierno para fusionar en un mismo organismo con el formato de agencia estatal el INSS, la Tesorería, el Instituto Social de la Marina y la Gerencia Informática y el Servicio Jurídico del Seguro.

Ese marco inicial, que era el que debía haberse activado a comienzos de 2022, incluía varias referencias directas a los gastos impropios que históricamente ha venido asumiendo la Seguridad Social, ya que establecía que "la actuación" de la agencia "no se extenderá a las prestaciones y subsidios por desempleo, ni a los servicios sociales del sistema" ni, tampoco, a "la asistencia sanitaria de la Seguridad Social".

Reforma: el límite de fin de año

El tercero de los retos que tiene sobre la mesa el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, es el del cierre de la reforma de las pensiones con el traslado a normas legales del último bloque de las recomendaciones del Pacto de Toledo, para el que el Plan de Recuperación y Resiliencia comprometía como plazo el 31 de diciembre de 2022.

"La mesa sigue abierta y las negociaciones avanzan. Estamos en ello", explican fuentes del Ministerio de Inclusión, que muestran confianza en que el acuerdo sobre este bloque pueda estar cerrado en las próximas semanas.

El asunto nuclear de esta fase de la reforma, tras la del sistema de revisión de las cuantías, la puesta en marcha del MEI y el modelo de cotización en función de los ingresos para los autónomos, se encuentra en la ampliación del periodo de cómputo para calcular las prestaciones, que el ministerio proponía ampliar de 25 años a 30 con la posibilidad de eliminar 24 meses y con varias fórmulas para paliar las lagunas de cotización, una carencia que afecta especialmente a las mujeres por la crianza, a los autónomos por la fragilidad de sus negocios y a quienes se ven expulsados del mercado laboral en los últimos años de su vida laboral.

"Se trata de adecuar el tratamiento de la cotización a las nuevas realidades, y el objetivo es que el nuevo modelo resulte presupuestariamente neutro y que su aplicación sea progresiva", indican desde Inclusión.

La plataforma presentada de inicio por el ministerio incluye otros aspectos de calado como la revisión de las bases máximas de cotización con el IPC junto con un incremento anual adicional del 1,154% en las bases y las prestaciones máximas entre 2025 y 2050, lo que vendría a ser un primer paso hacia el destope que ahora deja libres de aportación la parte de los salarios que supera los 50.000 euros.

Los sindicatos, por su parte, han puesto sobre la mesa el incremento de las pensiones mínimas y la vinculación de su cuantía al umbral de la pobreza, que hoy se encuentra en los 800 euros.