La asociación El Defensor del Paciente ha pedido a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que intervenga en Balears, donde las mujeres que quieran abortar tendrán que pagar la intervención por adelantado.

Se suman así a las voces que ayer denunciaron la decisión del Govern, amparado en el ministerio que dirige Mato y que ayer recordó que la gestión de las prestaciones sanitarias corresponde a las comunidades autónomas.

En la segunda carta de la semana dirigida a la titular de Sanidad, la asociación califica de 'cacicada' la actuación. 'En esta ocasión se permite la licencia de decir que las mujeres tendrán que pagar el aborto y 'después' ya se les pagará', señala la misiva.

Según El Defensor del Paciente, estas acciones del Servicio de Salud de Baleares esconden una ideología política, ya que 'el derecho al aborto en las condiciones que recoge la ley son infranqueables y en esta no se recoge el pago anticipado del paciente'.

A la hora de hacer pública la medida, justificada en la crisis, el director del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut), se amparó en que la ley les obliga a 'asumir directamente el abono de la prestación', pero no especifica que se realice de forma anticipada. 

Las embarazadas que deseen acogerse a la Ley del Abortoen Balears tienen que dirigirse a una de las tres clinicas privadas acreditadas y abonar la cantidad que después deberán presentar la factura a los servicios autonómicos, para recuperar su importe.

No es un importe menor. Las cifras, tal y como informó el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), Santiago Barambio, pueden oscilar entre los 500 y los 1.500 euros, en función del periodo de gestación en el que se encuentre la paciente.

La carta de El Defensor del Paciente se pregunta qué pasará con las mujeres que no tengan medios para poder pagarlo: '¿Tendrán un hijo no deseado, con malformaciones, peligrando la vida de la madre?'.