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El Constitucional ya falló a favor de fomentar las lenguas oficiales

Las altas instancias judiciales siempre tiraron abajo los argumentos que apoyaban un cambio en la Constitución para que prevaleciera el acstellano sobre las otras lenguas del Estado

FERRAN CASAS


Los firmantes del manifiesto que reivindica la supremacía del castellano sobre el resto de lenguas del Estado proponen que, si es necesario, se modifiquen la Constitución y los Estatutos para dar cabida a sus demandas. De prosperar sus tesis, con toda seguridad debería darse la marcha atrás en el marco legal porque, una y otra vez, las altas instancias judiciales han negado, con la ley en la mano, la razón a colectivos españolistas que han puesto en cuestión los modelos lingüísticos catalán, vasco o gallego como ahora hace el grupo auspiciado por Fernando Savater con apoyo fervoroso de PP y UPyD.

Seguramente, la sentencia más relevante en este ámbito es la que, en 1994, emitió el Tribunal Constitucional. El pleno del TC, entonces presidido por Luis López Guerra, estudió un recurso contra la ley catalana de política lingüística de 1983 del abogado Esteban Gómez Rovira, que en 2006 encabezó en las autonómicas la candidatura de extrema derecha Adelante Cataluña.

El tribunal evaluó el impacto que la ley tenía en el modelo educativo de “inmersión” en catalán y justificó la especial y celosa promoción de idiomas diferentes al castellano.

Además de basarse en el artículo 3 de la Constitución, que consagra el “especial respeto y protección” de esas lenguas, el TC usó el argumento de la discriminación histórica que, con el objetivo de convertir en único y hegemónico el castellano en todo el Estado español, han sufrido el catalán, el euskara o el gallego durante siglos.

Si bien el fallo 710/1994 admitió también que debe garantizarse apoyo a los alumnos que lleguen a territorios bilingües sin dominar la lengua propia, la sentencia fijó que el hecho que el catalán sea “materia curricular y lengua de comunicación en la enseñanza” garantiza que su cooficialidad se convierta en “una realidad social efectiva”.

En esta línea asegura que la inmersión permite “corregir situaciones de desequilibrio heredadas históricamente y excluir que dicha lengua ocupe una posición marginal o secundaria”.

No se trata de un argumento aislado. Otra sentencia del TC, en este caso la 87/1983, afirma que el euskara, como el castellano, debe enseñarse con “intensidad” y apela a la protección de las lenguas que consagra la Constitución. Poco que ver con la pretensión del manifiesto de situar al castellano por encima del resto.

En la misma línea se expresa otra sentencia de 1993. En este caso es de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y responde a la demanda de unos padres de educar sólo en castellano a sus hijos. Se falló que la Generalitat podía, en ejercicio de sus competencias, ordenar el sistema educativo y su régimen lingüístico para garantizar la competencia de los alumnos tanto en catalán y en castellano.

La sentencia evoca, además, el estado “de precariedad” en que se encontraba la lengua catalana. Un estado que, a tenor de los últimos estudios y encuestas en el ámbito educativo, no ha variado mucho desde entonces.

Este lunes la polémica seguía en Catalunya a costa del manifiesto de los intelectuales españolistas, que promueven medios como El Mundo o Abc y al que se han adherido otros como Telemadrid o Tele 5.

Tanto el PSC como Esquerra salieron en defensa del “constitucional” modelo catalán. El portavoz socialista Miquel Iceta recordó que el castellano no está en riesgo en ninguna comunidad y por ello lo tildó de “parcial”. Apuntó, además, que se empeña en algo que ya está garantizado, la protección institucional del castellano. Desde ERC su secretario general, Joan Ridao, afirmó que el texto parte de una lectura “mesetaria” y “excluyente”.

Les secundó el líder de IU, Gaspar Llamazares, que considero que el castellano “goza de buena salud” y que está siendo utilizado políticamente.
En el otro extremo se situó la coordinadora catalana de UPyD, que encontró “tintes nazis” en las políticas de la Generalitat. El partido de Rosa Díez recogerá firmas en las calles de Barcelona en favor del manifiesto.

Legislar con consenso: Catalunya siempre ha basado su política lingüística en un consenso mayoritario. Con el aval de las principales fuerzas políticas se aprobó la ley de normalización de 1983.

Y  con apoyo de todos los grupos excepto el PP la revisó el Govern de Jordi Pujol en 1998. La ley vigente prevé, entre otras medidas con un complimiento desigual, las polémicas sanciones para los comercios que no respeten los derechos de los catalanohablantes. Se aplican en contadas ocasiones.

El euskara, necesitado

El Gobierno vasco prepara un cambio de los modelos lingüísticos: A (en castellano con el euskara como asignatura), B (bilingüe) y D (en euskara con el castellano como asignatura).

Tras constatar los últimos 15 años que más de la mitad de los alumnos no dominan el euskara (el castellano sí) al acabar la ESO, apuesta por eliminar los tres modelos y crear uno solo, con el euskara como lengua vehicular. El Ejecutivo vasco espera llegar a un pacto con el PSE. El rechazo del PP es total.

Fraga defendió el gallego

Un año antes de abandonar el poder en Galicia, en mayo de 1994, Manuel Fraga firmaba el decreto por el que se fijaban los estatutos de la Universidad de A Coruña. En su artículo 5, el decreto establecía que “la lengua propia de la Universidad de A Coruña será el gallego” y que la institución debería fomentar “el uso” del gallego   en todas sus actividades. El decreto no generó reacción alguna, y se unió a la Lei de Normalización Lingüística, impulsada en 1983 por AP.