El Gobierno considera 'oportunista y malintencionado' el debate sobre el empadronamiento de los ciudadanos extranjeros que residen ilegalmente en España.

Ha rechazado además que existan contradicciones porque convivan normas que obligan a empadronar a los ciudadanos extranjeros que residen ilegalmente en España con otras que obligan a repatriarlos; 'son normas que cumplen funciones diferentes', ha dicho la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha criticado el debate que se ha planteado al respecto.

'La inmensa mayoría de los ciudadanos extranjeros empadronados están en situación legal y trabajan con plenas obligaciones y derechos de ciudadanía', ha aseverado De la Vega, y ha incidido en que ésa es la política de inmigración que ha promovido el Ejecutivo, 'una inmigración legal y ordenada, con derechos y obligaciones'.

La situación económica en España ha provocado además un descenso del número de empadronamientos, ha señalado la vicepresidenta, que ha cifrado en un 56% ese descenso y ha insistido en que el padrón es un registro de carácter administrativo.

De la Vega considera que no existe contradicción sino que son normas 'que cumplen funciones diferentes'

Al ser preguntada por la posible contradicción que supone que convivan normas que obligan a repatriar a los inmigrantes ilegales con otras que obligan a los ayuntamientos a empadronarlos, la vicepresidenta ha observado que 'son normas que cumplen funciones diferentes'.

Ha diferenciado en ese sentido una que define la política general de inmigración del Gobierno y las que persiguen conocer la población que reside en España, y ha concluido que ésta 'no es incoherente con la Ley de Extranjería'.

De la Vega ha criticado a quienes pretenden solucionar problemas 'con atajos', y ha subrayado la necesidad de aplicar normas 'que sean coherentes'.

La vicepresidenta también ha trasladado la postura del Gobierno en materia de Educación y ha asegurado que el Ejecutivo no coincide con algunas de las cuestiones que ha planteado el PP, aunque son más los puntos que comparten ambos y existe 'mucho margen' para lograr un futuro pacto.

Ha insistido en que el Ejecutivo trabaja desde el primer día de la legislatura por el pacto político y social en educación como una necesidad que defienden la comunidad educativa, la sociedad en general y las CCAA.

'Ahora lo más importante es seguir trabajando con el principal partido de la oposición y el resto de los grupos políticos para conseguir ese pacto educativo. Tenemos que buscar los puntos de encuentro más que aquellos en donde pueda haber alguna discrepancia', ha asegurado la vicepresidenta.

Preguntada por las propuestas y demandas del PP y, en concreto, la garantía de la enseñanza en castellano en toda España y por la posición del Gobierno. De la Vega considera que 'la lengua deber ser un vehículo para entenderse y consensuar, no para confrontar'.

Ha recordado, además, que hay unas leyes en vigor en relación con la lengua en las comunidades autónomas bilingües. 'Creemos que tenemos que defender la legalidad, tenemos que aplicar la normativa autonómica de acuerdo con lo dispuesto en la ley y en la Constitución, con el mayor consenso posible, además, dentro del ámbito educativo'.