"Al no atenderse dicha petición [la solicitud de informe del Juzgado de Instrucción sobre las cuentas y otros bienes de Dª. Cristina Federica de Borbón y Grecia] como consecuencia de una solicitud de Auxilio Judicial no era preceptivo un control específico de la información suministrada". Así se justifica la Agencia Tributaria (AEAT) del error cometido con respecto a la compra-venta de fincas cuya titularidad, presuntamente, pertenecían a la hija del rey.

Así lo ha expresado hoy Hacienda en su comunicado con las "conclusiones de la investigación de la Agencia Tributaria sobre del proceso de obtención de la información y su traslado al Juzgado de Instrucción Nº 3 de Palma de Mallorca referida a la petición de información cursada sobre Dª. Cristina Federica de Borbón y Grecia en el periodo que va desde el año 2002, inclusive, a la actualidad", detalla el documento.

En el texto, la Administración reconoce que "las trece operaciones de compraventa contenidas en la documentación remitida al juzgado fueron imputadas indebidamente a Dª Cristina Federica de Borbón y Grecia, como transmitente en los años 2005 y 2006".

¿Las causas? En once de los trece fallos, "la información recibida en la Agencia Tributaria con origen en Notarios y Registradores, figuraba erróneamente atribuida al DNI “14” sin letra de control", se escuda Hacienda, culpabilizando de nuevo a notarios y registradores como principales responsables del grave error. "Esto provocó la imputación al único DNI “14” que figuraba en la base de datos", añaden.

En los otros dos, en cambio, la AEAT reconoce que el error se produjo en su propio proceso de procesamiento de datos.

El informe de la Agencia Tributaria sigue sin responder al juez Castro, que pedía una explicación "comprensible" del error

Por último, el texto presume de las mejoras realizadas por Hacienda en los años posteriores a 2005 y 2006 -años en los que supuestamente la infanta vendió esas propiedades- en cuanto al sistema de control de la "información procedente de terceros". "Para los datos a partir del 2007, los procesos de identificación e imputación de la información, procedente de terceros, aplicados en la Agencia Tributaria han mejorado  sustancialmente, reforzando los criterios de identificación y el automatismo en la carga y tratamiento de la información", concluye el comunicado.

En cualquier caso, el informe de la Agencia Tributaria no responde a las preguntas formuladas por el juez Castro, que pide una explicación "comprensible" al hecho de que Hacienda no verificase en su día por qué la infanta no tributaba por esas trece presuntas transacciones. Si hubiera solicitado dicha información, como hace con el resto de los contribuyentes, habría descubierto esos errores en los años fiscales correspondientes.

Además, el juez reclama a la delegación catalana de la AEAT que justifique por qué no se hizo eco de las enajenaciones de distintas propiedades de Pedralbes (Barcelona) que sí llevó a cabo la hija pequeña del rey y que detalle si realizó comprobaciones por las ventas que sí consignó en su informe para determinar supuestos incrementos patrimoniales.

¿Cómo explicar que la Agencia Tributaria adjudicara a la hija del rey la venta de trece fincas por un importe de 1,4 millones de euros y luego no le hiciera un requerimiento cuando la infanta no incluyó las ganancias de esas ventas en sus declaraciones de la Renta? La pregunta levanta sospechas sobre un posible trato de favor de Hacienda a la infanta Cristina, ya que ni el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) se explica lo ocurrido. "Si a mí me pasa lo que a la infanta, yo voy allí y pregunto qué es lo que ha pasado", declaró el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, a Público.

Notarios y registradores se autoexculparon de su responsabilidad en los fallos  La Agencia Tributaria, ante tales ataques, alegó -como ha insistido ahora- que la culpa había sido de los notarios y registradores encargados de verificar y notificar dichas transacciones. "La contestación al Juzgado se ha atenido a los estrictos términos de la petición de datos efectuada, comunicando al Juzgado los datos aportados a la AEAT por terceros, sin que los datos suministrados hayan sido objeto de valoración jurídico tributaria. Por lo tanto, no cabe extraer directamente de los propios datos efectos ni consecuencias directas en materia jurídico tributaria", justificó Hacienda entonces.

A su vez, el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de España intentaron eludir su responsabilidad al respecto y dejar a la Agencia Tributaria en evidencia. "En ninguna de dichas escrituras públicas figura la Infanta como propietaria o titular de derecho alguno de las fincas cuya propiedad se le había atribuido", explicó el Consejo General del Notariado en un comunicado. "El Colegio de Registradores informa que la Infanta sólo figura como titular registral de su residencia en Barcelona [...] las fincas cuya titularidad se le han atribuido, ni figuran inscritas, ni lo han estado nunca a su favor", señaló también el segundo colectivo.

Hoy la cuestión continúa en el aire, al menos, en once de los trece casos de la polémica.