La descalificación interesada que el PP está llevando a cabo del uso del gallego, euskera y catalán en el Senado, con el respaldo de los medios de comunicación más conservadores, no resiste el contraste con los hechos. Ni la traducción simultánea supone un gasto excesivo ni España es una excepción en comparación con otros estados plurilingües. Tampoco la Cámara Alta se ha convertido en una Torre de Babel porque los senadores tengan derecho, en un trámite muy limitado, a utilizar lenguas que son oficiales para el 40% de los españoles. Lo que sigue trata de dar respuesta a los principales interrogantes que se han planteado sobre este asunto.

El PP defendió en 2005 el traslado al Senado de 'la riqueza lingüística de España'

La Constitución española otorga al Senado el carácter de 'Cámara de representación territorial' (artículo 61.1), lo que significa que tanto su composición como su funcionamiento deben atenerse a la organización del Estado en comunidades autónomas, varias de las cuales poseen lenguas propias. Gallego, euskera y catalán tienen, además, la consideración de 'lenguas españolas', igual que el castellano, tal y como establece también la Carta Magna en su artículo 3.2.

Tanto es así que la utilización de las lenguas cooficiales en el Senado se remonta a 1994, cuando se autorizó su uso por parte de los presidentes autonómicos en sus primeras intervenciones ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Una excepción que se normalizó en 2005 para hacer posible que, dentro de la misma comisión, todos los senadores pudiesen expresarse en gallego, vasco y catalán si así lo deseaban.

La experiencia de estos cinco años ha demostrado que la utilización de las lenguas cooficiales en el Senado no constituye obstáculo alguno para el normal funcionamiento de la Cámara. Como dice la reforma del Reglamento de 2010, 'la práctica del plurilingüismo, aplicando los recursos tecnológicos de traducción hoy disponibles, enriquece y favorece un clima de libertad, de normalidad y de convivencia democrática'.

La traducción simultánea es normal en países con varios idiomas oficiales

La reforma que acaba de ponerse en práctica [consulta aquí más información] se limita a las sesiones plenarias y, dentro de ellas, exclusivamente a los debates de las mociones. Estas iniciativas parlamentarias consumen aproximadamente apenas entre un 15 y un 20% de cada Pleno. El resto de los debates e intervenciones que tienen lugar en estas sesiones de la Cámara alta (proyectos de ley, interpelaciones, preguntas o proposiciones no de ley) tendrán que seguir celebrándose, obligatoriamente, sólo en castellano.

El coste del sistema apenas representa un 0,6% del Presupuesto de la Cámara Alta

España es uno de los pocos países oficialmente plurilingües que no ha normalizado el uso de sus lenguas oficiales en las instituciones estatales. El caso más antiguo entre quienes sí lo han hecho es el de Bélgica, que disfruta de traducción simultánea en su Parlamento desde 1936. Otros dos casos muy significativos en Europa son los de Suiza y Finlandia.

Frente a quienes sostienen que estos modelos no son comparables con el de España porque en esos países no existe una lengua que hable toda la población, existe otro ejemplo notable. En el Parlamento de Canadá, desde 1959 se pueden utilizar inglés y francés indistintamente a pesar de que sólo la provincia de Quebec es francófona y todos sus habitantes hablan perfectamente en inglés.

Ni siquiera la existencia de múltiples lenguas, expresión de culturas e identidades diferentes, ha sido un problema en casos tan extremos como el de la Unión Europea (el Parlamento de Estrasburgo utiliza diariamente 20 lenguas con un coste mínimo en proporción a la población a la que sirve) o el de la India, en el que conviven nada menos que 35 lenguas oficiales gracias a un eficaz sistema de traducción simultánea.

El Senado celebra dos plenos al mes. En cada uno de ellos van a trabajar siete intérpretes (tres de catalán y valenciano, dos de euskera y dos de gallego) que también se ocuparán de transcribir las intervenciones para el Diario de Sesiones. Desde 2005 y por concurso público convocado con el beneplácito de todos los partidos políticos, incluido el PP, la Cámara alta cuenta con un cuerpo de 25 intérpretes (no funcionarios). El Senado calcula que el coste adicional de cada pleno será de 11.950 euros, así que sus Presupuestos han previsto para este año una partida específica de 250.000 euros. Una cifra que, junto a los 100.000 euros destinados a la Comisión de CCAA, representa apenas el 0,63% de los 55,1 millones que se gastará la Cámara Alta en todo 2011. Y que incluye, por cierto, los 4.500 euros que ha costado la adquisición de 400 auriculares. Como comparación, dos ejemplos: el Gobierno de Francisco Camps (PP) se gasta 40 veces más en la organización del gran premio de Fórmula 1 que se corre en las calles de Valencia y el de Galicia, presidido por Alberto Núñez Feijóo, también del partido de Mariano Rajoy, tiró a la basura hace apenas unos meses 190.000 libros de texto porque estaban escritos en gallego, lo que supuso un coste para las arcas públicas de 3,8 millones (casi ocho veces más que lo que representa la utilización de las lenguascooficiales en el Senado).

El PP, que ahora acusa al Senado de dilapidar el dinero y tacha de ridícula la utilización de auriculares para la traducción simultánea, defendió con vehemencia la utilización de gallego, euskera y catalán en la Cámara alta hace apenas cinco años. Fue con ocasión del debate de la reforma del reglamento de Senado que entonces hizo posible la utilización con total normalidad de las lenguas cooficiales en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. En aquella ocasión, ya con Mariano Rajoy en la Presidencia del Partido Popular, el portavoz de este partido, el también gallego Víctor Vázquez Portomeñe, defendió el voto favorable de su grupo subrayando que la 'lengua es uno de los elementos definitorios del pluralismo de la sociedad española'.

Un 'símbolo irrenunciable de la riqueza lingüística de la España plural', subrayó entonces el portavoz del PP. Por eso, 'no podría ser ajeno a ningún grupo parlamentario el afán de trasladar al Senado esa riqueza lingüística de España, y ello como afirmación de su condición de Cámara territorial. Entre todos hemos recuperado no sólo la tolerancia lingüística sino la igualdad constitucional de nuestras lenguas'. Portomeñe concluyó su intervención de hacer cinco años yendo aun más lejos: 'Todos aspirábamos a más, pero es evidente que a nadie es dable corregir la Constitución por vía reglamentaria. En una futura reforma será posible ir más allá de nuestros prudentes pasos actuales'.