El TSJCV deja pasar el 22-M para decidir sobre la financiación del PP

Francisco Camps se libró ayer de afrontar el último tramo de su carrera a la reelección como president valenciano con su núcleo duro investigado por financiar supuestamente al PP valenciano de manera ilegal y por amañar concursos en favor de la red Gürtel. Tras dos años mareando la perdiz y casi ocho meses después de que la justicia madrileña le pidiera un pronunciamiento sobre si el asunto debe investigarse, la campaña se cerró anoche sin que el Tribunal Superior valenciano (TSJCV) alcanzara una decisión al respecto.

Los últimos documentos remitidos por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) llegaron a Valencia en la primera semana de mayo. Pero, pese a haber deslizado que publicitaría su dictamen antes del 22-M, la Sala Civil y Penal del TSJCV no comenzó hasta el pasado jueves el debate sobre la inhibición planteada por Madrid. Ayer, y a través de sus portavoces, el TSJCV anunció que la segunda jornada de deliberaciones había concluido sin acuerdo. Y confirmó que la Sala continuará examinando la causa la próxima semana, sin fecha concreta.

El TSJM se inhibió en favor del tribunal valenciano hace casi ocho meses

Anticorrupción ya ha pedido al tribunal que impute a nueve cargos del PP, cinco de los cuales forman parte del equipo de Camps en la Generalitat y el partido. Y los cinco vanen sus listas autonómicas.

Entre los cinco dirigentes de peso a quienes Anticorrupción atribuye los delitos de cohecho (soborno) y/o prevaricación o delito electoral figura Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat. También Milagrosa Martínez, presidenta de Les Corts y anterior consellera de Turismo, el departamento de la Generalitat del que mayor tajada sacó Orange Market, la franquicia valenciana de la trama corrupta. El vicesecretario regional del PP, David Serra, y la tesorera, Yolanda García, aparecen igualmente en la lista. Y la completa el ex secretario general del partido Ricardo Costa, ya inculpado por cohecho impropio con Camps en el caso de los trajes tras aceptar supuestamente regalos del trío que capitaneaba la red Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, "amiguito del alma" del president.

El alud de indicios vuelve remota la hipótesis de un decreto de archivo

Los informes de la Policía, de Hacienda y de la Intervención General del Estado (IGAE) aportan tal cúmulo de indicios que si el TSJCV declinase investigarlos se enfrentaría a una más que probable desautorización por parte del Supremo, como ya ocurrió en el caso de los trajes.

Esos informes sostienen que la red Gürtel ayudó al PP a ocultar al fisco 2,5 millones de euros de la campaña de las autonómicas de 2007. Revelan también que el amaño fue la técnica habitual para que las empresas del conglomerado corrupto y su órbita lograran en el País Valencià contratos públicos valorados en no menos de 14 millones. Los investigadores mantienen igualmente que ocho empresas locales con múltiples adjudicaciones de la Generalitat pagaron, mediante facturas falsas, gastos del PP por casi un millón de euros en 2007 y 2008.

Anticorrupción pide nueve imputaciones por soborno y delito electoral

Para Camps, y también para Rajoy, que observan las elecciones del domingo como un plebiscito que anule el caso Gürtel, la ausencia de un pronunciamiento judicial antes del 22-M es la mejor noticia. Porque, salvo los incondicionales del president, nadie considera verosímil que el TSJCV se niegue a investigar el asunto alegando falta de indicios. Una intentona de cerrojazo como la de agosto de 2009 en el caso de los trajes sumergiría al tribunal en un escándalo sin precedentes.

Ahora bien, dados los precedentes, no resulta descartable que el TSJCV dicte un auto por el que deje libertad a quien designe como instructor del caso para resolver si ve o no indicios de delito y a quiénes afectan en todo caso. Entre los señalados por Anticorrupción hay antiguos cargos del PP que no gozan de aforamiento ante el Tribunal Superior: Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo; Pedro García, ex director general de Canal 9; Cristina Ibáñez, administradora de la campaña del PP en las autonómicas de 2007; y Luis Bárcenas, extesorero nacional del PP.