La magistrada instructora del 'caso Cooperación' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado la apertura de juicio oral contra el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y exdiputado del PP en las Corts, Rafael Blasco, actualmente parlamentario no adscrito, y ocho personas más en la pieza en la que se han investigado irregularidades en las ayudas concedidas por ese extinto departamento de la Generalitat a la Fundación Cyes.

La juz del caso Cooperación, María Pía Calderón, ha dictado la apertura de juicio oral -aunque la fecha se determinará en su momento por diligencia del secretario- en la pieza primera de la investigación sobre el supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat para cooperación internacional a la fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), por 1,8 millones de euros, y cuenta con nueve procesados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para Rafael Blasco

Así lo señala en un auto de fecha de este lunes, contra el que no cabe recurso, y en el que se determina como órgano jurisdiccionalmente competente para el enjuiciamiento de la causa a la sala de lo Civil y Penal del TSJCV. No obstante, según han indicado fuentes del alto tribunal, la fecha de juicio se determinará, en su momento, por diligencia del secretario.

La apertura de juicio oral se acuerda en relación con Blasco y ocho personas más: el empresario, actualmente en prisión, Augusto César Tauroni; el que fuera subsecretario de la Conselleria de Solidaridad, Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera Tomás.

Blasco, conseller entre 2007 y 2011, abandonó el PP tras su imputación y antes de que se votara su expulsión del grupo popular de Les Corts Valencianes, si bien sigue ocupando un escaño como diputado no adscrito en el Parlamento autonómico.  

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia solicita 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para Rafael Blasco, por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y como inductor del delito de falsificación documental. Asimismo, le reclama que pague una multa de 43.200 euros.