La campaña se apagó. Con la ley y el decreto suspendidos ni la campaña puede continuar ni la Generalitat cuenta con cobertura legal para seguir diciendo que va a hacer una consulta sobre la independencia. La suspensión durará cinco meses prorrogables. Ahora el Constitucional informará de esa suspensión al Gobierno catalán y la Generalitat deberá acatar. De lo contrario. Desobediencia, si se continúa con la consulta; prevaricación, por dictar una resolución a sabiendas de su ilegalidad; malversación, por usar casi 9 millones a esa consulta; o uso fraudulento de datos personales, para tener un censo. Por este último delito la asociación Sociedad Civil ha puesto una denuncia ante la fiscalía. Acusa a algunos ayuntamientos de ceder el padrón de manera irregular. Teóricamente al Ejecutivo de Artur Mas sólo le queda alegar contra los recursos del Gobierno. Tiene 15 días para hacerlo. -Redacción-