“El ‘capital dinero' se expande sin control, y se aposenta cada vez más en el territorio como soporte de valor que lo catapulta hacia el infinito, mientras que el llamado ‘capital natural’ no hace sino menguar”. Así describía en 2006 Ramón Fernández Durán en el ensayo El Tsunami urbanizador español y mundial el fenómeno imparable de la especulación inmobiliaria. Una dinámica que no solo ha destruido ecosistemas de forma irreversible, sino que ha catapultado la crisis ecológica. En esta vorágine, las viviendas dejaron de ser un derecho constitucional y refugios protectores para convertirse en objetos de dinámicas financiero-especulativas.

El tsunami de cemento y asfalto no solo ha consumido suelos, biodiversidad y paisajes, sino que ha moldeado unas viviendas cada vez más vulnerables frente a temperaturas extremas, lluvias torrenciales, incendios forestales y sequías prolongadas. En España, donde la mayor parte del parque residencial se levantó sin criterios de adaptación climática, el impacto se palpa en hogares asfixiados por el calor en ciudades como Sevilla o en territorios inundables e inundados, como en Valencia.

A pesar de las advertencias de la comunidad científica sobre sequías y desertificación grave en tres cuartas partes del territorio español, la mayor presión constructora se ha manifestado precisamente allí donde menos agua hay: Murcia, Málaga o Almería, entre otros. En España, las megaurbanizaciones en zonas áridas han agravado el colapso hídrico, y los efectos del cambio climático están siendo más devastadores. Se han diseñado miles de casas junto a campos de golf sin plantearse que, tarde o temprano, esas bombas de riego secarán la tierra. Y mientras, el litoral —cimentado hasta la orilla— se enfrenta al interrogante de su futuro. ¿Qué sucederá en estos enclaves ante el sobrecalentamiento, la subida del nivel del mar y los eventos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes?

Vivienda no adaptada

El cambio climático repercute de modo cada vez más palpable en las viviendas y el efecto isla de calor urbano, que acumula calor en el asfalto y hormigón, hará que las ciudades sean cada vez menos habitables. Sin embargo, la mayor parte del parque residencial español presenta un pobre nivel de eficiencia energética y no está adaptado.

Agustín Mateo, arquitecto, recuerda que “la vivienda tradicional estaba bien adaptada” al entorno: muros de piedra de gran inercia térmica en la Meseta, aleros y patios en el Levante, respiraderos y ventilación cruzada en Canarias. “La era de la energía barata relegó esos sistemas pasivos a favor de la climatización mecánica de alto consumo”. Otro arquitecto, Iñaki Alonso, da la cifra: “Entre el 80% y el 90% del parque de viviendas; es decir, unos 25 millones de ellas no están adaptadas. La primera normativa sobre aislamiento térmico surgió en 1979, pero no fue hasta 2010 que se estableció una ley que exige garantizar un buen aislamiento y funcionamiento de los edificios frente al cambio climático”. Eso deja a decenas de millones de hogares atrapados en veranos abrasadores e inviernos fríos.

La mayoría de las personas percibe la crisis climática principalmente a través de las olas de calor. “Las estrategias bioclimáticas clásicas están dejando de funcionar en muchos lugares debido a que las temperaturas nocturnas no disminuyen, lo que impide refrescar los edificios mediante ventilación cruzada. Esto resulta en un exceso de calor en las viviendas, lo que lleva al uso de aire acondicionado en edificaciones mal aisladas, con grandes pérdidas de energía y un aumento en los costos energéticos”, explica Alonso.

Para Irene González, de la Aliança contra la Pobresa Energètica, el cambio climático no hace más que sacar a la luz la ineficiencia estructural de muchas viviendas: “Más del 70% de ellas en Catalunya carece de certificación energética suficiente; y las personas en situación de pobreza energética no encienden el aire acondicionado por el coste que eso supone”. Y apunta al drama social: “Esta situación impacta con fuerza en los más vulnerables: personas mayores, con ingresos bajos, familias monoparentales y hogares energéticamente precarios. Además, muchas de estas personas están en situación de alquiler, con lo cual tienen menos margen para hacer cambios estructurales en la vivienda”, agrega.

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en los últimos años se han establecido normativas para adaptar las viviendas, tales como la Ley de Calidad del Producto y el Código Técnico de la Edificación que “pautan límites el consumo energético de los edificios” e “implementan requisitos para edificaciones que consideren la reducción de la huella de carbono, integración de energías renovables y utilización eficiente de recursos”. La adaptación incluye mejorar el aislamiento, incorporar sistemas de protección contra incendios, diseñar con criterios bioclimáticos y promover edificios resilientes, entre otros.

"Faltan normas más ambiciosas y dinero para un funcionariado público que controle la implementación dela normativa vigente; pero el poder político de las grandes constructoras aún pesa en nuestro país"

Sin embargo, “la mayoría de las viviendas construidas en los últimos cuarenta años carecen de las medidas necesarias”, puntualiza Agustín Mateo. “Todavía hay un largo camino por recorrer, especialmente en rehabilitación y actualización de viviendas antiguas”, admite el IDAE a las preguntas enviadas por Público. “Falta dinamizar aún más las ayudas y el interés profesional”, asume el organismo público.

“Es necesario mejorar la eficiencia energética de, al menos, 15 millones de viviendas”, evidencia Alonso. Además, se debe integrar la arquitectura para enfrentar las condiciones climáticas adversas: en España, más de 3 millones de habitantes residen en zonas susceptibles a inundaciones, según un estudio de la Universidad de Almería y la Universidad de Málaga.

La lógica del beneficio y escasez de recursos

El sector de la construcción presume de ser determinante en la economía española por el nivel de empleos creados, su contribución al PIB y la proyección internacional de sus multinacionales, pero calla acerca de los materiales que emplea: cemento, acero, vidrio y plásticos son intensivos en energía (se consume mucha energía fósil para producirlos) y su fabricación comporta grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Hasta el 40% de los gases responsables del cambio climático que producen los edificios a lo largo de su vida útil se encuentra embebido en sus materiales. Este impacto podría reducirse enormemente si se usasen materiales con una baja huella de carbono o que pudieran reutilizarse o reciclarse al final de su vida útil. “Los edificios pueden convertirse en minas del futuro si se diseñan con materialidad circular que permita su reaprovechamiento tras su ciclo de vida, que dura entre 50 y 70 años”, propone Alonso.

El IDAE va más allá y menciona que las normativas vigentes establecen “mínimos de aislamiento, eficiencia lumínica y acústica”, lo que favorece a largo plazo “a promotores, que ahorran en costes operativos y acceden a incentivos”. Faltan normas más ambiciosas y dinero para un funcionariado público que controle la implementación de la normativa vigente; pero el poder político de las grandes constructoras aún pesa en nuestro país y pocos se atreven a penalizarlas cuando no cumplen. Promotores inmobiliarios y constructores a menudo priman la rentabilidad sobre la eficiencia. Por otro lado, la preocupación del sector por el agotamiento de materias primas es “casi testimonial [...] Hoy por hoy, siguen primando las soluciones convencionales, salvo cuando la legislación lo impone”, matiza Agustín Mateo.

Iñaki Alonso se muestra más optimista: “se avanza hacia un mayor aislamiento y la incorporación de materiales circulares” y “se espera la entrada de regulaciones sobre cálculo de huella de carbono y otros aspectos”. El arquitecto propone generalizar el uso de los “materiales biobasados” como la madera, el corcho, los ladrillos de tierra cruda o las pinturas no tóxicas, que disminuirían el impacto ambiental. No obstante, Mateo subraya una contradicción: “La crisis climática se agrava desde el momento que se apuesta por la nueva edificación en lugar de la rehabilitación”. 

Vivienda sostenible y exclusión económica

El interés por viviendas sostenibles —como la construcción de edificios de madera o la recuperación de la albañilería de tierra— crece en paralelo a la necesidad de mejorar el confort térmico mediante aislamiento o ventanas eficientes. Estas soluciones conectan con el principio de proximidad geográfica y ahorro energético. “El desafío consiste en desarrollar sistemas constructivos más eficientes, sostenibles y accesibles para personas con menos recursos”, defiende Alonso.

Las mejoras ambientales suelen implicar mayores costes, y en un mercado dominado por la lógica capitalista y especulativa, esto excluye a las rentas bajas. Hoy, quienes menos tienen acaban en viviendas con peores condiciones energéticas, sin posibilidad de mejorar su situación sin exponerse a subidas de alquiler o a la amenaza del desahucio.

Para González, la transición ecosocial está vetada a los más vulnerables. “El modelo habitacional que hay ahora es excluyente”, subraya, “muchas familias se ven obligadas a ocupar viviendas vacías de bancos o de grandes tenedores, porque no pueden acceder a una vivienda en condiciones”. El acceso a la vivienda es hoy el principal factor de exclusión social en España. Para más inri, “están sin acceso regularizado a luz o agua, lo que agrava la pobreza energética. Se ven obligadas a elegir entre vivir a oscuras o pinchar la luz para poder refrigerarse mínimamente con ventiladores”, denuncia la activista.

"Quienes menos tienen acaban en viviendas con peores condiciones energéticas, sin posibilidad de mejorar su situación sin exponerse a subidas de alquiler o a la amenaza del desahucio"

Así, los que más poseen, como los multipropietarios y fondos de inversión, también son quienes con mayores facilidades pueden instalar placas solares o sistemas de aislamiento de última generación. Frente a este modelo excluyente, es clave concebir la vivienda como un derecho, y aplicar criterios sociales y ambientales tanto en la construcción como en la asignación. Para ello, se propone combinar subvenciones públicas con financiación a largo plazo, garantizar que las viviendas públicas sean energéticamente eficientes y apostar por formas cooperativas y comunitarias de habitar.  Las experiencias de cohousing o cooperativas de autoconstrucción —como La Borda (Barcelona), La Seronda (Asturias), Brisas (Canarias), Entrepatios o Trabensol (Madrid)— muestran que es posible ofrecer vivienda digna, eficiente y asequible.  

Además, incorporar procesos participativos en el diseño de los edificios permite a sus habitantes apropiarse del espacio, cuidarlo y fortalecer vínculos comunitarios. Aunque aún minoritarios y concentrados en proyectos alternativos, estos procesos pueden ser clave para democratizar el acceso a una vivienda sostenible, pensada desde lo común y no desde el mercado y lo individual. Para aumentar esta participación, no obstante,  “se necesita un equipo técnico que abra procesos”, insiste Alonso.

Ejemplos de buenas prácticas

“Hemos adoptado varias técnicas de industrialización y construcción con madera, España tiene un gran potencial”, relata Alonso. “Nos basamos en el modelo Andel de Dinamarca de los años 70 para la parte social, y en las dinámicas de Passive House de Alemania para lograr máxima eficiencia energética y estrategias medioambientales”.

A la construcción sostenible (materiales ecológicos, autoproducción energética, alto aislamiento o reutilización de aguas grises, entre otros) se suman una “forma de vida de bajo impacto” (recursos compartidos como la lavandería o el taller o la existencia de un grupo de consumo agroecológico) y una “comunidad de apoyo mutuo interna articulada a través de la gestión colectiva del edificio y de la convivencia, el trabajo barrial de articulación social así como la “vivienda en derecho de uso” o el parque público de vivienda, argumentan Luis González Reyes y Adrián Almazán en el libro El decrecimiento: del qué al cómo (Icaria, 2023).

El IDAE enumera dos ejemplos de intervenciones “innovadoras y ambiciosas” de rehabilitación de edificios y regeneración urbana. Uno es en el barrio de La Txantrea, en Pamplona, donde la sociedad pública Nasuvinsa mejoró las envolventes térmicas y redes de calefacción de una veintena de edificios y 642 viviendas. Otro es la rehabilitación energética del edificio Embajador I, en Condado de Treviño 2, en Madrid, que “representa un caso de éxito que conjuga la construcción de una envolvente térmica de gran escala más eficiente con la renovación arquitectónica del inmueble”. Recibió el premio INMOMAT en la categoría de rehabilitación, entregado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

Romper barreras a la transformación

El modelo inmobiliario actual, basado en la propiedad privada (75%) y orientada al mercado, parece chocar con la transición ecosocial, ya que esta última requiere un enfoque en el que la vivienda sea un bien común y un vector de reducción de contaminación.

Varios obstáculos dificultan esta transición: legales (trámites complejos, incoherencias, ausencia de obligación real de participación vecinal), económicos (industria cementera y constructora con alto poder de lobby; falta de incentivos a la rehabilitación profunda) y culturales. “Debemos dejar de ver la vivienda como un bien financiero para avanzar”, propone Alonso, quien aboga por “fomentar la fiscalidad verde” y establecer una “nueva dinámica de producción habitacional desde la Administración”. Agustín Mateo también apunta hacia la “transformación del sistema mediante una reglamentación que apueste por un nuevo modelo”, tal y como ocurrió con la obligatoriedad de aislamiento en los años 70. “Se están dando pasos normativos hacia este cambio, como el programa ARCE de arquitectura cero emisiones y la adaptación de la directiva europea de huella de carbono al código técnico de la edificación, previstos para 2026”, señala Alonso.

Para avanzar hacia una transición ecosocial justa en el ámbito de la vivienda sería “imprescindible un Pacto Nacional por el Derecho a la Vivienda” y “ampliar el parque público de viviendas en régimen de alquiler y garantizar que estas no puedan ser vendidas en el futuro, asegurando así su función social a largo plazo”, se recoge en la publicación Transición Ecosocial Justa, elaborada en 2024 por Alberto Brasero, Jose Luís Fdez. Casadevante Kois, Yayo Herrero y Helena Pariente. Resultaría igualmente necesario limitar los precios del alquiler y regular el uso turístico de las viviendas, tanto en entornos urbanos como rurales, para frenar la especulación y priorizar el derecho a habitar. En el medio rural se propone, además, la cesión de pueblos abandonados para su recuperación con fines comunitarios. Finalmente, toda nueva vivienda debería diseñarse bajo criterios de eficiencia energética, accesibilidad universal y construcción bioclimática con materiales de cercanía; e incorporar espacios comunitarios que favorezcan la vida en común.