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Ser activista social en Colombia: un trabajo que cuesta la vida

Los asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia aumenta cuando se cumplen dos años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC. Desde la histórica fecha, el 24 de noviembre de 2016, ha habido un repunte de las muertes de defensoras y defensores de derechos humanos frente a unas medidas de protección que no salvaguardan su seguridad.

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Velatón en contra de los asesinatos de líderes y lideresas sociales en la ciudad colombiana de Villavicencio ./Marta Saiz.

Los victimarios de María Carvajal solo tenían una fotografía para identificar a la mujer que debían asesinar. Ante la duda, la dejaron escapar. Pasado un tiempo, la amordazaron y maniataron, pero aquella vez solo querían su dinero. Años más tarde, sufrió un atentado del que salió ilesa. Todo por desempeñar la defensa de los derechos humanos, un trabajo que "en Colombia cuesta la vida".

Se cumple el segundo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz entre el ex presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP. El 24 de noviembre de 2016, después de cuatro años de negociaciones y un referéndum fallido, se puso fin a una guerra de más de cinco décadas. A pesar de que, con el acuerdo se preveía una disminución de los niveles de violencia, líderes sociales y campesinos coinciden en que viven una situación alarmante. "Este pacto era una oportunidad para que no corriera más sangre en nuestros territorios y creíamos que iba a haber tranquilidad, pero poco a poco eso ha cambiado", lamenta Over Pila, dirigente social.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2017 se produjeron 170 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos. Durante 2018 ha habido dos repuntes. En el primer trimestre, 46 dirigentes sociales fueron asesinados. Y a mediados de año, mientras Colombia se jugaba su permanencia en el mundial de fútbol y el conservador Iván Duque ganaba las elecciones presidenciales, dos días bastaron para cobrarse la vida de diez activistas en ocho provincias del país.

Pila también recibió dos mensajes por debajo de la puerta de su domicilio en los que lo amenazaban de muerte. El temor lo hizo huir por un tiempo. "Desde la firma del acuerdo de paz hay una campaña en contra de los defensores y defensoras", considera Edilberto Daza, dirigente campesino que sufre amenazas directas desde hace más de una década. Fue secuestrado tres días por paramilitares en 2007 y sobrevivió a un atentado. La violencia ha formado parte de su vida siempre. "Hace años vivimos una época en la que hubo muchos asesinatos y masacres, así que ahora nos resulta muy duro, pero no extraño".

Dada la preocupante situación de Daza, en septiembre de 2017 fue acogido en Europa a través de un programa de protección a personas defensoras en el que, durante seis meses, pudo denunciar ante las instituciones europeas el riesgo que sufren.

Velatón en contra de los asesinatos de líderes y lideresas sociales en la ciudad colombiana de Villavicencio ./Marta Saiz.

Desprotección estatal

Para la protección de las personas con graves riesgos de amenazas, el Gobierno creó la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, tiene un papel limitado, puesto que no ofrece medidas preventivas. Las defensoras denuncian que no prevé la seguridad en los entornos rurales. “Te dan teléfonos para lugares donde no hay señal, los coches no están preparados para las vías rurales y se demoran mucho en dar respuesta”, protesta Daza. El dirigente esperó tres años hasta que le otorgaron un esquema de seguridad con dos escoltas. Pero no todos obtienen esas medidas cautelares.

Días después de su toma de posesión, el presidente Iván Duque, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, y otros cargos firmaron el documento 'Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos'. A pesar de estas medidas institucionales, desde las organizaciones sociales denuncian la falta de resultados y señalan la responsabilidad del Estado. "Las autoridades no buscan la forma de salvaguardar la integridad del dirigente social", protesta Pila.

Para Jaime González, comunicador social, la respuesta institucional es ineficaz. “El Estado lo niega, pero los asesinatos contra el movimiento popular son sistemáticos desde que se firmó el acuerdo de paz”. Además, apunta a que los intereses en el control de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal o las haciendas dedicadas al latifundio se contraponen al trabajo de las comunidades en el territorio y consecuentemente “el campesinado se convierte en víctima de la violencia”. De hecho, González coincide con Pila al señalar cierta complicidad entre grupos paramilitares y Fuerza Pública. “Es imposible que asesinen a líderes y lideresas a escasos metros de la policía o el ejército y no haya capturados ni conocimiento de quién cometió el crimen”, denuncia Pila.

Velatón en contra de los asesinatos de líderes y lideresas sociales en la ciudad colombiana de Villavicencio ./Marta Saiz.

Nueva coyuntura

En su último informe, el Instituto Kroc, que monitorea el avance de los acuerdos de paz, indica la preocupación por “el incremento y persistencia de homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos” sobre todo en las zonas históricamente afectadas por el conflicto armado. Asimismo, a mediados de octubre, Jean Arnault, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un informe sobre la implementación de los acuerdos. Desde el organismo se señaló la urgencia de aplicar el Pacto por la Vida, promovido por el nuevo gobierno, para solucionar la grave problemática.

Sin embargo, la llegada de Duque al ejecutivo, próximo al ex presidente Álvaro Uribe, ha minado las esperanzas de las organizaciones. Irene Ramírez, presidenta de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, lamenta el estado de la actual coyuntura. “Con el nuevo Gobierno, vamos a retroceder ocho años, como cuando yo empecé mi trabajo por defender a las compañeras y compañeros perseguidos y estigmatizados durante el mandato de Uribe”.

“El Acuerdo de Paz que fue una victoria popular se está incumpliendo”, constata Juan Carlos Quintero, dirigente social. En su reciente gira por Europa, denuncia que “el Estado no erradica las causas sociales que generaron el conflicto y la guerra”.
A pesar de la unanimidad con respecto a la ineficacia de las autoridades, las organizaciones no cesan en su trabajo, sino que su compromiso aumenta. “Siento que las comunidades me aprecian y me respaldan así que seguiré en mi labor hasta el día de mi muerte”, expresa Daza. De la misma manera, Ramírez asegura que si es necesario volverán a salir a las calles: "El camino a la paz está trazado y vamos a continuar hasta que no se cometan más asesinatos".

Y hace dos semanas, cuando caía la noche, Over Pila regresaba en coche de una charla con las comunidades. Iba acompañado por sus dos escoltas cuando dispararon en varias ocasiones contra el automóvil. Ante el ataque regresaron al lugar del que habían salido pero nadie les prestó ayuda. “Lo entiendo porque la gente tiene miedo de hablar”, explica Pila. Confiesa que también teme por su vida. Se activan los protocolos de protección pero el riesgo persiste y a la par que la convicción. “Hasta que Dios nos lo permita seguiremos trabajando en lo que nos mueve que es la defensa del pueblo colombiano”.