La Audiencia de Palma ha ordenado hoy la reapertura de la investigación judicial sobre el caos generado en diciembre de 2010 en los aeropuertos de Baleares por la inactividad súbita de 22 controladores aéreos en el transcurso del conflicto estatal que supuso la suspensión de operaciones en todo el país.

La sección segunda del tribunal provincial ha atendido los recursos de apelación contra el auto de archivo de la causa penal que dictó la titular del juzgado número 1 de Palma el pasado mes de marzo y ordena que se reinicie la instrucción para determinar si los controladores presuntamente delinquieron.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia, la instrucción fue sobreseída de manera prematura sin realizar todas las diligencias necesarias para corroborar que, como sostenía la juez, no había indicios de delito.

Los magistrados de la Audiencia señalan que ni siquiera se encargó un informe forense sobre la supuesta incapacidad por causas psicológicas en que se ampararon los controladores para ponerse de baja al unísono.

"Hay posibles comportamientos delictivos que impiden el sobreseimiento de la causa en este momento y exigen la continuación de la investigación", destaca en su auto el juez ponente, Juan Jiménez, que recuerda que muchas de las bajas por ansiedad y nervios que justificaron el abandono de las funciones de los controladores carecían de amparo médico.

Los jueces de la Audiencia destacan que "tras la declaración del estado de alarma (por parte del Gobierno) cesaron las indisposiciones y los incidentes", por lo que es preciso un informe forense que aclare "si es posible y creíble una explosión epidémica de tal intensidad".

"Necesario es contar con información forense acerca de la credibilidad y alcance de las manifestaciones de los afectados, incidiendo de forma ilustrativa sobre la aparente capacidad terapéutica del real decreto que declaró el estado de alarma", inciden.

En su resolución, la Audiencia recoge parte de las comunicaciones de los controladores que fueron grabadas entre el 3 y el 4 de diciembre de 2010, en las que queda patente que se concertaron para dejar de realizar su trabajo, según admitió la propia instructora cuando sobreseyó la causa.

Además de resaltar que es "indiferente" para la comisión del delito de abandono de destino por parte de funcionarios que los controladores investigados permanecieran en los centros de trabajo de Palma, Ibiza y Mahón sin ejercer sus funciones, los magistrados resaltan que el derecho a la protesta laboral "no puede justificar acciones delictivas".

Entienden también que hay que profundizar en la instrucción para establecer si los controladores podrían haber incurrido en un delito de sedición.