Las informaciones llegaron por radiotransmisión al Consejo de Distrito de Salud Indígena (Condisi-Y): el pasado 12 de junio dos jóvenes Yanomami fueron asesinados por garimpeiros en la comunidad Xaruna, municipio de Alto Alegre (estado de Roraima, Brasil). Otros dos Yanomami fueron tiroteados. Es un viejo fantasma que nunca se fue, porque el territorio de los Yanomami está bañado por ríos que guardan oro. El oro es la porción del río que menos utilidad tiene para los indígenas, al contrario de la norma instaurada por el hombre blanco, que ha dictaminado que el oro es solemne y le ha asignado un valor.

La Fiscalía General del Estado en Roraima asume la presencia de veinte mil garimpeiros ilegales en la Tierra Indígena Yanomami. La han invadido y persiguen piedras preciosas en explotaciones mineras irregulares, atemorizando a las aldeas que allí habitan.

En la memoria de todos aún resuenan los llantos de la matanza de julio de 1993 –solo un año después de la demarcación oficial del territorio–, en la aldea de Haximu, ya adentrándose en la selva venezolana. Dieciséis Yanomami fueron asesinados y descuartizados, entre ellos un bebé, acuchillado, por un grupo de veintidós garimpeiros brasileños, que también incendiaron todas sus casas. Unos hechos que, por primera y única vez en la historia, y gracias a la presión internacional de organizaciones como Survival, la Justicia brasileña sentenció como genocidio.

La Tierra Indígena Yanomami –que también alberga a los Ye’kuana–, en Brasil, abarca parte de tres municipios del estado de Amazonas y ocho municipios del estado de Roraima, sumando una superficie de nueve millones y medio de hectáreas –es más grande que la comunidad autónoma de Castilla y León–. La parte venezolana de su territorio, la Reserva de la Biosfera del Alto Orinoco-Casiquiare, aporta otros ocho millones de hectáreas.

Su población es de cerca de 27.000 personas en Brasil y 11.000 en Venezuela. Teniendo en cuenta que la gran mayoría vive en el interior del territorio, y ante semejantes proporciones, no es posible organizar una vigilancia presencial en los límites de la reserva. Algunas de las comunidades de los Yanomami –por lo menos trece– viven completamente aisladas.

El proceso de invasión es siempre el mismo. Los garimpeiros llegan a una comunidad indígena en pequeños grupos, intentado convencer a los Yanomami de las bondades de las labores de búsqueda de piedras preciosas, engañándoles con intercambio de objetos, ofreciéndoles comida, instándoles a dejarles actuar e incluso a participar de las extracciones. "La mayoría de las veces los Yanomami no están de acuerdo, y los expulsan", explica Marcos Wesley, asesor del Instituto Socioambiental, "pero a veces alguna familia lo consiente, y eso abre la puerta a la llegada de muchos más garimpeiros ilegales".

Algunos jóvenes indígenas se aventuran a trabajar de garimpeiros, atraídos por las promesas de consecución de dinero y bienes materiales –hay fuertes discusiones intergeneracionales a raíz de esto–. Pronto se dan cuenta los Yanomami de que han perdido el control de la tierra. Cada vez es menos suya. Además, ven que a la hora de la verdad el esfuerzo no vale la pena: las condiciones laborales son deplorables. Los garimpeiros, por otra parte, ya en gran número, comienzan a ver a los Yanomami como un estorbo, y se envalentonan para quedarse con la totalidad del terreno. Entonces estallan las amenazas, la agresividad y la crueldad, que van creciendo hasta llegar al punto de no retorno que alcanzaron en 1993, el mismo que se está alcanzando ahora.

Invasiones como resultado de una política gubernamental

Los invasores se han acercado incluso a las comunidades aisladas: "Hay un garimpo a cinco kilómetros de una de ellas", recuerda Wesley, para Público. Estas explotaciones mineras irregulares son, a parte de una profanación de los territorios indígenas y cuna de desestructuración social, el principal vector de transmisión de la covid-19, y también la causa principal de la degradación del medioambiente. En el proceso de separación y selección del oro en sus diferentes formas –pepitas, granulado o fino– los garimpeiros utilizan mercurio. Los residuos de la operación acaban mezclándose con el cauce de los ríos, cubriendo las algas y envenenando a los peces, principal fuente de vitaminas y proteínas de la población indígena.

A finales de los ochenta e inicio de los noventa se estimaba la presencia de 40.000 garimpeiros en el territorio Yanomami. Tras el genocidio y las campañas humanitarias que dieron la vuelta al globo, "el Gobierno los sacó a todos", cuenta Marcos Wesley. Con el paso del tiempo, los garimpeiros lograron mantener la actividad, aunque en grupos muy reducidos, que poco a poco lograron ir ampliando.

En diciembre de 2018 ya habían vuelto a reunirse 3.000 garimpeiros en la tierra de los Yanomami. En enero de 2019 asumió el poder Jair Bolsonaro, y tan solo dieciocho meses después el número de garimpeiros ilegales se ha consolidado en la barrera de los 20.000 que están confirmados actualmente. "Desde la gran invasión de los ochenta nunca había habido una invasión de esta magnitud, resultado de una política gubernamental", señala el asesor del Instituto Socioambiental.

Ante las posibles consecuencias de este asedio, desde la Fiscalía del estado de Roraima, el procurador Ubiratan Cazetta ha advertido que "permitir la invasión de garimpeiros es permitir un nuevo genocidio". Marcos Wesley, del Instituto Socioambiental, comparte esa opinión. Es una opción que todos tienen sobre la mesa: "La escalada del número de garimpeiros supone una escalada de violencia". El mensaje presidencial no ayuda. Bolsonaro ha repetido en demasiadas ocasiones ya que las dimensiones de los territorios indígenas son "un tanto abusivas", acentuando la "riqueza" que se puede y podía encontrar en esos suelos.

Ante la omisión del Gobierno Federal, y para adjudicar al territorio amenazado un mínimo armazón de protección, el Tribunal Regional Federal de la 1ª Região (TRF1), ha ordenado que tanto el Ejecutivo como la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) presenten, en el plazo de 60 días, "un plan de reestablecimiento de tres Bases de Protección Etnoambiental (BAPE)" en la Tierra Indígena Yanomami, y que, después de la presentación de este plan, "la reactivación de las bases, con la estructura y el personal necesario, sea realizada en 120 días".