El mundo debería observar con los ojos muy abiertos lo que está sucediendo en un pequeño país centroamericano de 6,4 millones de habitantes. El Salvador es hoy el laboratorio de la democracia iliberal en Latinoamérica. Nayib Bukele ha burlado la norma constitucional que prohíbe la reelección presidencial y se postulará en febrero de 2024 a un nuevo mandato. El controvertido régimen de excepción impuesto hace casi dos años por el presidente salvadoreño para eliminar la delincuencia ha cautivado a una mayoría de la sociedad que ha aceptado canjear derechos fundamentales por seguridad.

La Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, ha otorgado recientemente al mandatario una licencia de seis meses para que pueda ser candidato en las elecciones del 4 de febrero, en las que no tendría dificultades para batir a la oposición. Pese a que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección presidencial, Bukele lleva dos años urdiendo un plan para perpetuarse en el poder. El primer paso en ese proceso de vulneración legal se produjo en mayo de 2021 cuando el presidente destituyó al titular de la Corte Suprema de Justicia y a otros cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y colocó en su lugar a jueces afines que, unos meses más tarde, reinterpretaron la Carta Magna a su gusto y le concedieron la posibilidad de presentar de nuevo su candidatura.

Bukele, de 42 años, ganó las elecciones en junio de 2019 con un discurso de regeneración política que entusiasmó a una mayoría de votantes (el 53%). No tardó mucho en hacerse con el control de los tres poderes del Estado para hacer y deshacer a su antojo. Así logró que el Parlamento aprobara en marzo de 2022 el decreto del régimen de excepción punitivo que anula varios derechos fundamentales sin que la medida fuera cuestionada por el poder judicial. Su guerra abierta al narcotráfico se produjo después de que se rompiera la tregua con las maras, las pandillas de delincuencia organizada con las que su Gobierno había mantenido negociaciones secretas.

Las maras nacieron en Los Ángeles en los años 80 como un recurso identitario de los jóvenes migrantes salvadoreños que huían de la guerra civil en su país. La Mara Salvatrucha (M13) y Barrio 18 se disputaron la hegemonía en California y una década después esas pandillas ya estaban implantadas en El Salvador, desde donde han controlado el negocio del narcotráfico en el denominado Triángulo Norte centroamericano. La violencia ejercida por estas bandas, que reclutaron a miles de jóvenes desocupados, disparó la tasa de homicidios durante años y situó al país como uno de los más inseguros de América Latina.

Menos homicidios, restricción de derechos

A golpe de restricción de derechos, Bukele ha logrado rebajar sensiblemente la cifra de homicidios (en 2022 hubo 496, según datos oficiales, frente a las 2.390 muertes violentas de 2019). La otra cara de la moneda es el aumento exponencial de presos. Con sus 96.000 reos, El Salvador es el país con la tasa de población reclusa más alta del mundo, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el World Prison Brief de la Universidad de Londres. Para alojar a tantos detenidos, el Gobierno inauguró en febrero pasado una gigantesca cárcel, bautizada como Centro de Confinamiento del Terrorismo, con capacidad para unas 40.000 personas.

Durante los primeros 18 meses del régimen de excepción la Policía detuvo a más de 72.000 personas. El Gobierno salvadoreño ha reconocido que 7.000 de esos detenidos no tenían relación con las pandillas y ha procedido a su liberación, según los datos ofrecidos por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Sin embargo, la organización humanitaria Socorro Jurídico ha denunciado que hay al menos otras 14.000 personas entre las rejas sin vínculos de ningún tipo con las maras. Esta organización ha documentado 180 muertes en dependencias carcelarias durante el primer año y medio del régimen de excepción. La ONG Cristosal ha recibido por su parte en el mismo periodo más de 3.500 denuncias de detenciones arbitrarias.

La ingente cantidad de apresamientos ha provocado, además, graves efectos colaterales en las familias afectadas. Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado la orfandad en la que han quedado miles de menores y adolescentes, separados abruptamente de sus padres. En El Salvador hay 1,7 millones de habitantes menores de edad. El régimen de excepción ha venido a agravar una situación ya especialmente complicada en un país en el que el 35% vive en hogares disfuncionales.

Apoyo popular

Una mayoría de los salvadoreños ha asumido el discurso de mano dura contra la delincuencia de Bukele. Según la consultora CID Gallup, la aprobación del mandatario roza el 90%. El Latinobarómetro le otorga una adhesión similar. Para esta organización, ese respaldo "muestra la desesperación de los pueblos respecto del desempeño de sus gobiernos en solucionar los problemas".

Bukele arrancó su aventura política en las filas del FMLN (el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la antigua guerrilla marxista), se declaró izquierdista pero no tardó en virar hacia posiciones conservadoras. Arremetió contra de las élites políticas (la misma casta a la que apela hoy Javier Milei en Argentina) y arrasó en las elecciones presidenciales de 2019 y en las legislativas de 2021. Su progresivo autoritarismo lo sitúa en el campo de la ultraderecha, un abrevadero ideológico del que beben hoy líderes latinoamericanos de distinta condición.

Si la adopción del bitcoin como moneda de curso legal ha resultado ser un fiasco, su represiva política de seguridad ciudadana ha contado con la aprobación de una mayoría social a la que no parece importarle la pérdida de derechos si las calles están despejadas de maleantes (aunque en el camino caigan inocentes y las cárceles se conviertan en campos de concentración).

El denominado "populismo punitivista" que Bukele despliega le asegurará la reelección en febrero casi con toda probabilidad. Si se cumplen los pronósticos demoscópicos y las urnas certifican ese contrato social, el mandatario seguirá adelante con el banco de pruebas de una democracia iliberal (sin derechos y sin separación de poderes). Un peligroso ejemplo para el resto de América Latina.