Las poblaciones indígenas de la parte occidental de Guatemala eran el 'enemigo interno' que había que aniquilar. La comisión oficial que investigó el conflicto bélico que dejó 200.000 muertos y más de 45.000 desaparecidos confirmó el 'racismo' como el eje principal de las masacres cometidas contra el pueblo maya entre 1960 y 1996.

Tres años después de sellada la paz, la premio Nobel Rigoberta Menchú interpuso ante la Audiencia Nacional española una querella contra algunos de los responsables de aquellos crímenes. El juez Baltasar Garzón solicitó en 2004 que se tomara declaración a los militares incluidos en la querella de Menchú. Uno de ellos era el exgeneral Efraín Ríos Montt, jefe de Estado de facto entre 1982 y 1983 y, hasta el pasado 14 de enero, diputado en el Congreso de Guatemala. La semana pasada, y tras perder la inmunidad parlamentaria, tuvo que testificar ante la jueza guatemalteca Carol Patricia Flores acusado de delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad.

Los indígenas del occidente del país eran el 'enemigo interno' a liquidar

'Es significativo esta imputación por el rango [de jefe de Estado] que tenía Montt en el momento en que sucedieron los hechos denunciados', sostiene Ana Gabriela Contreras un día antes de recoger, en nombre de la Fiscalía de Guatemala, uno de los premios que la Fundación Abogados de Atocha entregó la semana pasada en Madrid.

Contreras considera que la sociedad civil ha jugado un papel 'muy importante' en este caso 'manteniendo viva la presión en la calle' y logrando no perder la perspectiva del discurso de las víctimas.

La catedrática de Ciencias Políticas Esther del Campo también otorga gran importancia al rol de las asociaciones en el proceso que ha llevado a Ríos Montt al banquillo. 'No podemos esperar que la llegada al poder de Otto Pérez, un experto en lucha contrainsurgencia, haya sido el factor detonante del proceso de enjuiciamiento a los militares', opina en relación a la victoria electoral del Partido Patriota, el pasado noviembre. 'La determinación de los colectivos de víctimas, como la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, ha tenido un papel protagonista', subraya Del Campo.

El abogado admite las masacres del Ejército y alega que el general no lo supo

En España, las asociaciones que siguen de cerca el caso de los crímenes contra la humanidad y genocidio en Guatemala observan estos días las particularidades del proceso judicial. Así, la fundación Madrid Paz y Solidaridad pone el énfasis en la asunción de algunas responsabilidades por parte de la defensa de Ríos Montt. 'Su abogado admite que el Ejército cometió masacres, pero que Montt, jefe de Estado y ministro de Defensa aquellos años, no es el responsable porque no tenía conocimiento de ello, y sugiere depurar las responsabilidades entre sus inferiores', apunta Sofía Duyos, de Madrid Paz y Solidaridad.

En el transcurso de la cita judicial del pasado jueves por la que Ríos Montt quedó ligado al proceso penal y bajo arresto domiciliario su defensa insistió en el desconocimiento de los planes militares que prueban la organización y planificación de las masacres contra el pueblo maya. 'Sin negar la autenticidad de esos documentos, la defensa alegó que en el propio Plan de Operaciones Sofía las patrullas incluían las masacres, pero [Montt] no supo nunca nada porque la cadena de mando se paralizaba antes de llegar a él', apunta Duyos, encargada del proyecto de derechos humanos que tiene la fundación en Guatemala.

El 'racismo' fue el eje principal de las matanzas cometidas entre 1960 y 1996

El juicio a Ríos Montt, así como las condenas de cuatro militares en agosto de 2011, abren una perspectiva de creciente 'democratización' en el país centroamericano. Así lo identifica Esther del Campo, que subraya algunos de los problemas que debe encarar ahora el país, como la 'pobreza, la desigualdad y la violencia. La dificultad de resarcir a las víctimas y sentar las bases de una democracia plena está directamente relacionada con la dificultad de establecer un Estado de derecho', explica Del Campo.

La propia debilidad estatal pone de manifiesto 'lo incompleto del proceso de transición a la democracia en Guatemala', aclara Del Campo. Un proceso en el que víctimas como Julia Cortez Tecú, hija y hermana de desaparecidos, comienzan a ver la luz. Cortez es la presidenta de la asociación Justicia y Reconciliación. 'Tras la masacre del 15 de septiembre de 1980, los campesinos de mi región tuvimos que refugiarnos en las montañas. Los soldados nos acusaron de ser la guerrilla, pero vivíamos allí sólo para defender nuestras vidas', testimonió Cortez el año pasado en una entrevista con este diario.

Precisamente, los planes del Ejército evidenciaron que los objetivos de los militares no eran sólo los integrantes de la guerrilla, sino toda la población campesina por ser susceptible de prestar auxilio a los guerrilleros. 'La mente de la población es el principal objetivo', explicitaba el plan militar Victoria 82.

A Ríos Montt se le atribuye la responsabilidad de la matanza de 1.770 personas. De ser declarado culpable, puede ser condenado a una pena de hasta 50 años de cárcel.