América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo, afronta 2023 con una renovada hegemonía de la izquierda y con un horizonte económico poco halagüeño debido a los efectos todavía patentes de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania. El retorno al poder de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil afianzará el bloque progresista, a expensas de lo que suceda en las elecciones de octubre en Argentina. Las cinco principales economías latinoamericanas contarán con gobiernos de izquierdas. La grave crisis institucional en Perú podría afectar a una región esperanzada con un posible pacto político en Venezuela y con la consumación definitiva de la paz en Colombia. Las urnas se abrirán también para elegir nuevos mandatarios y parlamentarios en Paraguay (abril) y Guatemala (junio). Mientras, Chile se encamina hacia un nuevo rumbo constitucional.

Al enfundarse la banda presidencial este domingo 1 de enero, el histórico líder del Partido de los Trabajadores ha asumido su tercer mandato. El veterano político ya fue inquilino del Palacio del Planalto entre 2003 y 2010, una época en la que también recorría la región una ola progresista, la denominada marea rosa, con Hugo Chávez, Néstor y Cristina Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales o el propio Lula como actores políticos más relevantes. No obstante, el Brasil que recibe Lula en 2023 es muy diferente al de hace dos décadas. Los cuatro años del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro han inoculado en una amplia capa de la sociedad brasileña una intransigencia política y social sin precedentes.

La lucha contra el hambre y la cuestión ambiental medirán el éxito o el fracaso de la gestión de Lula

Lula derrotó al excapitán del Ejército a finales de octubre pero el bolsonarismo no ha desaparecido. Cosechó más de 58 millones de votos en las elecciones (el 49%) y es la fuerza mayoritaria en un Congreso dominado por la derecha. Para sortear este obstáculo, Lula deberá tejer alianzas con partidos de centroderecha, tal y como hizo durante sus dos primeros mandatos. El antiguo obrero metalúrgico renació políticamente a principios de 2021, cuando el Tribunal Supremo anuló la condena por corrupción que lo llevó a estar 19 meses en prisión. A sus 77 años, Lula hereda un país con una situación medioambiental alarmante (la Amazonía ha sufrido una deforestación salvaje por el contubernio entre Bolsonaro y la agroindustria) y en el que 33 millones de personas pasan hambre, es decir, el 15% de la población. Esos dos ejes –la lucha contra la pobreza y el medio ambiente– medirán el éxito o el fracaso de su gestión.

La izquierda tendrá en Lula su mayor activo en un 2023 con claro dominio de gobiernos progresistas. Solo un revés del peronismo en las elecciones de octubre en Argentina podría trastocar el equilibrio de fuerzas con la derecha. Las cinco principales economías de América Latina estarán dirigidas por gobiernos de izquierda. Lula (Brasil), Andrés Manuel López Obrador (México), Alberto Fernández (Argentina), Gustavo Petro (Colombia) y Gabriel Boric (Chile) son líderes de perfiles diferentes, pero unidos por su voluntad de transformación social. La izquierda estará representada también en Bolivia (Luis Arce), Honduras (Xiomara Castro) y Venezuela (Nicolás Maduro), entre otros países.

Tanto Lula como Cristina Fernández de Kirchner han sufrido la persecución judicial de la ultraderecha

De todos ellos, solo Lula formó parte como mandatario de la ola progresista en la primera década del siglo. La actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, gobernó entre 2007 y 2015 pero ha anunciado que no presentará ninguna candidatura en 2023. Como Lula, Kirchner ha sido la diana predilecta del aparato judicial reaccionario. El lawfare, es decir, la persecución política por la vía judicial, es ya la herramienta involucionista de moda en este primer cuarto de siglo en América Latina. Kirchner acaba de ser condenada a seis años de cárcel y a la inhabilitación política perpetua por un caso de corrupción en el que los fiscales no aportaron ni una sola prueba en su contra. No entrará en prisión porque le protegen sus fueros como vicepresidenta y puede apelar a la Corte Suprema. Pero la sentencia ha logrado trastocar el escenario electoral del año que viene.

Si en Brasil y Argentina prevalece el lawfare como martillo político de la derecha, en Perú se ha optado por otro tipo de "golpe blando" ya utilizado previamente en la región. A Dilma Rousseff la echaron del Palacio del Planalto por un inverosímil impeachment parlamentario en el que se confabularon la derecha y la ultraderecha brasileñas. Algo similar le había sucedido antes a Fernando Lugo en Paraguay. Al peruano Pedro Castillo lo destituyó el Congreso hace unas semanas después de que el maestro rural intentara un desesperado autogolpe sin más ayuda aparente que la de su espejo, un gravísimo error que lo ha llevado a la cárcel y ha dejado al país sumido en una descomunal crisis política y social.

El Congreso de Perú, controlado por los reaccionarios, tiene amordazado al gobierno de izquierdas

Controlado por fuerzas reaccionarias, el Congreso de Perú vio el camino expedito para destituir al mandatario tras año y medio de acoso ininterrumpido. Dina Boluarte, sucesora de Castillo, pilotará en 2023 un país hecho jirones, con una población totalmente desconectada de la clase política. No habrá elecciones hasta abril de 2024 por decisión de una Cámara Baja que tiene amordazado al nuevo gobierno y que ha mirado hacia otro lado mientras las cunetas del sur del país se iban llenando de muertos por la represión de las protestas.

Negociaciones en Venezuela y Colombia

El rompecabezas peruano se presenta como el principal factor de incertidumbre en la región. Venezuela, por su parte, parece apostar por el diálogo político. Las conversaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición se han reanudado en México y han alumbrado ya un primer acuerdo para hacer frente a la crisis humanitaria. Urgido por los problemas de suministro energético derivados de la guerra en Ucrania, Washington trata de limar asperezas con Caracas y ve con buenos ojos el acercamiento entre el chavismo y la oposición. Pero cualquier pacto político va a depender de la voluntad de Maduro para convocar unas elecciones presidenciales que estarán supervisadas por observadores internacionales, tal y como reclaman sus interlocutores.

Gustavo Petro es el primer presidente de izquierdas en la historia reciente de Colombia

A quien más le interesa que las aguas se calmen en Venezuela es a su vecina Colombia. Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas en la historia reciente del país, ha mostrado ya sus indudables dotes políticas para convertirse en uno de los puntales del bloque progresista en la región, junto a Lula y López Obrador. Petro necesita a Maduro para llevar a buen término las conversaciones de paz iniciadas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Gabriel Boric también ha demostrado una personalidad política muy definida pese a su juventud (36 años). Combina un pragmatismo recio con una apuesta por los avances sociales. No se vino abajo cuando los chilenos rechazaron en referéndum, por una abrumadora mayoría (62%), la Constitución que él, con algunos reparos, había respaldado. El líder del país encara 2023 con el anuncio de un nuevo proceso constituyente. El texto rechazado en septiembre era uno de los más avanzados en derechos sociales del mundo. La Constitución que sustituya a la norma vigente (aprobada en tiempos del dictador Augusto Pinochet) ya no será una propuesta refundacional pero si se aprueba, Boric y su gobierno saldrán sin duda reforzados.

Los gobiernos progresistas luchan por reducir la desigualdad, en una región sumergida en la pobreza

Los vaivenes políticos en el subcontinente irán acompañados en 2023 de una evolución económica a la baja, según el balance preliminar de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El PIB solo crecerá un 1,3% frente al 3,7% previsto para este año por el mismo organismo. Las cinco principales economías se verán afectadas por esa desaceleración. No parece un escenario ideal para reducir la desigualdad en una región en la que el 10% más opulento acumula el 77% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre solo disfruta del 1% del patrimonio, según un reciente informe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.