El prefijo "narco-" no tiene límites en México. Se habla de narcomenudeo, la venta de droga directa al consumidor; de narcomantas, los mensajes que dejan los sicarios después de cometer un asesinato; de narcoperiodistas, narcotúneles, por donde escapan los traficantes de los operativos policiales, o de narcolaboratorios, donde fabrican la mercancía. Incluso hay narcopilotos, quienes dirigen las aeronaves que transportan los cargamentos de un lado de la frontera al otro.

Esta semana el debate giró entorno a si México fue un narco-Estado. Y lo propició el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador: "Pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano", dijo el lunes, en su conferencia de prensa matutina, "pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narco-Estado", concluyó.

Lo que está saliendo a relucir son los presuntos vínculos del secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012, Genaro García Luna, con el crimen organizado. Fue detenido el pasado diciembre en Texas y hoy está pendiente de juicio en una prisión de Nueva York.

Una corte federal estadounidense le imputa recibir millones de dólares del cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos en México, a cambio de protección para el trasiego de drogas, filtración de información sobre las investigaciones de la policía en su contra así como de otras bandas criminales con presencia en México, y de colocar a policías corruptos en las regiones controladas por los sinaloenses.

Según el fiscal, las comisiones millonarias se pagaron desde 2001 hasta la actualidad, aunque García Luna se declaró inocente de todos los cargos en su primera audiencia. Si lo condenan por liderar una empresa criminal, estará en prisión por entre 20 años y cadena perpetua. Dos altos funcionarios de su núcleo de confianza, Luis Cárdenas y Ramón Pequeño, también fueron imputados el pasado 30 de julio por colusión con el mismo cartel.

El revuelo que el caso está causando en México no viene solo del hecho que por primera vez un exsecretario de Seguridad Pública es procesado en EUA de tráfico de drogas, sino porque los tres imputados se consideran arquitectos de la llamada guerra contra el narco, una estrategia de seguridad que inició en 2006 el expresidente Felipe Calderón sacando al ejército a las calles y a la que muchos atribuyen el inédito nivel de violencia que hay en el país (en el primer semestre de 2020 la tasa de homicidios dolosos ha sido del 13,7 por cada 100.000 habitantes. El promedio de la OCDE es de 3,7).

El testimonio

"Retiraron la vigilancia de las carreteras sin ninguna explicación", asegura a Público Javier Herrera, quien fue comisario general de la Policía Federal Preventiva durante el mandato de García Luna, "dejaron libre el tráfico de cualquier ilícito, se nos incrementaron los accidentes por falta de policías", añade.

A Javier Herrera lo cesaron de su cargo en 2008 después de más de 30 años de servicio por ausencias injustificadas. Poco después lo encarcelaron por delincuencia organizada. Estuvo casi cuatro años en prisión. Todo sucedió después de que mandara dos cartas al expresidente Calderón, informándole de las irregularidades y actividades sospechosas que se estaban produciendo en el cuerpo policíaco que García Luna encabezaba. Hoy su caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por torturas y fabricación de delitos en su contra, entre otros. Para el, México no solo fue un narco-Estado, García Luna lideraba un cartel y ese cartel era el "oficial del Estado mexicano".

Mientras estuvo en activo testimonió la degradación de la Policía Federal. Se negó a dar su responsiva para que personas que habían suspendido los controles de confianza o que no cumplían los requisitos, accedieran al cuerpo de seguridad. "Les estaban cobrando 50.000 dólares para entrar en cargos directivos", explica Herrera.

Hay más

No todos coinciden en asociar a México con un narco-Estado. El periodista y autor de libros como Caudillos del Crimen, de la guerra fría a las narcoguerras, Ioan Grillo, lleva veinte años cubriendo la región latinoamericana y asegura que en México solo se puede hablar de ciertas instituciones —alcaldías, secciones de las fuerzas de seguridad— controladas por los cárteles de la droga. "Obrador está jugando con fuego usando ese término porque está descalificando el mismo Estado que está manejando", afirma.

Para Grillo, las palabras del presidente tienen más que ver con la intención de atacar a al expresidente Felipe Calderón, quien ha negado saber nada sobre las actividades ilícitas de su secretario de Seguridad.

Andrés Manuel López Obrador llegó al poder a finales de 2018 prometiendo el fin de la guerra contra el narco. En diciembre, después de la detención de García Luna, ordenó que se revisara si en su gobierno seguían habiendo funcionarios que participaron o estuvieron en el equipo del ahora acusado de colusión con el narcotráfico. A principios de agosto, dieciocho altos funcionarios fueron apartados de sus cargos por ello. Pero el excomisario Javier Herrera asegura que hay más.

"García Harfuch entró en 2008 sin ninguna capacitación", explica, en relación con el actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México; "a Antonio Pérez García, de los que dio 50.000 dólares para ingresar a la Policía Federal Preventiva en 2007, en mayo lo nombraron director de la Policía Federal Ministerial", continua. Pero para él, así como para muchos mexicanos con sed de justicia y hartos de impunidad, la expectativa está en si finalmente en alguna investigación aparecerá el nombre de Felipe Calderón.