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México Los 25 metros que separan a tres poblaciones mexicanas de morir ahogadas

Las empresas españolas FCC y Abengoa niegan su vinculación actual con la presa El Zapotillo, pese a que la creciente oposición ciudadana les acusa de estar directamente implicadas en un proyecto de hormigón que “viola los derechos humanos”

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Vista de pájaro de la presa 'El Zapotillo'. / Gobierno del Estado de Guanajuato

La histórica comunidad mexicana de Temacapulín, en Jalisco, vuelve a estar amenazada. Las aguas de río Verde acechan tras una pared de hormigón levantada por la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), junto con La Peninsular y el Grupo Hermes, ambas del empresario Carlos Hank Rhon, uno de los hombres más ricos de México. También la compañía española Abengoa observa fijamente este proyecto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como encargada de la construcción del acueducto que uniría el agua embalsada con su destino, situado a 140 kilómetros de distancia, en el estado de Guanajuato.

A pesar de la paralización de las obras por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, acaba de anunciar que la presa se va a levantar hasta una altura de 105 metros. La noticia supone el anuncio de la inundación de tres comunidades (Temacapulín, Acasico y Palmarejo), el desplazamiento de más de 1.500 personas, y la afectación a más de 600.000 agricultores, ganaderos y productores de la zona de Altos de Jalisco, una importante área para el abastecimiento de alimentos al país (aquí se produce alrededor del 20 por ciento del huevo y de la carne que se consume en México). Llevar agua a la ciudad de León es la excusa que acecha la vida de Temaca, como se conoce habitualmente al núcleo de población más numeroso, también el más importante desde el punto de vista histórico y patrimonial.

Nunca antes 25 metros fueron tan importantes. Son los que separan al proyecto inicial de El Zapotillo (la cortina de hormigón iba a medir los 80 metros de altura dictaminados por la Justicia) del que se pretende construir. “En un principio el agua estaba sólo prevista para la ciudad de León, en otro estado diferente a Jalisco, que es donde se generarían los impactos. Para intentar quitar los argumentos de soberanía estatal, se hizo el planteamiento de llevarla también a los Altos de Jalisco e incluso a Guadalajara, subiendo la cantidad de metros de la presa. Se dice que es para dar agua a las personas, pero sobre todo está comprometida para propósitos industriales en León”, explica a Público Claudia Campero, de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua. 

La controversia no sólo nace por los municipios inundados, sino por “las violaciones de derechos humanos” que denuncian varios colectivos, como el Comité Salvemos Temaca, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) o el Colectivo de Abogados, entre otros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ya advirtió a finales de 2009 que la planeación y construcción de la presa viola “los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud”.

Una de las abogadas que trabaja en el caso desde hace más de diez años, Claudia Gómez, explica a este medio que “existen varios peritajes que inciden en que el proyecto viola los derechos humanos y que no se han buscado alternativas”. Añade, además, que, de continuarse las obras, y si se consigue demostrar que es la única alternativa posible, “habría que hacer un juicio de proporcionalidad y determinar si la medida tomada amerita la violación de derechos que se va a hacer a los pueblos”. El antiguo relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, Miloon Kothari, ha calificado los desalojos como “graves violaciones de una serie de derechos internacionalmente reconocidos, en particular de los derechos humanos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud y a la educación”, entre otros. Su homólogo en temas de alimentación también ha sido crítico con el proyecto. 

Contestación ciudadana

Ante el anuncio de Sandoval Díaz, auspiciado por un informe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la ciudadanía ha vuelto a organizarse en la calle, bajo consignas como ‘Temaca no estás solo’. “No vamos a permitir que nos confundan diciendo que El Zapotillo es para beneficio de las mayorías a costa de las minorías; ¿no será que es para una minoría de empresarios y políticos corruptos que quieren privatizar el agua?”, ha espetado, por ejemplo, el sacerdote Gabriel Espinoza, uno de las voces habituales en este lucha. 

La Universidad de Guadalajara se ha unido a las críticas al proyecto. En una rueda de prensa celebrada el pasado miércoles, las comunidades afectadas apuntaron que “el estudio fue pretencioso porque sólo contempló variables para la construcción de la presa, pero no planteó otras alternativas para el manejo del agua”, y recordaron que se han pagado 4,6 millones de dólares (más de 4 millones de euros) para un estudio sobre una decisión “ya tomada”, no teniéndose en cuenta a la población afectada. 

Claudia Campero explica que “existe una fuerte argumentación sobre cómo esta propuesta no es sana desde una perspectiva de manejo del agua sustentable. Vuelve a ser una postura de trasvasar grandes volúmenes de agua con costos ambientales, sociales y energéticos importantes, en lugar de atender los problemas de manejo del agua que ya hay en los centros urbanos. Hay otras alternativas que la Conagua no ha querido considerar con seriedad y ha insistido en que la presa es la última alternativa. Y eso es falso”. 

La implicación de FCC

En las argumentaciones contra el proyecto con frecuencia salen los nombres de las empresas con capital español Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Abengoa. La primera siempre ha estado vinculada a la presa de El Zapotillo, participando activamente en lo levantado hasta la fecha. “La construcción de una presa es una decisión generalmente polémica para la comunidad donde se ubica, dado que supone el traslado de una población importante asentada en el lugar durante generaciones. Sin embargo, se trata de proyectos que resultan altamente beneficiosos para un conjunto de la población muchísimo mayor que la afectada directamente por los traslados”, dijeron en 2011 desde la compañía constructora a los periodistas que firman este artículo. 

Preguntados por la situación actual, FCC se limita a poner encima de la mesa la palabra “desvinculación”. Según el departamento de prensa, están “desvinculados del proyecto”, sin querer especificar ni desde cuándo ni cuáles son los motivos de dicha decisión. Lo cierto es que el informe anual de 2016 de la firma recoge que sigue participando de manera significativa en dos empresas mexicanas con idéntico nombre al de la presa en cuestión: ‘Administración y Servicios Grupo Zapotillo’ y ‘Constructores del Zapotillo’. 

La abogada Claudia Gómez explica que “FCC estuvo en toda la construcción, tuvo una oficina y presencia de personal de la empresa. Cuando vino la suspensión supimos que la oficina había cerrado y que mantenían poco personal en la obra, pero como todas las partes implicadas, pues apenas estaba la gente de vigilancia”. Gómez recuerda que esta empresa, con cuyo personal se ha reunido en varias ocasiones durante el proceso, siempre argumentó que “cuentan con los permisos legales y que si alguien viola los derechos humanos es del Gobierno mexicano y no ellos como empresas”.  

La coordinadora del IMDEC, María González, confirma a Público que, a pesar de la paralización, “las empresas constructoras no pierden, porque continúan cobrando al Estado mexicano sus seguros. Es decir, el proyecto Zapotillo, además de todas las violaciones, significa un derroche de recursos públicos”. En el año 2005 se estimó que la presa costaría casi 21.000 millones de peso, pero el monto no ha parado de aumentar. 

La presencia de Abengoa

Por su parte, Abengoa entró en el proyecto en un momento posterior, en 2011, asumiendo la construcción de los 140 kilómetros de acueducto para mover el agua a León. El nombre de la compañía está estos días en boca de los colectivos ciudadanos: “Las autoridades han intentado rescatar con fondos públicos a la empresa española Abengoa, que se declaró en crisis en 2014. El Gobierno de Guanajuato la entregó 100 millones de pesos (casi 5 millones de euros), el Gobierno de Jalisco 604 millones de pesos (cerca de 30 millones de euros) del fondo de pensiones de los trabajadores y el Gobierno federal 2,6 millones de pesos (1,2 millones de euros)”, denunció una integrante de Salvemos Temaca en la rueda de prensa celebrada en México DF el pasado 12 de julio. Ante la interpelación de este medio, desde Abengoa desmienten tener algo que ver con este dique, aferrándose al argumento de que el acueducto no es la presa, pero sin responder acerca del apoyo financiero recibido. 

El director de la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, Manuel Villagómez, ha subrayado que “la cortina a 105 metros solamente beneficia a la empresa española Abengoa, que ya no tiene medios económicos para ejecutar eventualmente el proyecto y que además recibió 604 millones de pesos del Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal); de manera que, al irle bien a la firma, recupera su dinero la dependencia que invirtió ahí el recurso de los trabajadores”, según recogen medios mexicanos. 

Recientemente, nuevos fondos de capital de pensionistas mexicanos han apoyado a Abengoa. Una nota de prensa de la propia compañía española, fechada en diciembre de 2014, afirma que ha logrado la financiación del acueducto El Zapotillo, principalmente, a través el Fondo Nacional de Infraestructura. Además se explica que las obras durarían tres años, mientras que la explotación privada se prolongaría por 22 años. 

Este mismo comunicado confirma otra de las críticas que recaen sobre el proyecto: la privatización del agua, declarada un derecho humano por Naciones Unidas desde 2010 e incluido además en la Constitución mexicana. “Las empresas que están construyendo las obras tendrán las concesiones del manejo del agua de la cuenca del río Verde por 25 años, a través de la venta de agua en bloque”, aseguran varios de los colectivos opositores. 

María González, desde la coordinación del IMDEC, apunta en este sentido que la decisión del gobernador de Jalisco “responde a los intereses de la Conagua, que se empeñan en continuar impulsando un modelo de gestión añejo, obsoleto, insustentable, inequitativo, privatizador y costoso. Favorece los intereses de las empresas que construyen y a las empresas para quienes va el agua. En Guanajuato, para la agroindustria y los desarrollos industriales; y en el Área Metropolitana de Guadalajara, para las constructoras e inmobiliarias que promueven el desarrollo desenfrenado en la ciudad”.

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