El día de San Valentín (14 de febrero) de 2018, Nikolas Cruz entró armado, poco antes de las tres de la tarde, con un rifle semiautomático AR-15 y más de 300 cartuchos de munición a su antigua escuela de secundaria, Marjory Stoneman Douglas, en Parkland (Florida, EE.UU), de la que había sido expulsado por indisciplina y problemas de conducta. Entonces tenía 19 años.

En siete minutos, activó la alarma de incendios para provocar la salida a los pasillos de los 3.000 estudiantes que asistían a clase en este centro, a las afueras de Boca Ratón. Apuntó y disparó 139 veces a los que estaban acurrucados en las aulas del primer y segundo piso del edificio 12 (ocupado por los alumnos de primer año), hasta acabar con la vida de 14 excompañeros de entre 14 y 18 años y tres empleados del instituto (un profesor, un director deportivo y un entrenador, de 35, 37 y 49 años, respectivamente). Dejó heridas a otras 17 personas más, antes de abandonar el campus sin ser detectado por las fuerzas de seguridad entre una multitud de estudiantes. 

Esta circunstancia hace que su caso sea una rareza. Será el primero que llegue a los tribunales en Estados Unidos debido a que, en otros ataques similares, los tiradores fueron abatidos. Se contabilizan hasta nueve casos previos en los que los atacantes murieron inmediatamente después de los hechos por suicidio o disparos de la Policía. Sin embargo, Cruz ha dejado de ser el único referente rápidamente. También sobrevivió el autor de la matanza de El Paso en 2019, con 23 muertos, aunque su delito aún está a la espera de juicio.

Una larga espera

El 7 de marzo de aquel mismo año, un jurado investigador le acusó de 17 cargos de asesinato premeditado y otros 17 de intento de asesinato por el tiroteo. En total, 34 acusaciones. La pandemia ha dilatado el momento de que sea juzgado. Han tenido que pasar cuatro años, cinco meses y dos días para que, finalmente, arranque el procedimiento.

Solo para la selección de los siete hombres y cinco mujeres que integraran el jurado (más una decena suplentes), se han requerido tres meses. Se evaluaron a 1.800 personas en un camino lleno de dificultades. Uno de los abogados de la defensa, Casey Secor, pidió un receso en las entrevistas a los candidatos por dar positivo en Covid, pero las rondas continuaron cuando todavía estaba en cuarentena.

La difícil labor de la defensa

Hace tan solo un mes, se solicitó un nuevo aplazamiento por parte del equipo jurídico que representa a Cruz. En su escrito, citaban los tiroteos en Buffalo (Nueva York), en el que murieron diez personas;  Uvalde (Texas), con 19 niños y dos maestras muertas en una escuela primaria;  y Tulsa (Oklahoma), donde se produjeron otras cuatro víctimas mortales. "Cualquier intento de llevar a cabo un juicio justo y constitucional a raíz de estas tragedias sería inútil", se recoge en el documento presentado ante la Corte.

El pasado mes de octubre, Cruz se declaró culpable de los 34 cargos en un intento de la defensa de pactar con la Fiscalía para que renunciase a la petición de la pena de muerte, pero no prosperó. "Lamento mucho lo que hice y tengo que vivir con eso todos los días", manifestó. El autor de la matanza admitió que tiene pesadillas con lo sucedido. "Si tuviera una segunda oportunidad haría todo lo posible para tratar de ayudar a los demás", añadió en su alegato. 

El juicio mediático juega en contra del acusado, pero su defensa tratará de atemperar las emociones de los miembros del jurado y presentará a Cruz como un individuo vulnerable, con problemas de salud mental. De hecho, el Departamento de Niños y Familias (DCF) de Florida evaluó a Nikolas Cruz en 2016, después de que protagonizase un vídeo en snapchat donde se autolesionaba. Ya entonces, su madre adoptiva, que murió de una neumonía en noviembre de 2017, advirtió a las autoridades de que su hijo tenía depresión, déficit de atención y autismo. En aquel momento, los médicos descartaron su hospitalización y le recetaron fármacos.

Dado este precedente, la defensa puede plantear varios atenuantes que se recogen en la normativa de Florida. Recordarán al tribunal que, antes del tiroteo, Cruz no tenía antecedentes penales y mantendrán que actuó bajo inestabilidad mental y emocional extrema, de forma que su capacidad para apreciar la criminalidad de su conducta o ajustarla a la ley podría haberse visto sustancialmente afectada.

Los agravantes del caso

La oficina de la Fiscalía estatal de Broward –norte de Miami- se apresuró a lanzar un comunicado en el que quedara claro que no habría negociaciones. Además, el fiscal principal, Mike Satz, ha defendido públicamente que Cruz no podrá beneficiarse de ningún atenuante, ya que su caso concentra varios factores que, por su gravedad, exceden el término medio tipificado.

La legislación estatal vigente contempla 16 posibles agravantes y, según la acusación, Cruz incurrió en siete de ellos, incluidos la atrocidad del ataque, la frialdad al rematar a los heridos y que su objetivo fuese perturbar la actividad de un centro educativo. 

Una de las pruebas claves que demostraría la premeditación está constituida por los vídeos que compartió en redes sociales. El FBI recibió una denuncia en 2017 que alertaba sobre un comentario de un usuario identificado en YouTube como Nikolas Cruz: "Voy a ser un atacante de escuelas profesional".  Tres días antes del tiroteo grabó una serie de videos de menos de 90 segundos en los que adelantaba su objetivo: "Hola. Mi nombre es Nik y voy a ser el próximo tirador escolar de 2018. Mi objetivo es matar al menos a 20 personas con un AR-15", afirmaba mientras sostenía el rifle que empleó en el ataque.

A este listado de evidencias, hay que sumar una nueva condena. Tras su detención, agredió a un funcionario de prisiones e intentó quitarle la pistola táser. Fue en noviembre de 2018 y reconoció los hechos. Este delito le ha valido una sentencia de 26 años de cárcel. 

La cadena perpetua, su única alternativa a la muerte

"Estos agravantes superan con creces cualquier circunstancia atenuante, cualquier aspecto relativo los antecedentes del acusado", sostuvo Satz en su alegato de apertura, que puede dejar al acusado más cerca de la pena capital. Su departamento se ha blindado. Presentará al menos a 900 testigos y aporta millones de páginas al expediente judicial.

Sin embargo, para que un acusado sea condenado a muerte, como piden los fiscales, el jurado deberá tomar la decisión por unanimidad. En la primera sesión, la jueza Elizabeth Scherer ha explicado las reglas a las que deberán someterse para dictar sentencia: si uno solo de los miembros rechaza la pena de muerte, el castigo de Cruz será cadena perpetua sin libertad condicional.

El juicio, que está previsto se prolongue durante cuatro meses, se celebra en un momento en que el debate sobre las armas y la seguridad de las escuelas vuelve a estar muy presente en Estados Unidos. Este caso, en concreto, se encuentra entre los diez tiroteos más mortíferos de la historia del país.

Una década y media sin ejecuciones... Hasta Trump

El sistema de justicia norteamericano establece que los delitos pueden ser juzgados en tribunales federales (a nivel nacional), o en tribunales estatales (a nivel regional), en función de la gravedad de los mismos.

En 1972, la Corte Suprema de los Estados Unidos ilegalizó la pena capital, tanto a nivel estatal como federal, pero en 1976 la restableció en varios estados y, en 1988, el gobierno aprobó que la pena de muerte pudiera aplicarse otra vez a nivel federal. La última ejecución, hasta el 25 de julio de 2019, se produjo en 2003. Es decir, durante 16 años, la pena de muerte federal permaneció 'dormida' y, aunque no se suspendió formalmente, parecía desterrada al pasado.

Sin embargo, la Administración de Trump decidió recuperarla. Y de qué manera. El entonces fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dio instrucciones a la Oficina Federal de Prisiones de adoptar un nuevo protocolo y programar nuevas ejecuciones. La inyección letal a Daniel Lewis puso fin a la moratoria de facto del expresidente Barack Obama. Solo en 2020, Estados Unidos ejecutó a 17 personas. A las diez ejecuciones federales, hay que sumar otras siete llevadas a cabo en Texas (tres), Alabama, Missouri, Tennessee y Georgia.

El presidente demócrata Joe Biden ha mantenido públicamente una postura de oposición a la pena de muerte. Hace justo un año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una nueva moratoria sobre las ejecuciones federales, al denunciar su "arbitrariedad" e "impacto desproporcionado en las personas de color", lo que supuso un cambio drástico respecto al anterior gobierno. Sin embargo, el actual presidente estadounidense solicitó al Tribunal Supremo volver a imponer esta pena contra Dzhokhar Tsarnaev, uno de los autores del atentado de la maratón de Boston de 2013. Esta petición podría marcar el destino de Cruz.

Una pena no disuasoria

En un caso como el de Parkland, donde no queda un margen de duda sobre la autoría del delito, es importante recordar que, tal como recoge Amnistía Internacional en sus informes, la pena de muerte no tiene un efecto disuasorio.

Hong Kong, por ejemplo, abandonó las ejecuciones hace más de medio siglo. En cambio, Singapur, una ciudad de tamaño similar, sigue aplicando la pena capital. Pese a sus diferentes enfoques, el índice de asesinatos en ambas ciudades ha mantenido cifras similares a lo largo de las décadas.

Así mismo, el sur de Estados Unidos tiene la tasa de asesinatos más alta del país y supervisa el 81% de las ejecuciones de la nación. En estados sin la pena de muerte, la tasa de asesinatos es mucho más baja.