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Boris Johnson Varapalo del Supremo del Reino Unido a Johnson: declara ilegal la suspensión del Parlamento

Los jueces, que han tomado la decisión por unanimidad, consideran que "la decisión de aconsejar a Su Majestad que suspendiera el Parlamento fue ilegal porque tenía el efecto de frustrar o impedir su capacidad de llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable". El Parlamento volverá a funcionar desde este miércoles.

Ciudadanos protestan ante las puertas del Tribunal Supremo británico por la suspensión del Parlamento ordenada por Boris Johnson. /REUTERS

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El Tribunal Supremo del Reino Unido ha declarado ilegal, por unanimidad de sus once magistrados, la decisión de Boris Johnson de suspender la actividad del Parlamento británico. Los jueces defienden la prevalencia del Parlamento, en su capacidad legislativa y de control, sobre el Gobierno. Por lo tanto, consideran que la decisión del primer ministro de cerrar el periodo de sesiones en Westminster durante un plazo de cinco semanas, frustró la intención de los diputados de frenar un Brexit sin acuerdo con la UE. 

El Supremo argumenta que perjudica la actividad legislativa y "no hay justificación" para una medida que podría acarrear consecuencias "extremas" para la democracia.

El Supremo ha determinado en primer lugar que tiene competencias para pronunciarse sobre el tema, por entender que analizar los límites de este tipo de suspensiones son también una "cuestión de los jueces" y no forman parte únicamente del debate político.

La corte, que ha reunido a once magistrados para analizar este caso --el mayor número posible--, ha asumido que "no es una suspensión normal" por el tiempo elegido por el Gobierno, en la medida en el que la actividad no se retomaría hasta el 14 de octubre, a 15 días de la fecha del Brexit."

En un fallo histórico, la presidenta del Supremo, Brenda Hale, afirmó que la suspensión de las cámaras, adoptada por el líder "tory" el pasado agosto, fue "nula" y queda "sin efecto". El panel de magistrados valoró que el asesoramiento de Johnson a la reina Isabel II, jefa de Estado, para proceder al cierre parlamentario -del 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, poco antes del "brexit"- no se ajustó a la legalidad pues perseguía "frustrar o impedir" que el Parlamento desempeñara sus "funciones constitucionales".

Las dos cámaras de Westminster quedaron clausuradas al término de las sesiones del pasado 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, cuando estaba previsto que la reina Isabel II inaugurase un nuevo curso parlamentario al leer la nueva agenda del Gobierno de Johnson.

El Supremo, que escuchó durante tres días los distintos alegatos de las partes, tenía que examinar dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de Escocia, que consideró ilegal la medida adoptada por el jefe de Gobierno, y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que la cuestión era competencia política.

El Parlamento reanudará su actividad este miércoles

El fallo del Supremo ha derivado en que el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, haya dado instrucciones para que el Parlamento reanude este mismo miércoles a las 12:30 hora local sus sesiones. Bercow ha manifestado su satisfacción por el dictamen del Supremo y ha explicado que ha estado en contacto con los líderes de los partidos políticos para continuar mañana con las sesiones parlamentarias.

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, ha pedido a Boris Johnson que "reconsidere su posición" al frente del Gobierno. Tras conocer el histórico dictamen, los asistentes al congreso laborista que se celebra estos días en Brighton irrumpieron en gritos de "¡Johnson fuera!", secundando la petición de su líder de que se vaya el primer ministro, actualmente en Nueva York para asistir a la asamblea de las Naciones Unidas.

Corbyn celebró que el Supremo haya confirmado que Johnson "actuó mal al clausurar el Parlamento" y que mostró "un desprecio por la democracia". El líder laborista dijo previamente que, si el Parlamento reanudaba las sesiones -como así hará-, lo primero que haría sería impulsar medidas para prevenir que el primer ministro pudiera volver a suspender las sesiones sin un motivo legítimo.