Familiares de víctimas de guerra  expertos de la ONU han levantado la voz ante la posibilidad de que el Congreso de Guatemala apruebe una amnistía para militares que cometieron genocidio y delitos de lesa humanidad. La conocida como Ley 5377 ya ha superado dos de sus tres lecturas y amenaza con sacar de la cárcel a los responsables condenados por los crímenes cometidos durante una guerra civil que dejó al menos 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

Seis relatores y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU han instado al Congreso guatemalteco a no aprobar la propuesta de reforma de la Ley de Reconciliación Nacional. Los expertos de Naciones Unidas han explicado en un comunicado que la iniciativa "establecería un mecanismo automático para extinguir la responsabilidad penal de todos los responsables de las violaciones graves de los Derechos Humanos cometidas durante la guerra (1960-1996)".

Han detallado que, de aprobarse esta reforma legal, toda persona declarada culpable de haber cometido un delito en el conflicto armado quedaría impune. Así, aquellos que hayan sido juzgados o estén implicados en un proceso penal por tales actos deberían ser liberados en un plazo de 24 horas. "Las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos excluyentes de responsabilidad son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los Derechos Humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros", han dicho.

En concreto, han recordado que "la falta de investigación y enjuiciamiento de tales violaciones constituye una grave violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos" que afectaría seriamente a los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Además, han alertado de que podría desatar un "círculo vicioso de violencia" con represalias a víctimas, jueces, fiscales, abogados, demandantes, testigos, peritos y otras personas involucradas en juicios de Derechos Humanos, "poniendo en riesgo su propia seguridad y la de sus familias".

Los expertos de la ONU temen asimismo que la iniciativa 5377 "se inscriba en una estrategia más amplia para evitar o revertir los progresos alcanzados en la lucha contra la impunidad por graves violaciones a los Derechos Humanos en Guatemala, que afectó mayoritariamente a pueblos indígenas". Ya emitieron una advertencia similar en abril de 2018, avisando de que este cambio legislativo "constituiría un grave retroceso para el sistema de justicia, el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad por las graves violaciones de los Derechos Humanos en Guatemala".

Por su parte, los familiares de las víctimas han advertido que demandarán a los diputados que aprueben la amnistía. "Sería un retroceso en la historia y una ofensa para las víctimas si se aprueba la Ley 5377", ha declarado Miguel Itzep, coordinador del Movimiento Nacional de Víctimas Q'anil Tinamit, en el marco de una conferencia de prensa a las afueras del Congreso.

Itzep ha explicado que si el Congreso aprueba la iniciativa, que ya pasó dos de sus tres lecturas, van "a presentar una demanda penal" contra los diputados. Primero, ha dicho, se hará contra los parlamentarios que promovieron la iniciativa de la amnistía y luego contra quienes hayan votado a favor de la normativa porque "no estamos de acuerdo con que los militares que están presos por genocidio salgan libres". "Básicamente lo que estamos reiterando a los diputados es que no aprueben la ley", ha enfatizado.

En tanto, Feliciana Macaria, de la Comisión Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), ha declarado que "rechazamos la insistencia de los diputados de promover la amnistía" porque representa "un retroceso" a los Acuerdos de Paz firmados el 29 de diciembre de 1996 y que pusieron fin a los 36 años de conflicto armado interno. "Sería una clara burla para los sobrevivientes y (los diputados) serían cómplices de la impunidad y el genocidio", ha asegurado.

En un pronunciamiento, varias organizaciones que aglutinan a familiares de las víctimas de la guerra han expresado su rechazo a la amnistía general que dejaría en libertad a las personas procesadas y condenadas por los crímenes de guerra. "Esto conlleva graves riesgos y repercusiones para víctimas, testigos, fiscales, jueces y personas que han acompañado los casos", han advertido.

La impunidad y la política de "borrón y cuenta nueva" afecta la dignidad y la integridad de las víctimas y los sobrevivientes que se verían "burlados y revictimizados una vez más", han afirmado. "La amnistía es lesiva a las aspiraciones de construcción de la paz, la reconciliación y la democracia de nuestro país. Es un retroceso que abriría las pruebas para más violencia, confrontación y división entre los guatemaltecos", han continuado.

Y es por ello que han insistido que los diputados que apoyen la amnistía "serán acusados de obstrucción a la justicia y abuso de autoridad por violentar los preceptos constitucionales del bien común y legalidad, y violar tratados internacionales en materia de derechos humanos". El conflicto armado que acabó el 29 de diciembre de 1996 dejó al menos 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, además de más de un millón de desplazados internos, con el 93% de los crímenes atribuidos al Ejército y grupos paramilitares, el 3% a la guerrilla y el restante indefinido.