* Responsable de los servicios jurídicos de CEACCU (La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios)

No es extraño que en el Real Decreto-ley 1/2017 publicado hoy en BOE, no haya una sola referencia al art. 51 de la Constitución que impone a los poderes públicos la obligación de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Y no es extraño, porque la norma no protege a los consumidores, sino a la banca. El Gobierno, con la complicidad de quienes silentes en la Cámara lo consienten, actúa de amanuense de las entidades financieras transcribiendo en el Boletín Oficial del Estado el dictado de la banca. Fiel a sus intereses, sumiso a sus órdenes, indiferente ante el sufrimiento que ha supuesto para muchas familias la pérdida de sus hogares por quienes, en contra de la buena fe, minaron de condiciones abusivas sus contratos y se llevaron sus esperanzas.

Con la complacencia de nuestra clase política se ha expoliado a nuestra sociedad. A nuestros mayores, aquéllos que no disfrutaron de un capricho para otorgarnos las posibilidades que ellos no tuvieron, se les robó sus ahorros con la colocación masiva de preferentes, obligaciones subordinadas y otros productos complejos de altísimo riesgo que nunca pidieron. A nuestros jóvenes, se les condenó a penas de 40 años de hipoteca, con una artificiosa inflamación de la valoración de sus hogares y mediante la imposición de contratos próximos al vasallaje medieval en lugar del estado social en que debíamos vivir. A la clase media se le esquilmó, a través de la manipulación de cuentas, auspiciadas por quien fuera el mismísimo Ministro de Economía y Director Gerente del Fondo Monetario Internacional con aquélla salida a bolsa de Bankia, que nada valía.

Con el Real Decreto-ley hoy publicado, no se protege a los consumidores, se les engaña nuevamente. El mismo Gobierno que durante años consintió la aplicación de la cláusula suelo y que durante el proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se alineó con la banca en contra de los usuarios defendiendo que no se devolviera las cantidades indebidamente percibidas, vuelve a dar la espalda al ciudadano.

En primer lugar el Real Decreto-ley maltrata y olvida una vez más a los pequeños autónomos y modestos empresarios (el 99,2% de nuestro tejido empresarial) a quienes también se engañó con la cláusula suelo. En segundo término restringe el concepto normativo de consumidor expulsando a Comunidades de Propietarios y Organizaciones sin ánimo de lucro. En tercer término, cuando ya existe una sentencia firme del TJUE que les obliga a la devolución íntegra de cantidades, concede a la banca un nuevo plazo de 4 meses para responder (muy superior al que tuvieron gran parte de los desahuciados que perdieron sus hogares y a los que las entidades no dieron esa tregua). En cuarto lugar, en caso de formalización de escritura pública e inscripción registral tras el acuerdo extrajudicial no impone al banco tampoco la asunción de dichos costes. Como quinta perla, deja en manos de las entidades que de manera enmascarada impusieron esta opaca condición, el cálculo de las cantidades que hubieren percibido. Como sexta joya, les dispensa de soportar los gastos judiciales que pudieran ocasionarse (un privilegio que ni siquiera tienen instituciones como Cruz Roja o las asociaciones de utilidad pública siendo diferente la exoneración de costas procesales al beneficio de abogados o procurador gratuito que reconoce la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita). Y finalmente, no establece sanción alguna, para quienes han esquilmado el fruto de nuestros ahorros.

Retorcer la legalidad y el pronunciamiento del TJUE en perjuicio de los miles de consumidores afectados y en beneficio de la banca supone despreciar miserablemente las penurias que han padecido y padecen tantas familias. No puede premiarse a las entidades que impusieron una cláusula abusiva que ha sido calificada como “engañosa” y “enmascarada” sin la asunción del coste económico por su conducta abusiva y hacer recaer dicha carga en el consumidor cliente, castigando a la parte contratante que ha sido inocente, y cuya buena fe ha sido sorprendida por aquélla entidad. No puede protegerse a las entidades financieras que han empleado cláusulas suelo de manera poco transparente.

Los tres Magos del Congreso entregan hoy su tributo a sus dioses: oro, incienso y mirra para la banca en forma de Real Decreto-ley.