Las últimas semanas han dejado claro que las palabras de Donald Trump sobre Groenlandia ya no pueden despacharse como simples exabruptos políticamente estrafalarios. En paralelo a una operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro —y que ha abierto un intenso debate internacional sobre su legitimidad jurídica— el presidente de Estados Unidos ha vuelto a situar a Groenlandia en el centro de la política exterior de Washington. Esta vez, sin ambages: la Casa Blanca ha reconocido que el uso de la fuerza está "siempre entre las opciones" para adquirir la isla ártica, considerada "prioridad de seguridad nacional", aunque otros responsables insistan en que la vía preferente sería una compra diplomática.

El escenario es inédito y profundamente inquietante. Un aliado de la OTAN, Dinamarca, y un territorio autónomo bajo su soberanía, Groenlandia, se convierten en objeto de un debate público en Estados Unidos sobre la posibilidad de un cambio territorial incluso por medios militares. La reacción europea ha sido inmediata y contundente: Bruselas y los gobiernos europeos han rechazado de plano cualquier intento de anexión o alteración territorial por la fuerza, recordando que "nada puede decidirse sin Dinamarca y sin el pueblo groenlandés" y reafirmando su compromiso con el Derecho Internacional y el multilateralismo. Una respuesta unitaria que, en los tiempos que corren, hay que valorar, aunque por ahora se quede en el plano dialéctico.

Conviene subrayarlo desde el inicio: Groenlandia no es una anécdota geopolítica ni una pieza menor en el tablero global. Con una población de apenas 57.000 habitantes, mayoritariamente inuit, disfruta de un amplio autogobierno desde 1979, reforzado en 2009, con competencias extensas en educación, salud y gestión de sus vastos recursos naturales. Dinamarca conserva la defensa y las relaciones exteriores, en un delicado equilibrio de soberanía compartida que refleja tanto la historia colonial como las aspiraciones de futuro de la sociedad groenlandesa. Ese equilibrio se ve tensionado por una dependencia económica significativa de los subsidios daneses y por un interés internacional creciente en sus recursos.

Ese interés no surge de la nada. El cambio climático está transformando el Ártico a una velocidad sin precedentes, abriendo posibilidades de explotación de minerales críticos para la transición energética —como las tierras raras— y de nuevas rutas marítimas que podrían alterar el comercio global. En ese contexto, Groenlandia se convierte en un pivote geoestratégico entre América del Norte y Europa, y en un punto de observación privilegiado para Estados Unidos frente a Rusia.

Es aquí donde el debate exige matices que suelen perderse en la retórica del imperialismo norteamericano. Conviene rebajar esa retórica y analizar con frialdad las capacidades reales. Estados Unidos no es, en términos estructurales, la gran potencia del Ártico. Aunque es un Estado ártico por Alaska, su presencia territorial, logística e infraestructural en la región es claramente inferior a la de otros actores clave, en particular Rusia. Esto explica que, durante décadas, Washington haya mantenido un perfil relativamente bajo en el Ártico, muy lejos del protagonismo que ha tenido en otros espacios estratégicos del planeta.

Rusia es hoy el único actor que opera en el Ártico desde una posición de ventaja estructural. Para Moscú, el Ártico no es una periferia, sino un espacio central de su identidad geográfica, económica y estratégica, para el que se ha preparado durante décadas mediante una visión de largo plazo que integra recursos, logística, poder militar y Derecho. La Zona Ártica de la Federación de Rusia concentra una parte sustancial de sus reservas de hidrocarburos y minerales, lo que ha impulsado inversiones masivas en infraestructuras portuarias, energéticas y de transporte, así como el desarrollo de la Ruta Marítima del Norte como corredor logístico bajo control estatal, respaldado por la mayor flota de rompehielos del mundo, incluidos rompehielos nucleares.

Esta ventaja se refuerza en el plano militar, con la reactivación de bases soviéticas, el despliegue de sistemas de defensa aérea y fuerzas especializadas en operaciones en clima extremo, convirtiendo el Ártico en un pilar de su doctrina de defensa y de su proyección estratégica. Pero Rusia no actúa solo mediante la fuerza: ha hecho un uso sistemático y estratégico del Derecho Internacional —lo que puede calificarse de lawfare ártico— presentando reclamaciones de plataforma continental conforme a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982) y desarrollando una regulación detallada de la navegación en la Ruta Marítima del Norte. Así, combina hechos consumados sobre el terreno con una narrativa de legalidad que refuerza su control efectivo del espacio ártico.

La comparación con Estados Unidos revela una asimetría clara. Frente a la densa red de bases, la infraestructura permanente y la capacidad logística rusa, Washington cuenta con una flota de rompehielos muy limitada, infraestructuras escasas en Alaska y una fuerte dependencia de aliados para operar de forma sostenida en la región.

Por todo ello, la estrategia estadounidense en el Ártico es fundamentalmente reactiva y selectiva. Washington actúa allí donde el valor estratégico es máximo —especialmente en Groenlandia—, pero carece de la capacidad material y logística necesaria para ejercer un control amplio y sostenido comparable al ruso. Su aproximación responde más a la lógica de un poder global que protege nodos clave que a la de un actor con vocación de dominación territorial integral. Groenlandia no es, por tanto, la prueba de un imperialismo ártico estadounidense consolidado, sino el síntoma de una limitación estructural: Estados Unidos necesita la isla como nodo geoestratégico precisamente porque no controla el Ártico en su conjunto.

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Un liderazgo como el de Donald Trump refuerza estas aspiraciones en el plano retórico y político, pero no las consolida en términos materiales ni institucionales. Aumenta la confrontación y la visibilidad estratégica, mientras debilita los instrumentos —alianzas, Derecho Internacional y cooperación científica— indispensables para una influencia duradera y legítima en la región.

El problema surge cuando esa necesidad estratégica se formula en términos que desprecian abiertamente el Derecho Internacional. Las declaraciones de Trump, afirmando que su autoridad no está limitada por normas jurídicas internacionales sino por "su propia moral", erosionan los principios que sostienen el orden internacional contemporáneo. La prohibición del uso de la fuerza, la soberanía territorial y la autodeterminación de los pueblos no son obstáculos opcionales, sino pilares del sistema.

La discusión sobre Groenlandia no es un episodio aislado ni un capricho personal de un líder. Es una encrucijada sobre el futuro del orden internacional en el Ártico y más allá. Si se normaliza la idea de que los territorios pueden "adquirirse" por necesidad estratégica, se socavan las bases mismas de la seguridad y de la justicia global. Frente a esa deriva, el Derecho Internacional y una Unión Europea firme y coherente en sus valores fundacionales no son un adorno moral, sino una necesidad estratégica de primer orden.