“El preacuerdo de la Cañada es el inicio del fin de un problema ambiental, urbanístico y de orden público social” -Francisco Granados, consejero madrileño de Presidencia-

Frente al problema del chabolismo, una solución clásica de las autoridades ha sido mover de sitio el problema. En vez de resolverlo, se traslada, lo que permite una solución temporal hasta que el problema engorda otra vez y toca nueva mudanza.

Hace décadas se permitía que las poblaciones marginales se instalasen en las afueras de las ciudades. Los núcleos chabolistas se mantenían en zonas alejadas del centro, mal comunicadas e invisibles. Pero con el tiempo la ciudad crecía y llegaba hasta allí, por lo que de nuevo había que moverlos. Se los llevaba más lejos, o con suerte se los alojaba en viviendas que, a falta de medidas sociales, se convertían en chabolas verticales con los mismos problemas.

La evolución del modelo nos ha llevado hoy al último invento en políticas contra la exclusión: la chabola errante. Lo vemos estos días en Sevilla, donde 300 personas llevan más de una semana vagando por las afueras de la ciudad, asentándose cada día en un nuevo descampado del que en seguida son desalojados. Hace cuatro meses un enfrentamiento entre familias les hizo huir de los pisos donde vivían en el conflictivo Polígono Sur. Allí habían llegado hace cinco años, tras una medida peculiar: el ayuntamiento les dio dinero para que dejasen las chabolas y se buscasen la vida.

Ahora que en Madrid por fin hay voluntad de resolver el agujero negro de la Cañada Real, no sabemos si las autoridades considerarán el modelo de chabola errante como solución para la población más marginal. Esperemos que entiendan que el chabolismo no es sólo un problema de vivienda. Por ahora, las medidas sociales dependerán del gobierno de Esperanza Aguirre, siempre tan sensible.