Lorenzo Vidal

Miembro del colectivo econoNuestra

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), propone una serie de medidas de carácter urgente para paliar las consecuencias más devastadoras del desbaratado modelo de acceso hipotecario a la vivienda: los desahucios y el lastre de la deuda. La dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios hipotecarios y el establecimiento de un alquiler social no superior al 30% de los ingresos mensuales del arrendatario afectado, por un periodo de 5 años, son medidas necesarias que deben imponerse a través de la presión popular.

La ILP sin embargo, se sitúa en el marco más amplio de una movilización social que clama para que el derecho a la vivienda se haga efectivo de una vez por todas, para que, a partir de las ruinas del modelo actual, surja un modelo de acceso a la vivienda más justo. Sin ir más allá, ¿qué pasará cuando se acabe el periodo de 5 años de alquiler social? Por otra parte, ¿qué pasa con los jóvenes cuya emancipación del hogar familiar es eternamente postergada?, ¿hasta cuándo tendremos que aguantar el agobio de no poder llegar a fin de mes por la losa que supone el pago del alquiler o las cuotas de la hipoteca?

Estas preguntas, y muchas otras, apuntan a la necesidad de luchar por otro modelo radicalmente distinto al actual. Un modelo que no ligue el acceso a una vivienda digna y estable al devenir de las dinámicas mercantiles, encarnadas en su forma más pura por el mercado hipotecario.

Muchas voces abogan porque el mercado del alquiler adquiera mucha más importancia de la que tiene en la actualidad. El desfase hipotecario en el Estado español se ha traducido en una desproporción extrema entre regímenes de tenencia: aproximadamente un 82% de la población vive en régimen de “propiedad” (hipotecas pagadas o en curso) y sólo un 9% en régimen de alquiler libre. En Alemania por ejemplo, el 40% vive en alquiler y el 53% ha comprado, o está en proceso de comprar, su casa.

La vía del alquiler, si se despliega acertadamente, puede tener sus ventajas, como un pago mensual más reducido y olvidarse del endeudamiento. Pero en cuanto a estabilidad, e incluso coste, no está la cosa garantizada. Una apuesta por la regulación de los precios y la protección de los derechos del arrendatario tiene recorrido, pero con un tope muy claro: que el mercado del alquiler es precisamente eso, un mercado, en el que las decisiones las toman propietarios privados en aras de la rentabilidad. Poco incentivo para apostar por el alquiler va a tener un propietario si las perspectivas son ganancias míseras y un inquilino que va a tener más poder decisorio sobre el uso de la vivienda que él. Para que esta opción funcione, hay que buscar un precario equilibrio entre los intereses opuestos del propietario y del arrendatario que seguramente nunca va a contentar a los dos.

Siempre queda la gracieta además, de pensar que parte de tus esforzados ahorros van directamente a los bolsillos de un rentista, quien mantendrá, para siempre, la propiedad sobre tu hogar. Cabe recordar asimismo, que los desahucios por impago de alquiler también existen, aunque tengan menor atención mediática, y que en épocas de crisis se intensifican. Quedarse en paro o tener ingresos precarios te aboca igualmente a la infra-vivienda o al hacinamiento en pisos sobre-compartidos.

Otra opción apunta a que el Estado tome las riendas de la situación mediante viviendas de propiedad estatal ofertadas a través de un alquiler social. En este apartado, el esfuerzo del Estado español palidece también ante cualquier comparación europea. Pero aunque parece que en este caso se puede superar el antagonismo propietario-arrendatario, en realidad este se pasa a expresar en otro nivel: en torno al origen del financiamiento del Estado para cubrir el coste de las viviendas sociales subvencionadas. Eso es, si la factura se paga con impuestos sobre el trabajo (salarios) o sobre el capital (beneficios). A lo que hay que añadir el conflicto en torno a la exclusión del capital de espacios de rentabilidad muy suculentos como es el mercado de la vivienda. Aún por un recorrido más largo, el antagonismo se vuelve a encontrar en el terreno de los beneficios de los propietarios en una economía capitalista.

Estos conflictos se expresan en el hecho de que lo que el Estado te da, también te puede quitar. Un ejemplo ilustrativo es el caso del Reino Unido. A finales de los años 70, aproximadamente un 40% de la población vivía en viviendas de propiedad estatal. A mano de presiones fiscales, una serie de reformas privatizadoras han ido reduciendo ese porcentaje hasta el 12% actual. Que el Estado gestione tu vivienda además, también supone que lo haga en sus propios términos. Así, en cuanto a actividades políticas, por ejemplo, a los participantes en la revuelta de agosto de 2011 en Inglaterra que habitaban vivienda estatal, se les amenazó, junto a sus familias, con desahucios sancionadores.

Aterrizando en nuestra realidad, la dudosa buena fe estatal queda plasmada, por ejemplo, en los sonados desahucios del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y la Empresa Municipal de Viviendas y Suelo de Madrid (EMVS). Juntas lanzaron en torno a 40 desahucios diarios en los últimos meses de 2012, según cifras de la PAH, a la vez que mantenían vacías decenas de viviendas de protección oficial.

Otro modelo, prácticamente inexistente en el Estado español, pero con presencia significativa en diversos países, es el de las cooperativas de vivienda en cesión de uso. En esta modalidad, la propiedad de las viviendas reside siempre en manos de la cooperativa, sus miembros participan en la gestión y disfrutan del uso de su vivienda a través de un alquiler acordado y asequible. Los cooperativistas pueden residir en la vivienda de forma indefinida y aunque no pueden vender ni re-alquilarla, sí pueden transmitirla a familiares de primer grado.

Estas cooperativas surgen en el marco de organizaciones sociales como sindicatos y asociaciones. Los ejemplos van desde la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) en Uruguay, que aglutina a 15 mil familias, a las 125 mil viviendas Andel que existen en Dinamarca, con uno de cada tres habitantes de Copenhague viviendo en este régimen de tenencia. Estas experiencias van más allá de pedir la intervención estatal y toman la iniciativa para construir el derecho a la vivienda desde abajo, conformando un parque de viviendas populares que perdura en el tiempo. Sus prácticas van desde la ocupación de tierras urbanas para forzar cesiones de espacios hasta presión para conseguir préstamos por debajo del precio del mercado para comprar tierras y construir viviendas.

Aunque no exenta de contradicciones o limitaciones, esta vía aúna dos características importantes: acorrala los circuitos en los que rige el lucro y permite autogestionarse el hogar en un marco colectivo, liberado de la dependencia en un propietario ajeno, sea privado o estatal. Esta es una vía que se está explorando en el Estado español a través de asociaciones como Sostre Cívic, y en la que también resuenan los imaginarios que subyacen en las prácticas del movimiento okupa.

Con la ILP como cuña, ahora es el momento de extender el debate sobre el modelo de vivienda que queremos. Pero mientras el debate teórico tiene su utilidad, es en la práctica de cada desahucio parado y cada okupación como la realidad se va transformando.