Hay pruebas más que suficientes, acumuladas durante estos años de crisis, de que algunos de los supuestos del pensamiento económico dominante son erróneos. Entre estos supuestos destacan los siguientes:

1. Hace falta recortar el gasto público, incluido el gasto público social, para reducir el déficit y así recuperar la confianza de los mercados. La evidencia muestra que estos recortes (su intensidad y rapidez) han sido contraproducentes, y han contribuido al descenso de la demanda y a la disminución del crecimiento económico. Incluso el FMI lo ha reconocido.

2. Hace falta bajar los salarios para aumentar la competitividad, incrementando las exportaciones, cosa que nos ayudará a salir de la crisis. Otra vez, los datos no avalan esta postura. Los salarios han ido bajando, cosa que ha contribuido al descenso de la demanda y a la desaceleración de la economía. Es más, el incremento de las exportaciones (que ha ocurrido durante la crisis) no ha causado una reavivación de la economía, que continúa estancada, ni tampoco una disminución del paro, que es el problema –no solo social sino también económico- más importante que tiene el país.

3. Las políticas de austeridad son necesarias para salvar el euro. En realidad, el euro nunca ha estado en peligro. Su salud es robusta, incluso excesivamente robusta, ya que es más que probable que esté sobrevalorada, cosa que dificulta la recuperación económica de la eurozona. Las constantes alarmas sobre el hecho de que el euro estaba a punto de caer eran argumentos utilizados para presionar a los gobiernos, sobre todo los de los países periféricos de la eurozona, para adoptar políticas altamente impopulares. En realidad, el capital financiero europeo, y muy especialmente el alemán (que domina el gobierno del euro), se ha beneficiado enormemente de la existencia del euro.

4. La falta de frugalidad y el excesivo gasto público de los países periféricos de la eurozona son los responsables de la crisis del euro. La evidencia muestra que todos estos países tienen estados pobres, con un gasto público –incluyendo el gasto público social- muy bajo, y que su endeudamiento se deba primordialmente a la escasez de ingresos al Estado, una escasez provocada en parte por la regresividad de sus políticas fiscales y el excesivo poder de las fueras conservadoras sobre sus estados. Todos estos estados son poco redistributivos. La prueba de esto es robusta y contundente.

5. Las políticas de austeridad implementadas por los estados son las únicas posibles. Es fácilmente demostrable que esta aseveración no tiene credibilidad. Hay miles de ejemplos de alternativas. El estado español (tanto central como autonómico), en lugar de recortar 6.000 millones de euros en sanidad, podría haber anulado la bajada de impuestos a las grandes empresas financieras, industriales y de servicios, incluyendo también las que ingresan más de 120 millones de euros al año (que representan solo el 0,12% de las empresas en España), y hubiera conseguido una cantidad equivalente; o en vez de recortar 600 millones en los servicios domiciliarios para las personas con dependencia, podría haber recortado las subvenciones a la Iglesia católica por impartir docencia de religión en las escuelas públicas. La evidencia científica muestra que por cada recorte había una alternativa. El hecho de que los recortes se focalizaran en algunos sectores a costa de otros se debe al diferente grado de influencia que tienen los diferentes sectores sociales sobre el estado.

6. La elevada deuda pública de los estados y sus dificultades para vender sus bonos públicos se deben al excesivo gasto de estos estados. Los datos no muestran una relación entre el gasto público, por un lado, y los intereses de la deuda pública, por el otro, o entre el tamaño de la deuda pública y el nivel de los intereses de la deuda pública. La evidencia científica muestra que la causa principal del llamado problema de la deuda pública de estos estados se debe primordialmente a la falta de un banco central que, comprando su deuda pública, los proteja ante la especulación de los mercados financieros. Y esta vulnerabilidad fue impuesta a los estados cuando se estableció un Banco Central Europeo que no es un banco central sino un grupo de presión al servicio de la banca, y muy especialmente de la banca alemana. Esta normativa fue diseñada para debilitar a los estados, y es el resultado del dominio del pensamiento liberal en la construcción de las instituciones que gobiernan el euro.

7. Los problemas de la Eurozona se deben a la falta de liderazgo político. Esta aseveración también tiene poca credibilidad. Hoy el gobierno alemán está alemanizando a la Eurozona, imponiendo a los países de la zona monetaria (con la complicidad de las élites gobernantes) unas políticas de austeridad encaminadas a hacer que estos estados paguen la deuda pública que está en manos de los bancos alemanes, entre otros. Como reconoció Peter Bofinger -economista asesor del gobierno Merkel- en sus comentarios al Parlamento alemán, la ayuda financiera a España era en realidad una ayuda a los bancos alemanes. Hoy el gobierno alemán lidera la Eurozona imponiendo unas políticas que afectan negativamente al bienestar de las clases populares de aquellos países.

8. Las políticas actuales, de rebajas de salarios, recortes de gasto público y debilitamiento de la protección social, nos sacarán de la crisis. Tales políticas, sin embargo, han sido impuestas (ninguna de ellas había constado en los programas electorales de los partidos gobernantes que las llevan a cabo) en todos los países PIIGS y han contribuido más y más a la recesión, pues acentúan la escasez de la demanda, sin cuya reavivación no habrá crecimiento económico y salida de la crisis. Estas políticas han estado siendo aplicadas durante ya más de cuatro años en cada uno de estos países, sin que hayan tenido ningún impacto positivo en la recuperación económica. La evidencia de esto es robusta.

9. La mejor manera de reavivar el crédito es ayudando a la banca. Tal postura ignora que el BCE ha prestado a unos intereses bajísimos (menos del 1%) medio billón de euros (sí, medio billón de euros) a la banca española e italiana desde diciembre del 2011, sin que esto haya tenido ningún impacto (repito, ningún impacto) en la disponibilidad de crédito. La banca ha utilizado este dinero, entre otras cosas, para comprar deuda pública de los países de la Eurozona, y muy en especial de los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España), que han generado unos intereses altísimos del 6%, 7%, 8% e incluso 12%. No hay, sin embargo, ninguna intervención pública para forzar que la banca de crédito.