Óscar Celador

Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia

La opinión pública acaba de conocer que la Iglesia católica ha inscrito a su nombre numerosos bienes inmuebles, como iglesias o catedrales, que hasta ahora no eran técnicamente de nadie, ya que en muchos casos su antigüedad era mayor a la del propio registro civil, y por lo tanto no estaban inscritos. La inscripción de la Iglesia católica como la propietaria de estos bienes puede ser moralmente discutible pero jurídicamente es lícita, pues nuestro ordenamiento jurídico permite a los titulares de las diócesis emitir certificaciones de dominio sobre estos bienes, o acceder a su propiedad mediante usucapión por haber poseído este patrimonio durante un determinado periodo de tiempo.

El hecho de que la Iglesia católica figure en el registro civil como la propietaria de un inmueble con valor histórico o cultural supone que puede vender, alquilar o hipotecar dicho bien; sin embargo, también significa que la Iglesia católica adquiere la obligación de financiar su conservación, al igual que le ocurre a cualquier otro titular de un bien con valor histórico o cultural, o en otro caso el Estado deberá expropiar dicho bien, tal y como ordena la Ley de Patrimonio Histórico. Hasta ahora, el Estado no había expropiado a la Iglesia católica sus iglesias o catedrales porque esta no era técnicamente su propietaria en muchos supuestos, pero ¿qué pasará en el futuro si esta no puede afrontar el coste económico de su conservación?

La solución más sencilla sería que el Estado fuera el propietario de este patrimonio y, en consecuencia, el responsable de su conservación dado su carácter artístico, histórico y cultural, tal y como han hecho otros países europeos. Por ejemplo, en Francia la Iglesia católica puede utilizar este patrimonio puntualmente para fines litúrgicos, y el Estado francés financia su conservación porque se trata de una parte del legado patrimonial, histórico y cultural del pueblo francés. Ahora bien, en España la realidad es bien diferente, ya que gracias a la inactividad del Gobierno la Iglesia católica está ejerciendo un derecho que le reporta un evidente beneficio patrimonial, mientras que todos los españoles asumimos las desventajas económicas que dicha situación jurídica representa.