Un 15% más de sanciones y 29 millones más de recaudación: el balance de la ley mordaza en 2024
En diez años de vigencia de la polémica norma aprobada por Rajoy se han interpuesto cerca de 2,5 millones de sanciones con un importe próximo a los 1.500 millones sin que aún haya sido reformada
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La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, no para de crecer en número de multas y dinero recaudado una década después de su aprobación con el Gobierno de Mariano Rajoy y sin que se haya modificado aún ni una coma. La última estadística del Ministerio de Interior refleja, según ha podido comprobar Público, que en 2024 se impusieron un 15% más de sanciones y se ingresaron a cuenta de ellas casi 29 millones de euros más que el año anterior.
La vulneración del articulado de la ley, que abarca diversos aspectos como las manifestaciones, el respeto a los miembros de las fuerzas de seguridad, el consumo de drogas en espacios públicos o el uso de armas y explosivos, acarreó la imposición de 327.761 sanciones en 2024, es decir, 43.249 más que el año anterior. Y hay que tener en cuenta que la estadística de Interior no incluye las sanciones tramitadas por los cuerpos de seguridad autonómicos de Catalunya, Euskadi y Navarra, comunidades con una población que rebasa en conjunto los 10,2 millones de habitantes.
De esta forma, las fuerzas de seguridad del Estado y las policías locales de todo el país pusieron en virtud de lo dispuesto en la ley mordaza una media de 898 multas diarias, promedio que superó en más de un centenar a las 780 registradas en 2023, año en el que, a su vez, la actividad sancionadora había aumentado un 25% a cuenta de la polémica norma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió derogar desde su llegada al poder en 2018.
Los datos del Ministerio Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska en los últimos siete años, reflejan los buenos dividendos que reporta la aplicación de la ley mordaza. En 2024, la cuantía total de las sanciones ascendió a 203,7 millones de euros, 28,9 millones más que el ejercicio anterior, lo que representa unos ingresos medios diarios de más de 500.000 euros. Las sanciones previstas en la ley van desde un mínimo de 100 euros por una infracción leve hasta un máximo de 600.000 por una muy grave.
Algunos de los aspectos más controvertidos de la ley son los referidos expresamente a la denominada seguridad ciudadana, entre ellos el incumplimiento de la normativa relacionada con los derechos de reunión y manifestación en la vía pública, incidentes y desórdenes y desobediencia o resistencia a miembros de los cuerpos de seguridad. Dentro de este apartado, el año pasado se impusieron 54.456 sanciones, tan solo 207 más que en 2023, pero en cambio su importe total fue un 10% más elevada: 2,3 millones más que el ejercicio anterior.
El artículo que acarrea más multas por asuntos relacionados estrictamente con la seguridad ciudadana es el 37.04, que sanciona como infracción leve (de 100 a 660 euros) las faltas de respeto y consideración hacia un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal. Por la vulneración de este precepto se impusieron 21.512 sanciones el año pasado, 748 menos, pero con una cuantía global que superó en más de medio millón de euros a lo recaudado en 2023.
El segundo artículo de la ley objeto de más expedientes sancionadores en este apartado es el 36.06, que califica como infracción grave (de 601 a 30.000 euros) la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como la negativa a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos en el proceso de identificación. A causa de su incumplimiento se pusieron 18.693 multas, 200 menos que el año anterior, pero con un valor total superior en 420.000 euros.
De acuerdo, por tanto, con los datos de Interior, las faltas de respeto y la desobediencia a las fuerzas del orden ocasionaron en total la imposición de 40.205 sanciones, con una cuantía que alcanzó los 17,6 millones de euros.
La incidencia es mucho menor en el caso de las sanciones por celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones incumpliendo la ley orgánica reguladora del derecho de reunión, que registraron 212 expedientes infractores con una cuantía total de 73.700 euros, o por causar desórdenes en espacios o establecimientos públicos, que no llegaron a las 6.500, aunque su importe global aumentó en cerca de un millón de euros hasta alcanzar los 4,3 millones.
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Las multas se duplican en Madrid
El balance de la aplicación de la ley mordaza por comunidades autónomas revela un dato especialmente llamativo en el caso de Madrid, que ha más que duplicado en un año el número de sanciones, al pasar de 24.638 a a 54.616, con un importe total que se ha disparado a los 33,9 millones de euros.
Andalucía, no obstante, es la comunidad que registra un mayor número de sanciones, 107.797, es decir casi el doble que la de Madrid, que es la segunda, y más del triple que Canarias, que es la tercera con 28.678 multas.
El consumo o tenencia de drogas en espacios públicos -no el tráfico, que es materia penal- continúan siendo, no obstante, los causantes de la mayoría de las sanciones administrativas previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que representan el 73,2% de los expedientes infractores registrados en 2024. Ese año las fuerzas de seguridad pusieron 239.890 multas por tales motivos, 41.070 más que en 2023, con un importe total de 155,7 millones de euros, 24,9 millones más que el ejercicio anterior.
Desde la entrada en vigor de la ley, el consumo de drogas en la calle ha representado siempre más del 60% de las sanciones y al cabo de una década de vigencia de la norma han superado el millón y medio de infracciones, con las que se han recaudado prácticamente mil millones de euros, exactamente 995,2.
El alto número de multas por consumo de drogas ha llegado a situar a España entre los países europeos donde más se sanciona a los usuarios de cannabis, tal como reflejaba un informe del Observatorio Europeo de las Drogas publicado en 2022. Según el estudio, España acumulaba ese año el 43% de todas las infracciones registradas en el continente por consumo o tenencia de cannabis, con casi 700.000 intervenciones más que el segundo, que era Alemania, cuya población está cerca de duplicar a la española.
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El 69% de las sanciones, con gobiernos progresistas
El balance de la primera década de vigencia de la ley mordaza revela otro dato llamativo sobre la aplicación de una norma que la izquierda siempre ha exigido derogar o al menos reformar: el 69% de las sanciones impuestas en estos diez años han sido tramitadas con gobiernos progresistas de coalición del PSOE con Podemos, primero, y con Sumar, después.
Entre 2015 y 2018, periodo en el que el PP gobernó con Mariano Rajoy de presidente hasta junio de ese último año, los cuerpos de seguridad interpusieron 765.416 multas por violaciones de la ley mordaza, una norma con la que los populares pretendieron, fundamentalmente, contrarrestar las continuas protestas contra los recortes de la crisis económica. Y en los seis años posteriores, entre 2019 y 2024, ya con el socialista Pedro Sánchez de presidente, se tramitaron 1.718.335.
En el total de los diez años, con gobiernos de diferente signo, se han incoado cerca de dos millones y medio de infracciones de la ley mordaza, concretamente 2.483.751, con un importe global que asciende a 1.493,1 millones de euros.
Hace un año, a finales de octubre de 2023, el Congreso aprobó la toma en consideración de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, con los únicos votos en contra de Vox y UPN. Entonces, Podemos ya avisó de que trataría de enmendar el texto porque entendían que el acuerdo, alcanzado entre EH Bildu y grupo socialista, para reformar la norma no aseguraba totalmente la prohibición del uso de pelotas de goma a las fuerzas de seguridad y las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera. Y doce meses después no ha habido, de momento, más avances sustanciales en la Cámara para aprobar definitivamente su modificación.
En la anterior legislatura, fue el rechazo de ERC y EH Bildu a la propuesta de reforma de la ley, que se había debatido en la Comisión de Interior, la que truncó finalmente su modificación. Y lo hicieron por similares motivos, porque no se prohibían las balas de goma y la devolución en caliente ni se establecían límites al libre albedrío en las sanciones administrativas impuestas por los agentes.
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