Una treintena de organizaciones de ámbito internacional en defensa de los derechos humanos han condenado el uso del software Pegasus para espiar a políticos, abogados y activistas a raíz del Catalangate, que han enmarcado en una "proliferación sin precedentes" del espionaje con fines políticos en todo el mundo.

"Estamos en una fase creciente de vigilancia masiva. Se dan las condiciones para que se pueda vigilar a la ciudadanía a un nivel sin precedentes", ha advertido Luca Gervasoni, presidente de Lafede.cat y director de Novact, dos de las entidades firmantes.

En un manifiesto presentado este martes en la sede de la Lafede.cat, en Barcelona, las entidades reclaman que softwares como Pegasus y Candiru, también utilizado para espiar, no se usen más en el Estado. Señalan la vulneración que implican, especialmente en el caso de abogados y periodistas afectados, con respecto a la libertad de expresión y al derecho de defensa. "Es un software que no es legal ni democrático y supone una amenaza para el Estado de derecho", ha señalado Gervasoni. En Estados Unidos el uso de Pegasus ya se ha prohibido.

Las organizaciones reclaman que se lleve a cabo una investigación "independiente, rápida y efectiva" para averiguar el uso que se ha hecho del programa en España, que incluye el espionaje a más de 65 políticos, así como periodistas y abogados, tanto de Catalunya como de Euskadi, así como también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Las entidades descartan que la Comisión de Secretos Oficiales pueda sustituir a una investigación ya que trata documentación clasificada que no trascenderá a la ciudadanía. Esta comisión es la que debe controlar tanto las actuaciones del CNI como a los magistrados del Tribunal Supremo que deben autorizarlas, pero durante la actual legislatura no se ha reunido todavía ninguna vez y lo hará por primera vez esta semana después del estallido del caso.

Las organizaciones, entre ellas Irídia, el Institut de Drets Humans de Catalunya, Alerta Solidària, el Observatorio galego para la defensa dos derechos civiles a la libertad, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, European Civic Forum, Kenian Human Rights Commission y la Organización Mundial contra la tortura, también exigen que se actualice la ley 11/2002, que regula el CNI. Anaïs Franquesa, codirectora de Irídia, la ha calificado de "ambigua, poco clara y precisa" porque permite el espionaje, pero no establece de manera concreta sus límites.

Las entidades harán llegar esta petición a los partidos del Congreso. "No puede ser que haya una ley que autorice las investigaciones especiales sin especificar a quién", ha dicho Franquesa, que lo ha calificado de "anomalía democrática". "Cualquier injerencia en los derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad y el secreto de comunicaciones, debe estar prevista por ley, ser previsible, clara y accesible", ha remarcado.

Pegasus es un software que accede a todo el contenido del móvil, lo que convierte el espionaje en especialmente grave y que la legislación no lo prevea provoca que no se cumplan los estándares internacionales en esta materia. "La inseguridad jurídica que se produce con el actual sistema y legislación es un problema básico", ha añadido Robert Sabata, presidente del grupo de Abogados Democráticos Europeos (AED).

Sabata ha remarcado que el problema "está en la legislación que les ampara" y que permite realizar investigaciones prospectivas. "España ha dejado de ser una democracia transparente que protege a los derechos de las personas", ha dicho el abogado, quien ha tildado de "nula" la confianza en la judicatura.

Más de 45 países afectados

Gervasoni ha recordado que este software, propiedad de NSO Group, nació de la actividad de los grupos de inteligencia israelíes contra los movimientos en defensa de Palestina. Se ha utilizado en más de 45 países, tanto con regímenes democráticos como autoritarios, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Hungría, Marruecos, Francia, Grecia e Italia. Gervasoni también ha alertado de que "la opacidad y la imposibilidad de saber qué se hace con los datos obtenidos genera vulnerabilidad a las víctimas y supone una mancha en los cimientos de la democracia".

Después de que The New Yorker revelara el espionaje a los políticos independentistas, así como a periodistas y abogados, Gervasoni ha apuntado que existe "una falta absoluta de amparo" de los poderes públicos para con la ciudadanía, ya que no hay mecanismos para saber si más dispositivos han sido infectados.

Los portavoces han mostrado preocupación por el efecto que pueden tener estas prácticas en los movimientos de defensa de los derechos humanos y la ciudadanía en general, ya que tienen "efecto intimidatorio" y pueden provocar "autocensura". Sabata ha añadido que seguramente, la información que hay hasta ahora sea tan sólo "la punta del iceberg". "En todos los países se está utilizando y debe ponerse freno a esta práctica antidemocrática, porque significa que hay un descontrol absoluto y que nadie está haciendo su trabajo", ha concluido.