Por unanimidad. Así ha aprobado el Consejo de Estado los dictámenes en los que apoya que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre.

Fuentes del Consejo de Estado han confirmado que la reunión de la Comisión Permanente y los consejeros permanentes ha finalizado poco antes de las 21:00 horas con la aprobación, por unanimidad, de los dos dictámenes favorables a la presentación del recurso.

En apenas dos horas, el Consejo de Estado da carta blanca a Rajoy para que apele al Constitucional y éste delibere sobre si suspende el referéndum en el que los catalanes están llamado a decidir sobre su futuro el próximo noviembre.

La reunión de la Comisión Permanente ha sido presidida por el exministro de Sanidad en la época de Aznar, José Manuel Romay Becaría, mientras que a la sección primera del Consejo, que dirige Landelino Lavilla, ministro de Justicia durante el primer Gobierno de Adolfo Suárez, le correspondía la redacción y el estudio del dictamen, algo en lo que ya estuvo trabajando ayer a petición del Gobierno.

El Gobierno solicitó el sábado al Consejo de Estado la elaboración de un dictamen sobre la constitucionalidad y su emisión en un plazo de 48 horas, con la intención de que el lunes por la mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reúna el Consejo de Ministros y ordene la inmediata interposición de los dos recursos ante el Tribunal Constitucional.

La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría fue la encargada ayer de firmar la solicitud de informe al Consejo de Estado, en ausencia del presidente, que se encontraba de regreso de su viaje oficial a China. La solicitud fue enviada formalmente por el ministro de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien también recibirá el dictamen y lo elevará al Consejo de Ministros.

El Consejo de Estado da luz verde a los recursos contra la consulta

La Comisión Permanente del Consejo de Estado se reúne esta tarde para aprobar sus dictámenes. La sección primera de esta institución, dirigida por Landelino Lavilla, se ha encargado de preparar los informes sobre la ley de consultas catalana  y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista que fue firmado ayer sábado por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas.

La intención del Ejecutivo es que sus recursos (que serán presentados formalmente por la Abogacía del Estado)  se registren el mismo lunes en el Tribunal Constitucional. Puesto que la semana que viene no está previsto un pleno del TC, el presidente de la institución, Francisco Pérez de los Cobos, deberá convocarlo con carácter extraordinario para decidir la admisión a trámite de los recursos. La vicepresidenta del Gobierno recordó este sábado que el Ejecutivo solicitará al Alto Tribunal que suspenda la aplicación tanto de la ley como del decreto y que esta será efectiva con la admisión a trámite de los recursos. La suspensión tendrá efectos desde la misma entrada en vigor de los dos actos recurridos 'y una vez suspendidos, no puede llevarse a cabo ninguna actuación tendente a ejecutarlos', advirtió.

Esa suspensión tiene una vigencia de cinco meses y transcurrido este tiempo, si el Tribunal no ha dictado sentencia, debe decidir si prorroga esta medida cautelar o la levanta. Admitida la demanda, el tribunal de garantías dará traslado de la misma al Congreso, al Senado y a la comunidad autónoma para que se persone y formule alegaciones en quince días. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional le permite adoptar 'cuantas medidas sean necesarias' para preservar su jurisdicción, 'incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben'.

Mientras tanto, el artículo 92 establece que este órgano puede 'declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó'. Fuentes del Gobierno han explicado  que existen distintas vías contra el incumplimiento, si se diera, tanto de la suspensión de la ley catalana como del decreto de convocatoria. Se podría mantener la vía de recurso ante Tribunal Constitucional, pero también acudir a la vía contencioso-administrativa.