El nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos, que cuenta, de momento, con los apoyos externos del partido de ultraderecha Vox, ha entrado piano piano en la Junta de Andalucía. El cambio se ha producido en la Comunidad después de 36 años consecutivos de administraciones dirigidas por el PSOE. Y, hasta ahora, se está fraguando a fuego lento. El ejemplo más claro es el de los presupuestos de la Junta, los mayores del país, después del Estado y que rondaron el año pasado los 35.000 millones de euros.

El Ejecutivo funciona con las cuentas prorrogadas, las que aprobaron PSOE y Ciudadanos la legislatura pasada, y así seguirá durante un tiempo. “Nadie puede pretender que en dos semanas tengamos las cuentas de la Comunidad”, dijo el vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos) hace dos días. Y, aunque calificó de “probable” su presentación antes de las próximas municipales, también dejó abierta la posibilidad de que lleguen después. Y este jueves el nuevo consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP) -que sustituyó al dimitido por problemas de salud, Alberto García Valera (PP)- remitió a la semana que viene para saber más cosas de las cuentas.

El caso del presupuesto ejemplifica el modo en el que Juanma Moreno, el presidente, y Juan Marín han entrado en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta. Ambos caminan a tientas, con la idea de que los equipos, cuyos jefes pertenecen a dos partidos diferentes, estén lo más coordinados que sea posible. Buena parte del éxito, en términos políticos, del Ejecutivo de coalición estará ahí, en lograr que las discrepancias en el Consejo de Gobierno no se conviertan en severos problemas de gestión. Y en ello trabajan, sin dar su brazo a torcer, Marín y Elías Bendodo, el consejero de la Presidencia, la mano derecha de Moreno.

En estas tres semanas que han transcurrido desde que los consejeros tomaron posesión el Ejecutivo ha emitido señales de cierto descontrol en la gestión del día a día y en los nombramientos, no así en las políticas. Eso no quiere decir que vaya a seguir pasando en el futuro. “Nuestro acuerdo es sólido con medidas para cuatro años y la vocación es agotar la legislatura, que nadie tenga ninguna duda”, manifestó Bendodo en una rueda de prensa hace unas semanas, en la que ya apuntó que el cambio iba a ser “tranquilo”: “No vamos a entrar como elefante en cacharrería”, remachó entonces el hoy consejero de la Presidencia. Y así está siendo.

La oposición considera que PP y Ciudadanos no quieren enseñar la patita antes de tiempo, antes de que se cierre el ciclo electoral, y que esa es la verdadera razón por la que Moreno, Bendodo y Marín actúan con calma, evitan dar detalles sobre el presupuesto y marcan distancias con Vox, como ha sucedido con la Ley de Memoria Histórica.

150 nombramientos

El dibujo que hace la oposición es el de un Gobierno con dos cabezas, que funciona en compartimentos estancos y que está “desaparecido” y es “indolente”. La Junta de Andalucía es, de hecho, un trasatlántico y es normal, analizan por el contrario, en el PP y en Ciudadanos, que pasen cosas en este arranque, como la dimisión en horas de la delegada de la vicepresidencia en Granada, Elisa Fernández-Vivancos, que había sido responsable del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía que se encargó del caso Nevada, cuya gestión le ha costado a la administración una condena multimillonaria.

“El Gobierno andaluz ha hecho 150 nombramientos en tiempo récord. Se ha escogido a profesionales”, defendió este jueves la secretaria general del PP, Loles López. PP y Ciudadanos no han entrado a cuchillo en la Junta de Andalucía. No han mantenido a todo el mundo, como es obvio, pero sí han recuperado a gente en puestos de confianza que estaban en la anterior administración que dirigía Susana Díaz. "Yo no le he preguntado a nadie qué carnet político tiene, sino que he mirado el currículo, el mérito y la capacidad”, sostuvo Marín en una entrevista en Canal Sur Radio.

De momento, más allá de algunos anuncios, algunos de calado, como la renuncia de momento a tocar los impuestos (“el horizonte será, siempre que se pueda, bajar los impuestos”, dijo el consejero de Hacienda, pero puso como límite “los servicios esenciales”) por razones de equilibrio presupuestario, lo que están haciendo Moreno, Marín y Bendodo es abrir los cajones, a ver que se encuentran.

El consejero Bravo estimó este jueves que en 45 días hábiles estarán los primeros resultados de la auditoría encargada sobre el administración instrumental. Ante las críticas del PSOE, el vicepresidente Marín manifestó que aunque algunos piensen que “esto es la Santa Inquisición”, lo que quieren realmente es conocer la situación en que se encuentran los entes públicos auditados y, si es necesario, tomar medidas para que sean más eficaces o, incluso, plantear su supresión.