La Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar la investigación sobre las ayudas concedidas por el Gobierno a la empresa Industrias Plásticas Playbol, propiedad de los padres del presidente Pedro Sánchez, al no apreciar "indicios razonablemente verosímiles de la comisión de delito en los hechos" denunciados por el PP madrileño. 

En un decreto, al que ha tenido acceso este diario, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, destaca "la patente desconexión entre el procedimiento realmente seguido en las operaciones analizadas y la hipótesis delictiva planteada por el denunciante, que se ha comprobado huérfana de una mínima base indiciaria". 

La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias, el pasado mes de abril, por siete contratos de los 13 que denunció el PP y que gestionó el Gobierno de Pedro Sánchez, por valor de 326 millones, al considerar que los hechos denunciados revestían "especial trascendencia". Entre ellos, figuraba uno relacionado con una empresa de los padres del presidente y otro con el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño. 

En lo referente a los progenitores de Sánchez, el fiscal decidió investigar los hechos "en la medida en que la denuncia siembra la duda sobre las ayudas percibidas por Industrias Plásticas Playbol", al sugerirse que "podría haberse visto beneficiada por esa relación con la empresa arrendadora de los locales donde se desarrolla su actividad, propiedad de los padres" de Pedro Sánchez.

Ahora, Luzón archiva únicamente la relativa a los padres de Sánchez. El fiscal asegura que el denunciante "nada aporta acerca de la intervención que pudiera haber tenido el presidente del Gobierno o cualquier otro cargo público en la obtención de las ayudas". Y añade: "Esto es, sobre su participación en unos hechos cuya trascendencia penal tampoco se concreta". 

En concreto, el PP de la Asamblea de Madrid denunció 15 ayudas recibidas por la citada sociedad vinculada a los padres del presidente: tres en las que intervino la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) y 12 del Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

Anticorrupción llega a la conclusión de que las "operaciones aparecen revestidas de legalidad". "Aventurar un trato de favor o el despliegue de algún tipo de influencias para su realización situaría el relato en el ámbito de la pura especulación, extramuros del derecho penal", sostiene el decreto. Y asegura que la empresa en cuestión era merecedora de las ayudas.