Casi un año de trabas y dilaciones han impedido que Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior durante la transición, haya declarado ante la Justicia argentina por los crímenes de lesa humanidad que se le achacan durante el franquismo. Pero este 3 de septiembre, si no surge otro imponderable, el acusado deberá rendir cuentas ante la única jueza del mundo que investiga los crímenes de la dictadura franquista, la argentina María Servini.

La indagatoria, que en un comienzo fue pautada para el 9 de septiembre de 2019, no será realizada en Buenos Aires, como pretendía la magistrada, sino en el Consulado de Argentina en Madrid. La cita fue programada a las 11.00 hora local (16.00 hora española) y será por videoconferencia a través de la plataforma digital Zoom, lo que resuelve una de las últimas dificultades que ha encontrado Servini para concretar la citación, dadas las restricciones causadas por la pandemia.

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmaron a Público que la directora de asistencia jurídica de este organismo, Flavia Amoroso, puso en conocimiento de la indagatoria a la cónsul general argentina en España, Moira Wilkinson, a fin de que actúe como fidataria durante el acto procesal, según pidió la magistrada en un oficio el pasado 27 de julio.

Palabra de querellantes

Inés García Holgado y Adriana Fernández son las querellantes que dieron origen a la causa el 14 de abril de 2010 junto a Darío Rivas, que falleció a los 99 años en abril del año pasado. Ambas tienen confianza en que por fin se concretará el interrogatorio, pero también reconocen cierta desazón por las trabas que han empantanado el avance de la causa desde su inicio.

"El hecho de que, en varias ocasiones, el Gobierno español haya protegido a este asesino me provoca un sentimiento de ansiedad ante la espera, ya que deben transcurrir unos días más para que se tome la declaración indagatoria a Martín Villa", reconoce Inés en diálogo con Público.

Para esta querellante, España es un Estado que protege a los genocidas franquistas, pues "siempre tiene un as en la manga a último momento para no cumplir con la justicia", afirma la mujer. "Pero en este momento, no me imagino ninguna opción para que Martín Villa pueda burlar la justicia. Además tengo esperanzas en ella, en la querella argentina, en sus abogados y en la jueza".

Su compañera Adriana Fernández aprecia la repercusión que puede tener la indagatoria a Martín Villa "no sólo por las consecuencias que tenga sobre su persona, sino por el efecto dominó que puede llegar a tener respecto de los otros imputados". Por eso, dice, "espero que esta vez pueda finalmente concretarse para dar fuerza a esta causa tan vapuleada por las autoridades españolas, que se han negado sistemáticamente a que avance".

Esta querellante sabe que una vez sea interrogado Martín Villa, la jueza podrá sobreseerlo, procesarlo o pedir más medidas, como sumar las declaraciones de otros imputados. En cualquier caso, su declaración es la novedad más relevante que tiene la causa en los últimos años. El exministro es uno de los 15 acusados de los 20 originales que imputó Servini por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo en octubre de 2014, cuando dictó órdenes internacionales de detención contra todos ellos.

"Hace algunos años Servini solicitó su extradición al Gobierno español, así como que fuera la justicia de ese país la que lo interrogara por los crímenes que se le adjudican en el expediente a su cargo", recuerda Adriana. "No tuvo éxito: las respuestas planteaban que los hechos eran alcanzados por la Ley de Amnistía, que rige en el territorio español desde 1977. Ya es tiempo de que terminen tantas décadas de total impunidad. Exigimos justicia y juicio y castigo a los culpables".

Imputado clave

Julieta Bandirali, integrante del equipo jurídico que se incorporó en 2018 a la causa, destaca que Martín Villa, de 85 años, es "uno de los jerarcas del régimen de Franco que continuó con máximas responsabilidades en el Estado después de la muerte del dictador, y es el responsable durante la transición de la cruenta represión a la clase trabajadora y al pueblo".

"Estamos al borde de iniciar una nueva etapa una vez se cumpla con un acto procesal fundamental como es la declaración indagatoria a uno de los principales imputados vivos en la querella contra los crímenes del franquismo", valora la abogada.

Martín Villa, que entre 1975 y 1979 fue ministro de Relaciones Sindicales y del Interior, está imputado por doce homicidios agravados "en un contexto de crímenes de lesa humanidad", lo que puede acarrear pena perpetua.

Entre otros delitos, se le adjudica la matanza de cinco trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976 y el asesinato del joven Germán Rodríguez durante los Sanfermines de 1978, cuando las Fuerzas de Seguridad dispararon sobre una multitud e hirieron a más de 300 personas. Este último caso, representado por Barindali y su equipo, fue incorporado en 2019 al expediente.

Turno de España

Hay otro acontecimiento que puede cambiar el curso de este caso, y es que "la fiscal general Dolores Delgado dejó sin efecto la orden de su antecesora que instruía a todos los fiscales para rechazar toda rogatoria, exhorto y o pedido de medidas de prueba que tuviera que ver con la querella argentina", destaca la abogada.

Esa directriz, que emanó de la fiscal Consuelo Madrigal, estuvo vigente durante los últimos cuatro años. Víctimas del franquismo, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), y distintos referentes sociales habían pedido que su orden quedara sin efecto. "A partir de ahora quedará librado a cada juez o jueza a las que le lleguen los pedidos del Juzgado de Buenos Aires resolver si van a colaborar o no", concluye Barindali. "Esperamos ver que la judicatura española también refleje con su actitud que la grieta de la impunidad se va haciendo cada vez más grande y podamos dar pasos positivos para el avance de la causa".