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La Audiencia Nacional abre juicio oral a Rato, Blesa y otros 64 usuarios de las tarjetas 'black'

El juez sienta en el banquillo a la cúpula de Caja Madrid por los plásticos opacos al fisco por administración desleal y apropiación indebida. El ministerio público pide para Rato cuatro años y medio de cárcel, así como otros seis años para Blesa.

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Blesa y Rato, el 28 de enero de 2010, tras el acto de relevo en la presidencia de la entidad, entonces Caja Madrid. EFE

MADRID.- La Audiencia Nacional ha dictado el auto de apertura de juicio oral para 66 directivos de Caja Madrid y de Bankia, como usuarios de las famosas tarjetas 'black' opacas al fisco, entre los que se encuentran los expresidentes Rodrigo Rato y Miguel Blesa.

Este auto es el que cierra formalmente la fase de instrucción del caso por el juez central de instrucción 4, Fernando Andreu, quien en la resolución recoge las peticiones que realizan las acusaciones para cada uno de los procesados.

Andreu sienta en el banquillo a los 66 usuarios de las tarjetas black cuyos supuestos delitos aún no han prescrito. En los casos de Rato y Blesa, así como del exdirector general de medios Ildefonso Sánchez Barcoj, el juez entiende que existen indicios suficientes de administración desleal con el propósito de apropiarse de forma continua e indebida del patrimonio de Caja Madrid y de Bankia.

El juez señala Sección Cuarta de la Sala de lo Penal la competente para enjuiciar esta causa. Esta sección está presidida por la magistrada Ángela Murillo y por los magistrados Juan Francisco Martel, Carmen-Paloma González Pastor y Teresa Palacios Criado. 

La ponente del caso será Ángela Murillo, ya que esta magistrada se ocupa de los asuntos cuyas diligencias terminan en los números 1 y 5 [la pieza separada de las tarjetas black tiene el 59/2012 como número de diligencias, y los sumarios terminados en 0 y 9 se reparten en esta sección conforme al número que les precede, en este caso el 5]. 

Los 66 usuarios de las tarjetas black que se sientan en el banquillo formaban parte del Consejo de Caja Madrid, de la Comisión de Control y ejecutivos de Caja Madrid y Bankia". Recibieron unas tarjetas de crédito, emitidas para gastos personales sin contrato y sin control por parte de los órganos de gobierno de las entidades financieras.

Los 66 exdirectivos están acusados por el ministerio púbico de un supuesto delito continuado de apropiación indebida, con penas diversas de entre uno y cuatro años de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas.

El ministerio público reclama las penas más altas para los presidentes que autorizaron el uso de estas tarjetas opacas al fisco entre enero de 2003 y mayo de 2012, que es el periodo en el que los delitos no han prescrito.

En concreto, para Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, el Fiscal pide un total de 6 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. Blesa gastó 436.688 euros con su tarjeta opaca.

En el caso de Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, el ministerio público pide 4 años y seis meses de cárcel. Rato gastó 99.054 euros con su tarjeta.

En cambio, para el responsable de las tarjetas, Ildefonso Sánchez Barcoj, la Fiscalía rebaja su solicitud a dos años de cárcel porque le aplica un atenuante ya que ha devuelto el medio millón de euros que gastó con la tarjeta.

La Fiscalía reclama unas penas más bajas que la acusación popular para todos los implicados en este uso de dinero del banco y que supusieron un gasto de 12,39 millones de euros en dicho periodo.

La acusación popular pide penas más duras

El ministerio público no aprecia que exista el delito de administración desleal, a diferencia de la acción popular que ejercen UPyD y el sindicato CIC y que solicita 10 años de cárcel para Rato, Blesa y Barcoj.

UPyD, cuya dirección letrada la llevaba Andrés Herzog, tiene previsto retirarse en la próxima fase de enjuiciamiento, aunque ha presentado el escrito de acusación para evitar que once de los directivos eviten el juicio ya que no eran acusados por el minsiterio público.

Anticorrupción reclama, por su parte, tres años de cárcel para el exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella y dos años para el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno.

Además, aplica la atenuante de reparación del daño a once ejecutivos de Caja Madrid que han devuelto el dinero, entre ellos Fernández Norniella y el propio Barcoj que diseñó el sistema para convertir estas remuneraciones en opacas a la Hacienda pública.

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