La Audiencia Nacional ha ratificado la decisión del juez que ha investigado el caso Púnica de enviar al banquillo de los acusados al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez por un presunto delito de falsedad electoral en los comicios autonómicos de 2011, en el marco de la pieza sobre la presunta financiación irregular de la formación regional. 

En un auto del pasado miércoles, la Sala de lo Penal rechaza el recurso de apelación formulado por Gutiérrez contra el auto dictado el 14 de octubre por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6. En concreto, los magistrados de la Audiencia Nacional han rechazado que los hechos estén prescritos para Gutiérrez, que empleó este argumento para solicitar el archivo de esta pieza del caso Púnica, de la que el juez sacó a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, que estuvieron investigados en esta causa.

Gutiérrez no cuestionó el contenido del auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) del magistrado Manuel García Castellón ni tampoco la suficiencia de los indicios recabados contra él, sino la prescripción de los hechos.

El instructor del cao propuso juzgar a Gutiérrez y al presunto cabecilla de la Púnica, el ex consejero madrileño Francisco Granados, como principales responsables de la supuesta financiación irregular de esa campaña electoral, además de a otras seis personas, al tiempo que archivó para otras 71, entre ellas  Esperanza Aguirre e Ignacio González.

El tribunal explica que el delito de falsedad electoral que se imputa a Beltrán Gutiérrez prescribiría a partir del 24 de septiembre de 2016 y precisa que el exgerente del PP de Madrid fue formalmente citado a declarar con anterioridad a esa fecha y que en su declaración se le informó de los hechos relativos a la financiación de la campaña electoral de 2011 por la que se le ha investigado.

Por tanto, indica la Sala, no habría prescrito su posible responsabilidad criminal. 

Gutiérrez esgrimió que su primera imputación relacionada con la financiación del PP de Madrid tuvo lugar con posterioridad, en marzo de 2017, ya que antes, en 2016, se le había citado, pero como investigado por un delito de blanqueo de capitales y no por falsedad documental.

Según el relato judicial, aunque la cuenta electoral de 2011 registró unos costes de 2,9 millones de euros --los declarados ante la Cámara de Cuentas--, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones.