Pymes y autónomos comienzan a sufrir en sus negocios las consecuencias de los nuevos modos de gestión que aplica en el Ayuntamiento de Zaragoza el bipartito PP-C’s de Jorge Azcón supervisado por Vox: el nuevo equipo de gobierno municipal prácticamente ha duplicado en seis meses el periodo de pago a proveedores, que ha pasado de 22 a 42 días, y ha generado un descomunal atasco de facturas sin pagar por valor de más de 32 millones de euros que convive con la congelación de un inusual remanente de más de 76 millones en las cuentas bancarias del consistorio.

Según explicaron fuentes municipales, la llamada cuenta 413 del sistema de gestión económica del consistorio zaragozano, la que contabiliza las facturas en el cajón, registraba a mediodía de este martes un saldo deudor de 32.071.279,71 euros, mientras que el remanente de Tesorería, que señala el dinero líquido disponible en la caja municipal, marcaba un saldo positivo de 76.263.829,09.
Es decir, que el ayuntamiento tiene dinero para cubrir más de dos veces los pagos pendientes a los proveedores. Pero no salda esas cuentas.

La mayoría de los acreedores son autónomos y pequeñas y medianas empresas que realizan servicios y efectúan suministros urgentes, por lo general de escasa cuantia, para distintos entes municipales, aunque también se encuentra entre ellos alguna de las multinacionales que gestionan el centenar largo de servicios privatizados de la ciudad.

Los plazos de pago a proveedores se duplican

Los 76,26 millones de euros suponen el mismo remanente que había registrado el 31 de octubre, lo que da pistas acerca de cuáles son las líneas maestras de la gestión económica del equipo de Azcón (PP) y Sara Fernández (C’s) que ejecuta la concejala conservadora María Navarro: austeridad, aunque el consistorio lleve lo que va de legislatura con unos volúmenes de liquidez y solvencia desconocidos para la ciudad y sin que eso resulte incompatible con disparar el gasto en asesores  (600.000 euros al año más que Zaragoza en Común) ni, tampoco, con unas modificaciones presupuestarias que destinan a pagar intereses a los bancos el dinero inicialmente asignado a guarderías o utilizan el consignado para bibliotecas y escuelas en comprar adornos y luces navideñas.

Esas políticas, cuyo marketing lleva seis meses trufado de propaganda sobre la supuesta situación de "ruina" en la que habría quedado el consistorio tras "dieciséis años de gobiernos de izquierdas", han tenido como uno de sus efectos principales el disparar los plazos de pago a los proveedores, según señala un informe de la Intervención Municipal al que ha tenido acceso Público.

El informe, cuyos datos coinciden con los del Ministerio de Hacienda, señala cómo en el tercer trimestre de este año, el primero de gobierno exclusivo del PP-C’s de Azcón y Fernández con Vox como supervisor, ese periodo fue creciendo de los 27,98 días en julio a los 46,5 de agosto para frenar la escalada y situarse en 39,7 en septiembre, por encima en todos los casos de los apenas veinte días con los que concluyó la pasada legislatura.

La propia web oficial del consistorio de fe de cómo el plazo de pago se está disparando: 42,78 días en octubre, lo que prácticamente duplica los 22,38 de junio, el mes de la transición, y los anteriores 21,99 de mayo, 21,4 de abril o 20,2 de marzo.

"ZeC no convalidó nada en mayo y junio"

Los datos de octubre llevaron a la concejala de Economía, María Navarro, a emitir una circular en la que, tras haber sido "detectadas determinadas dilaciones en el procedimiento de convalidación de gastos" que provocan retrasos de “varias semanas” en el reconocimiento de las obligaciones de pago (ADO, en la jerga contable), daba a los funcionarios una serie de instrucciones para agilizar las tramitaciones.

A la espera de ver qué efectos tienen esas órdenes, PP-C’s culpan a ZeC de la situación. "No firmaron ni una sola convalidación de pagos en mayo y junio, y eso provocó un atasco de facturas pendientes de pago por 25 millones de euros que lastra la gestión", explicaron fuentes del equipo de gobierno, que añadieron que en esa cifra se incluyen obligaciones por once millones de euros (3,95 de ellos de la contrata de Parques y Jardines que explota FCC) cuya tramitación ni siquiera se había iniciado tras el cambio de color.

"Evidentemente ha subido el periodo de pago a proveedores", admitieron, al tiempo que señalaban que el actual de 42 días es "similar, e incluso inferior, a los que se dieron en los primeros meses de gobierno de ZeC, con 53 y 48 en enero y febrero de 2016".

Plazos, moras y atribuciones

El informe de la Intervención, que eleva a 67 días el plazo de pago de las operaciones pendientes de liquidar a 30 de septiembre y deja en 29 el de las saldadas (de esos datos salen los 42 oficiales), aporta algunos datos llamativos.

De las operaciones pagadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, 3.940 por 67,61 millones tenían menos de 60 días de atraso y 805 por 7,8 superaban ese plazo que en la jerga de los interventores se denomina "legal" por no superar el que da al acreedor derecho a cobrar intereses de mora, uno de los principales problemas que lastran la viabilidad de los negocios de autónomos, microempresas y pymes. De las no pagadas, 1.802 por 21,71 estaban dentro de ese plazo y 1.910 por 21,96, fuera de él.

Eso significa que tres cuartas partes de las obligaciones (5.742 facturas que suman 89,32 millones) habían sido generadas por la gestión del equipo de gobierno, mientras la atribuible a Zaragoza en Común se reduce a la parte del resto (2.715 por 29,76) que, a 30 de septiembre, llevara más de 108 días sin haber sido liquidada.