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Las bonificaciones impulsan la implantación de instalaciones eléctricas de autoconsumo

La supresión del ‘impuesto al sol’, la rápida amortización de la inversión y la reducción de la burocracia provocan que Catalunya cuente con más de 6.300 puntos de captación, según el Institut Català de l’Energia, y que surjan iniciativas como las compras vecinales colectivas.

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Las bonificaciones impulsan la implantación de instalaciones eléctricas de autoconsumo.

David Rodríguez

La derogación del impuesto al sol en 2018, el gravamen que penalizaba el autoconsumo eléctrico impulsado por el Gobierno del PP, ha abierto la caja de pandora para la expansión de la energía fotovoltaica a nivel ciudadano. Hasta entonces, la evolución de las instalaciones de autoconsumo se había frenado en seco. Tres años después, las placas están empezando a conquistar de forma progresiva las cubiertas de las casas unifamiliares y las naves industriales. Las bonificaciones fiscales, los bajos precios de las instalaciones y la simplificación de los trámites administrativos han servido como incentivos para el desarrollo de estos proyectos.

Los datos extraídos del estudio El Autoconsumo fotovoltaico en Catalunya, elaborado por Paula Rodríguez y David Villar, técnicos del Institut Català de l’Energia (Icaen), muestran que las instalaciones son más viables en las casas unifamiliares, en las que la inversión y la gestión de la energía se retornan en forma de excedente a la red eléctrica. El informe del Icaen corrobora que "en los municipios con un peso más importante de estas construcciones y con mayor nivel de renta por cada 1.000 habitantes es donde más presencia tienen las instalaciones de autoconsumo".

La bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ha sido una de las medidas del Departament d’Empresa de la Generalitat que más ha contribuido al boom de estas instalaciones. El Icaen recuerda que ya la aplican 65 municipios catalanes. Empresa asegura que la iniciativa ha precipitado la posibilidad de que los ayuntamientos redacten un modelo de ordenanza que ha suplido la falta de recursos para desarrollar la normativa. Desde el punto de vista del ciudadano, esta opción ha facilitado la rebaja del periodo de amortización de la inversión, que ha pasado de los siete a los tres o cuatro años de media.

Esta travesía hacia un nuevo modelo energético ha ido acompañada de un empujón legislativo a nivel autonómico y estatal. Así lo expresa el coordinador de la comisión de autoconsumo del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC), Pere Soria. La entidad, que agrupa a más de 200 empresas y entidades comprometidas con la sostenibilidad, también se dedica al diseño, la producción del equipo, el montaje y el mantenimiento de instalaciones que faciliten el uso de las renovables. Soria alude al Real Decreto 244/2019, en el que el Gobierno reguló las condiciones del autoconsumo y el impulso de la energía eléctrica: "La normativa ha permitido que la transición energética sea una realidad, pese a que aún encontramos obstáculos a nivel local relacionados con los requerimientos de los modelos de ordenanza municipales".

Respecto al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que dibuja un horizonte de adaptación hasta el año 2030, Soria habla de "objetivos ambiciosos". Indirectamente, la pandemia ha favorecido el desarrollo de las instalaciones de autoconsumo eléctricas. "Ha decrecido la demanda energética y ha crecido la penetración de las renovables", recuerda. El año pasado se cerró con un porcentaje récord de producción de energía verde, ya que estas supusieron el 45,6% del total. "Han pasado la prueba de fuego durante los momentos más duros del confinamiento por la covid-19", agrega.

El miembro del CEEC aboga por prolongar las bonificaciones fiscales para que la transición sea más efectiva. "Es necesario introducir la armonización bajo el principio de «quien contamina, paga», y plantear que cualquier medida de incentivo vaya encaminada a reducir los impuestos que paga el ciudadano".

Pere Soria aplaude la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) de solicitar 200 millones de euros de los Fondos de Reconstrucción Europeos Next Generation para impulsar el autocosumo eléctrico y 250 más para facilitar la eficiencia energética en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Ahora, solo falta el visto bueno de la Comisión Europea.

La compra vecinal colectiva

"Con esta medida, te están pagando casi la instalación"

De la iniciativa ciudadana ha surgido un proyecto, promovido por la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Raimat, dependiente de Lleida, que ha permitido instalar 70 placas fotovoltaicas en los tejados, que permitirán un ahorro del 50% en el recibo de la luz, amortizando la inversión en un plazo máximo cuatro años. El reto ha sido posible gracias a la fórmula de la compra vecinal colectiva. El responsable de marketing y comunicación de Becquel –la empresa encargada del proyecto–, Carles Rabada, explica: "Hemos intentado adaptarnos a las necesidades de cada vecino, que han acabado viendo que es una realidad que funciona". La primera ronda de instalaciones finalizó después del verano del año pasado y ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Lleida, que, además de las tareas de asesoramiento, aplicará una rebaja del 10% en el IBI durante cinco años. "Con esta medida, te están pagando casi la instalación", matiza Rabada.

En septiembre de 2020, Catalunya contaba con 6.377 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, lo que supone una potencia total de 68,57 MW. Esta supone el equivalente al suministro de 22.440 viviendas durante una hora. El Icaen apunta a un peso cada vez más importante del autoconsumo doméstico. Ahora, el reto pendiente de algunos ayuntamientos es adaptar el decreto de la Generalitat que autoriza la exención de la licencia de obras para iniciar una instalación, siendo necesaria solo la comunicación del proyecto.

La factura de la luz, más cara por el déficit en renovables

La secuencia se repite cada vez que se produce un temporal. En esta ocasión, a partir de la irrupción del Filomena, el incremento del precio de la luz en plena ola de frío reabre la herida del debate tarifario y la formación de los precios de la electricidad. Básicamente, el recibo sube por el incremento de la demanda, pero también por un sistema de asignación denominado marginalista, en el que se penaliza a las energías más baratas de producir, como las renovables, en el momento de la subasta diaria que establece el valor medio del kilovatio por hora. Durante el temporal fue imposible generar energías alternativas, como la eólica o la solar, por lo que los precios aún subieron más, ya que la eléctrica quedó como única opción.

De hecho, el reto del sistema actual de conformación de precios es introducir las renovables en el mercado para dotarlo de estabilidad. En el caso del Filomena, la producción de energía fotovoltaica cayó un 40% en solo una semana, lo que encareció las tarifas por el monopolio suministrador.
Ante este panorama, el colectivo de Enginyers Industrials de Catalunya (EIC) coincide en que "la demanda es uno de los factores de la subida del precio de la luz". Sin embargo, el presidente de la Comisión de la Energía de la entidad, Josep Maria Montagut, precisa: "Estamos pagando el poco despliegue de las renovables, que tienen una producción más económica". A esta combinación de motivos, se añaden la mayor demanda, la puesta en marcha de las centrales de ciclo combinado –por la parada de las renovables– y el aumento del precio del gas. Por eso Montagut cree que una de las soluciones que debería aplicar el Gobierno, y que parece que se está planteando, es "sumir la parte de la factura de la luz que cubre la financiación de las energías renovables".

La demanda de electricidad alcanzó su máximo histórico en el Estado hace dos semanas. De todos modos, Montagut considera que fue una situación puntual, ya que en el mercado portugués, que sirve como indicador para la evolución de la península Ibérica, la demanda también se ha reducido. Para amortiguar el aumento temporal de los precios de la luz, las asociaciones de consumidores recomiendan revisar a la baja la potencia contratada, lo que permite un ahorro de hasta 50 euros anuales reduciendo solo un kilovatio por hora.

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